El oficialismo de la Cámara de Diputados impulsará, de la mano del Ministerio de Justicia y con el apoyo de la oposición, una reforma a la ley de concursos y quiebras para evitar que la pandemia condene al cierre definitivo a miles de empresas. La intención es actuar con celeridad ante el riesgo de que los juzgados del fuero comercial, que mañana abrirán sus puertas, colapsen frente a una catarata de presentaciones por juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que, por la crisis, no pueden afrontar sus deudas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se comprometió con los referentes de la oposición, preocupados ante esta emergencia, a priorizar este tema en la agenda legislativa y a acordar un proyecto común. Ya recibió la venia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien le remitió a Massa una propuesta de modificación de la ley de quiebras que, en líneas generales, apunta a que las personas humanas y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME),cuenten con mayor oxígeno para negociar sus deudas con los acreedores y puedan así mantenerse en actividad. 

La intención de Massa es conciliar la propuesta del Poder Ejecutivo con los proyectos de ley que, con el mismo objetivo, presentaron los diputados Cristian Ritondo (Pro), Graciela Camaño (Consenso Federal) y Carlos Selva (Frente de Todos). Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que colaborarán con el debate con aportes propios. "La idea es que la ley surja del Congreso para que se le dé visibilidad y riqueza al debate", indicaron a LA NACION fuentes allegadas a Losardo.

La propuesta del Poder Ejecutivo, que replica en algunos aspectos las iniciativas ya presentadas por Juntos por el Cambio y Consenso Federal, tiene dos pilares: por un lado, recomienda suspender por 90 días hábiles los pedidos y las declaraciones de quiebra, las ejecuciones de garantías y la liquidación de los bienes, al tiempo que propone prorrogar por 180 días el vencimiento del período de exclusividad que cuenta el deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores. 

El otro eje de la propuesta del Poder Ejecutivo apunta a promover la utilización del Acuerdo Preventivo de Acreedores (APE) para que las MiPyME en situación de cesación de pagos, dificultades financieras o sobreendeudamiento puedan recurrir a un procedimiento extrajudicial que actúe como un régimen de protección frente a las medidas judiciales que les impidan llevar adelante su actividad, permitiéndoles negociar sus pasivos en un marco de tranquilidad con sus acreedores. El objetivo es que, con esta herramienta, los deudores puedan llegar a un acuerdo preventivo extrajudicial, más sencillo y menos oneroso que un proceso concursal judicial.

El proyecto de Ritondo propone una figura similar: el Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada (PRES), una herramienta de reestructuración de deuda que llevaría unos 180 días en lugar de los 9 a 12 meses que demanda un concurso preventivo o los años que insume un proceso de quiebra. "Esta figura recoge la experiencia de la crisis de 2002, cuando se aplicó esta herramienta de manera exitosa", enfatizó el exdiputado Eduardo Amadeo, quien colaboró en el diseño de la iniciativa.

Reclamo unánime

Las cámaras empresarias, los jueces comerciales y abogados especialistas en la materia imploran que el Congreso actúe cuanto antes. "La legislación es urgente para evitar que los tribunales se conviertan en una suerte de 'puerta 12'", dramatizan, trazando un paralelo con la tragedia que enlutó al fútbol argentino en 1968 cuando decenas de hinchas de Boca murieron aplastadas al no poder salir por aquella puerta de la cancha de River. Tanto abogados como empresarios temen que se produzca un fenómeno similar cuando este lunes se levante la feria judicial y los tribunales se vean colapsados ante una avalancha de cheques rechazados y de pedidos de convocatoria y de quiebra.

"La situación es dramática: según nuestra encuesta, el 10% de las pymes está en una situación muy crítica. Esto involucra a 60.000 empresas de todos los rubros y afecta a un universo de entre 300.000 a 600.000 trabajadores", advirtió a LA NACION Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Esta crisis es peor que la de 2001/2002", insistió. Los datos de la AFIP parecen darle la razón: en abril y mayo pasados (los primeros dos meses de cuarentena) 18.546 empresas dejaron de aportar a la Seguridad Social y se desprendieron de 284.821 empleados.

En los tribunales comerciales prima la cautela y los jueces están a la expectativa de lo que finalmente legisle el Congreso. Por de pronto aclaran que los plazos procesales están suspendidos hasta el 4 del mes próximo y que todavía rige la suspensión de las ejecuciones dispuesta por la AFIP, con lo que las empresas, aun las más endeudadas, pueden continuar operando sus cuentas bancarias para afrontar sus compromisos.

Los abogados especialistas en derecho comercial esperan los detalles de la reforma a la ley de quiebras antes de actuar. "Las empresas están en una situación delicada y la decisión de presentarse en concurso de acreedores es difícil. Antes de dar ese paso es preferible esperar porque todo el proceso demanda costos importantes", indicó el abogado Carlos Bianchi a LA NACION. Por su parte Javier Fernández Moores, exjuez comercial ahora dedicado a la actividad privada, confía en que una reforma de la ley de quiebras permita suspender las ejecuciones hipotecarias y los remates, así como también prorrogar el período de exclusividad de los deudores para acercar propuestas de pago a sus acreedores.

Estos reclamos están contemplados no solo en la propuesta del Poder Ejecutivo sino también en las iniciativas presentadas por la oposición.

El proyecto de Selva propone, por caso, declarar la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras y suspender, hasta el 31 de diciembre de este año, las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias, como también el cómputo de plazos procesales en lo referido al período de exclusividad.

La iniciativa de Camaño, en tanto, apunta especialmente a las MiPyME y propone que la suspensión de los pedidos de quiebra y de ejecución patrimonial se extienda hasta el 31 de marzo próximo. El proyecto también establece ampliar por 180 días el período de exclusividad de los procesos concursales. Ritondo, por su parte, va más allá: en sendos proyectos propone no solo instrumentar el Procedimiento de Reestructuración Empresaria Simplificada (PRES) sino permitir que la empresa, aún en la situación de concurso, pueda contraer préstamos destinados a capital de trabajo. La misma propuesta está contemplada en la iniciativa del Poder Ejecutivo.