Hasta el 2008 los internos de las cárceles mendocinas esperaban expectantes que en la semana entre Navidad y Año Nuevo se activaran los micrófonos de los penales. Es que cuando eso pasaba a esa altura del año seguramente era para comunicar quiénes de todos los que habían pedido un indulto o una conmutación de la pena habían conseguido que el gobernador de turno los beneficiara. 

Esa tradición se rompió en tiempos de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo pretende dejarla en el olvido, ya que no ha indultado a ningún preso en sus dos años de mandato y no planea hacerlo, según confirman desde su entorno más cercano.

Hoy hay 2.700 internos penados. Por año más de 2.000 piden indultos, conmutación o rebajas de pena. Muchos de ellos escriben una carta de puño y letra al gobernador o usan un formato establecido que llega a una oficina de indultos que funciona en Casa de Gobierno, pero desde hace dos años depende del Ministerio de Seguridad. 

Con esos escritos se solicita al Organismo Técnico Criminológico (OTC) dos informes, uno ambiental para saber dónde iría a vivir el interno que hace el pedido, y otro psicológico. A su vez se solicita un informe a la Suprema Corte, que consulta al juez que lo condenó. 

Todo eso se acumulará en el escritorio del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, que es quien informa directamente a Cornejo. 

"Más allá de los pedidos de los internos y de los informes que puedan enviar del Organismo Técnico Criminológico, la Corte y la Procuración, es una facultad discrecional del gobernador . Hasta ahora no ha dado ninguno pues sería contradictorio con su pensamiento de aplicación firme de la ley y cumplimiento de las penas. Sin perjuicio de algún caso especialísimo que hasta ahora no ha aparecido", confirmó D'Agostino. 

Un poder heredado de los reyes

La potestad de rebajar una pena o liberar a un preso era históricamente un poder que tenían los reyes y que nuestra Constitución tomó en el inciso 5 del artículo 128. 

Allí se establece que el gobernador "podrá indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia del indulto o conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse. El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".

En virtud de esa potestad, el ex gobernador Celso Jaque (PJ) fue el último en otorgar, en 2008, 30 conmutaciones de pena a condenados por asesinato, robo agravado con reincidencias, secuestros extorsivos y falsificación de documentos, lo que le valió duras críticas de varios legisladores. 

Los casos que empañaron gestiones gubernamentales

La tradición de indultar o conmutar penas de los presos nunca pasó desapercibida. De los gobernadores que más perdones otorgaron resalta la figura de Roberto Iglesias, que dio 194; su antecesor el justicialista Arturo Lafalla había dado 186, mientras que el radical Julio Cobos los redujo a 131. Finalmente Celso Jaque concretó solo 30 a finales del 2008, durante su primer año de gobierno. 

Varios de esos indultos mancharon gestiones gubernamentales. A Iglesias se lo criticó duramente cuando le conmutó dos veces la pena a Miguel Samuel Tello Rodríguez, uno de los cinco autores del crimen y violación ocurrido en 1999 en el parque General San Martín. Allí asesinaron con un gancho de carnicería a Aldo Escudero y violaron varias veces a su amiga María Lourdes. Y Cobos también lo volvió a perdonar.