El Gobernador adelantó que tres jefes policiales investigados por el robo de combustible serán echados de la fuerza y admitió que cuesta engrosar la cantidad de efectivos. Firmó convenio con la Nación para destruir armas decomisadas.
Alfredo Cornejo hablaba de la policía ayer durante una conferencia de prensa. Se explayaba sobre el saneamiento policial que venía realizando y en algún momento de la charla dijo alguna palabra demás que generó consultas inoportunas. Es que el Gobernador adelantó que pronto habrá novedades respecto de tres comisarios generales que serían echados de la fuerza.
Según lo poco que ahondó en el tema, la sanción sería por estar vinculados a algunas de las investigaciones que se vienen motorizando desde el inicio de la gestión.
No es que sea nuevo que Cornejo eche a comisarios: a los pocos días de haber asumido removió a ocho comisarios generales e inspectores de la cúpula policial.
En junio del año pasado fueron otros cinco los comisarios generales desplazados entre otros efectivos que estaban en la mira por diversas irregularidades.
Ayer Cornejo dijo que “se está haciendo un saneamiento policial muy fuerte, no damos abasto desde que nos hemos puesto más exigentes en el Instituto de Seguridad Pública para el ingreso de las personas”.
Luego indicó que “nos está costando porque hay muchas bajas de policías que pierden el arma por violencia de género, por cometer delitos y hay muchas denuncias que van a terminar en exoneraciones y cesantías”.
Y entonces vino la confesión: “Van a venir tres más por denuncias que hicieron el año pasado por robo de combustible.Esa gente va a terminar fuera de la fuerza”.
Las preguntas eran inevitables. Pero nadie en el Gobierno se animó a dar más pistas. “Todavía es muy pronto” respondieron discretamente en Casa de Gobierno sin querer dar más pistas.
Armas destruidas
La revelación a medias de Cornejo se produjo luego de la firma de un convenio con la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Natalia Gambaro, que llegó a Mendoza a llevarse 7 mil armas.
La mitad fueron incautadas por la Justicia provincial y fueron usadaas en la comisión de algún delito, la otra mitad son viejas armas policiales que han sido reemplazadas por nuevas en los últimos tiempos.
Gambaro se lleva esas armas para su destrucción, entendiendo que de esa manera se reducen las posibilidad de que vuelvan al mundo del hampa para pertrechar a otros delincuentes.
Ayer, el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Procuración se reunieron con Gambaro para que la provincia forme parte del registro de armas judicializadas; esto es informar a la Anmac mensualmente sobre personas involucradas en investigaciones judiciales con tenencia o portación ilegal de armas.
Las armas son el eje de un debate que tiene larga tradición en Mendoza. De hecho, Gambaro ayer recordaba que bajo su órbita sigue vigente el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una iniciativa que nació en 2007 a nivel nacional y que tuvo como antecedente el “Plan Canje de Armas” que se creó en Mendoza durante la gobernación de Roberto Iglesias.
En los inicios del canje, Mendoza entregaba vales para mercaderías en supermercados, ahora es una suma de dinero. Diferencias de un programa que sobrevive en el país.
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