No hay ningún plan de vender activos del Estado”, es la afirmación rotunda en el Gobierno provincial.

Desmintieron así los rumores sobre una eventual “privatización” de la Empresa Provincial de Transportes (EPTM), que concentra el servicio de trolebuses, colectivos y Metrotranvía, pero también descartaron desprenderse de alguna de las otras 16 empresas de las que es dueño total o parcialmente el Estado mendocino. 

El plan oficial es replantear su manejo, para hacerlo más eficiente, y mejorar así los servicios que prestan.

El ofrecimiento de traslados de personal de la EPTM a otras áreas del Estado (Hospital Carrillo) y la contratación de diez colectivos privados (al Grupo 2) para mejorar las frecuencias provocó la semana pasada la inquietud sindical.

La EPTM tiene más de 400 empleados, es el lugar de trabajo de dos de los máximos dirigentes de ATE (Julio Chávez) y UPCN (Alejandra Nieva) y allí actúan tres gremios (con UTA).

“No hay nada decidido aún, pero sin duda no puede quedar como está una empresa con exceso de personal, que no respeta las frecuencias por los continuos cortes y que requiere urgente de inversiones”, confirmaron fuentes oficiales a Los Andes. Y reconocieron que entre las alternativas que se evalúan, la que se mira con mayor detenimiento es la de la sociedad anónima con mayoría estatal.

Es que despega a la empresa de la administración central, abre las puertas al aporte privado en momentos de dificultades para la inversión pública y permite un porcentaje de “propiedad participada” en manos del personal.

En este sentido, la composición accionaria de Aysam, Edemsa o Edestesa admite al  personal nucleado en los sindicatos de Obras Sanitarias y de Luz y Fuerza.

En tanto, la empresa de energía creada por la gestión de Francisco Pérez, Emesa, se permite encabezar proyectos energéticos y petroleros de exclusiva inversión privada.

Explora junto a Medanito y Tecpetrol en Calmuco; abastece gas natural licuado en asocio con Galileo, Tecnored y Wartsila y mantiene una participación minoritaria en proyectos de desarrollo de energías alternativas con la canadiense S2E, la estadounidense So Energy y la local Ceosa.

En la actualidad, la EPTM  cuenta con un director del personal (Osvaldo González), junto al director gerente, Leopoldo Cairone y a la directora de Transporte, Estela Papa.

Patrimonio público

El Estado mendocino es propietario totalmente de nueve empresas y parcialmente de ocho más. 

En el área de los servicios maneja Aysam (agua y cloacas) y EPTM (transporte); en la de la producción tiene a Emesa (petróleo y energía), en  comunicaciones a Acequia (televisión) y en entretenimientos se encarga de “regentear” el Casino Provincial, el Hipódromo y la Lotería. 

También tiene parte en empresas de servicios como Edemsa (39% de las acciones) y Edestesa (19%) en la distribución eléctrica; Hinisa (48%) e Hidisa (37%) en la generación y Distrocuyo (25%) en el transporte de energía. 

Asimismo mantiene acciones minoritarias en dos empresas nacionales: YPF (petróleo) y Dioxitec, la firma de la Comisión Nacional de Energía Atómica que trabaja con combustibles nucleares en Córdoba.

La Provincia es la dueña además de la Terminal de Omnibus (hoy sin concesión), de los hoteles Plaza (concesionado al Hyatt hasta 2038) y Potrerillos (que explota Ceosa hasta 2036) y las Termas de Cacheuta (en manos de Raúl Moneta).

En otros momentos, el Estado mendocino manejó una bodega, Giol (hasta el traspaso de José Bordón a Fecovita) y una conservera (La Colina, vendida a Danillo de Pellegrín y en convocatoria desde hace un año) y dos bancos (Mendoza y Previsión Social hasta la privatización de Arturo Lafalla a Moneta).

La presencia pública en el mundo empresario mendocino siempre tuvo peso, en especial en los ciclos estatistas pero también en los privatistas de la vida política de la Argentina.

En Mendoza, hoy son cinco las principales figuras provinciales vinculadas al mundo de las empresas públicas. Los ministros Enrique Vaquié (Economía, Infraestructura y Energía) y Martín Kerchner (Hacienda) son los directores titular y suplente de Mendoza en YPF. 

El subsecretario Emilio Guiñazú (Energía y Minería y ex IMPSA) es la máxima autoridad en Emesa. 

El secretario de Servicios Públicos Sergio Marinelli es el principal director del Estado en Edemsa (cuyo último balance fue observado por las autoridades provinciales) y en su órbita está la EPTM.

Josefina Canale es la presidenta del Instituto de Juegos y Casinos y es quien comandó el proceso de reestructuración en el Casino Provincial, lo que le aportó al Gobierno una experiencia real a tomar en cuenta a la hora de encarar nuevas reestructuraciones.

“Bajar al mínimo los costos fijos y subir al máximo los ingresos genuinos”, es la consigna general de los funcionarios del gobierno de Cornejo. Esto incluye a quienes ocupan los diecisiete puestos de directores y síndicos del Estado provincial en empresas públicas o mixtas con presencia estatal. 

El objetivo de mínima es el de cubrir los gastos corrientes de manera autónoma y superar la “emergencia operacional”. Y el de máxima, generar dividendos para el sector público.

El caso nacional

El Estado nacional tiene presencia en el mundo financiero (todo el Banco Nación y una parte de los Hipotecario, Patagonia, Galicia y Macro); del petróleo (YPF) y de los servicios (Aerolíneas Argentinas).

Vía Anses, es titular minoritario de acciones en la Distribuidora de Gas Cuyana (26%); Pampa Energía (22%) -a su vez socia de Mendoza en Hinisa e Hidisa- y en Irsa (4,4%), la dueña del Mendoza Plaza Shopping. 

Pero todas esas acciones de Anses en empresas privadas (parte del Fondo de Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio) ya tienen una autorización de venta aprobada por el Congreso para el pago de compromisos jubilatorios.