La magnitud de una victoria suele estar definida por su contexto. En el caso de Juan Manuel Llamosas, que se convirtió hace una semana en el primer intendente peronista que es reelecto en Río Cuarto, el resultado en sí mismo habla de un triunfo claro pero acotado, sin desmesuras. En otra situación, esa distancia de 5,8 puntos habría dejado un sabor amargo, a insuficiencia, pero el oficialismo remarca que no puede dimensionarse realmente la trascendencia de lo que ocurrió el domingo si no se lo engloba y se lo interpreta dentro del marco de la pandemia.

Según este razonamiento, Llamosas le ganó a la oposición pero, sobre todo, a las consecuencias del coronavirus. Y consiguió, más allá de la cantidad de puntos de distancia, algo de lo que se vieron privados todos los oficialismos del mundo que fueron a elecciones en medio de la pandemia: ser revalidado en su cargo. Para esa visión, el Covid-19 resignifica cada dato que surgió de las urnas: la baja participación -apenas el 49%-, el hecho de que al intendente lo haya votado el 20% del padrón total, o lo cerca que se puso un candidato como Gabriel Abrile, que meses antes se encaminaba a recibir una paliza histórica.

Lo más pertinente en este caso podría ser no descartar ni una lectura ni la otra. No quitarle mérito a un oficialismo que tuvo que ir a las urnas en medio de una crisis inédita y traumática, pero tampoco soslayar los datos que sirven de contrapeso y hasta de advertencia no sólo para el PJ y sus aliados sino para el resto del sistema político.

En el peronismo, cuando se repasaron las cifras mesa por mesa, se reparó en que los sectores de la ciudad de alto poder adquisitivo le dieron un cachetazo a Hacemos por Córdoba. La georreferenciación permitió ajustar más que nunca la procedencia y el perfil de los sufragios: donde votaron los riocuartenses de mayores ingresos, hubo mesas en que Llamosas perdió 55,4% a 26,2 o 50 a 27,3. Y el interrogante que quedó flotando es si sólo se trató de un castigo al intendente o si allí se está evidenciando un fenómeno político menos puntual: la posibilidad de que esa franja de población, que desde 1999 venía acompañando con regularidad a Hacemos por Córdoba, haya decidido proceder a una separación unilateral.

Con el resultado puesto, al peronismo hay que reconocerle una visión que se manifestó desde el principio. El PJ reunió todas sus partes porque, incluso antes de la pandemia, se prefiguró la alternativa de una complicación. Al armar las listas, con los 15 puntos que le auguraban las encuestas, podría haberse dado el lujo de descartar aliados que, en ese momento, sumaban poco y nada. Pero no lo hizo y eso, al final, lo salvó.

El radicalismo, a la hora de definir una estrategia y configurar una lista, hizo todo lo contrario. Nunca previó que el escenario podría cambiar en su favor; no lo tuvo entre las realidades posibles. Por eso desechó aliados: porque se autoasumió perdedor inapelable.

Ahora, hay miembros de la UCR, principalmente de la agrupación 30 de Octubre, rastreando culpables: dan entrevistas con mala cara, concurren con el ceño fruncido a los actos, recurren a la figura del chivo expiatorio. Suele ser la actitud natural y más simple: buscar en otros lo que tal vez está en uno mismo. ¿O no fue La 30 de Octubre -Carlos Ordóñez, Gonzalo Parodi y compañía- la que rechazó cualquier intento de acercamiento con el sector radical que se escindió, liderado por Eduardo Scoppa y Miguel Besso? Esos dos dirigentes, con Riocuartenses por la Ciudad, arañaron los 5 puntos el domingo, casi la ventaja por la que Llamosas se alzó con la reelección. Aceptar esas incorporaciones hubiera implicado ceder puestos seguros en las listas -o no tanto- y la mirada de bajo vuelo lo impidió.

A Llamosas, ganar le resultó trabajoso, complejo, incómodo. Pero, una vez conseguido, el triunfo actuó como un multiplicador de rédito político. Fue obligado a rendir por tres, a darles a tres oficialismos -municipal, provincial y nacional- el bálsamo que representan las victorias.

En ese sentido, una derrota del peronismo en Río Cuarto hubiese tenido un impacto considerablemente más profundo que el que tuvo la victoria. Les habría dado a Juntos por el Cambio y a sus socios políticos y extrapartidarios un arma potente de la que agarrarse.

Sin embargo, aunque la elección de Río Cuarto no le haya dado un resultado favorable a la actual variante de Cambiemos, sí le cedió un argumento. La convivencia en el palco del domingo a la noche entre schiarettistas y kirchneristas, la mención de Llamosas de que Hacemos por Córdoba sería ahora Hacemos por Argentina, el protagonismo de Fernández en los festejos y la votación de los diputados cordobeses que permitió el recorte de la coparticipación que recibe Horacio Rodríguez Larreta, dispararon una serie de críticas desde la oposición que apuntaron, fundamentalmente, a pegar al gobernador con el Presidente; o, peor aún, con Cristina Fernández.

“¿Vieron? Son lo mismo; son socios, aunque intenten ocultarlo”, fue el mensaje que surgió desde Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial. Y ese concepto apunta a desbaratar, en una provincia profundamente antikirchnerista como Córdoba, el principal activo que tiene Hacemos por Córdoba: su diferenciación del cristinismo y sus versiones.

A decir verdad, la sucesión de hechos que se inició en Río Cuarto provoca que las interpretaciones opositoras no sean inverosímiles: “festejan juntos, votan juntos, por lo tanto, son lo mismo”. Es algo simplista. Pero no descabellado.

Sin embargo, ¿se está asistiendo verdaderamente al fin del proyecto político que José Manuel de la Sota y Schiaretti empezaron a construir en 1999? ¿Después de dos décadas, el cordobesismo se mimetizará con el albertismo o el cristinismo?

Schiaretti no simpatiza con el término “cordobesismo”. Prefiere hablar de un modelo político y de gestión propio. Esa diferenciación le genera dos situaciones que le son favorables: puede ganar elecciones en una provincia tan conservadora y, además, le otorga poder de negociación ante el gobierno federal.

El schiarettismo concluye que confundirse en una misma entidad con el oficialismo nacional sería políticamente suicida: porque le sería contraproducente en las urnas y porque le quitaría valor a la hora de las negociaciones.

Por eso, cuando se habla de 2021 y de la posibilidad de que se repita en la provincia la unidad que hubo en Río Cuarto entre todas las vertientes del peronismo, en el schiarettismo ponen algunos reparos: es una posibilidad, siempre y cuando la preeminencia, la estrategia, el discurso y hasta la estética sean definidos en el Panal. Esa pretensión podrá sostenerse siempre y cuando las necesidades financieras de Córdoba no sean un condicionante límite.

El gobernador no se enfrentó en los últimos días sólo a los dardos opositores. También hicieron su aparición otros actores, “apolíticos”. El jueves, la autodenominada Mesa de la Producción, que nuclea a las principales entidades empresarias, industriales y agropecuarias de la provincia, difundió una dura carta abierta en la que le reprocharon al peronismo cordobés haber aprobado el “impuesto a la riqueza”, que ellos interpretan como un verdadero mazazo al aparato productivo.

Pero hay un párrafo que no por impreciso es menos significativo. “También nos preocupan otros proyectos legislativos en curso que afectarán directa o indirectamente a nuestra provincia y que ponen en duda la seguridad jurídica y el imprescindible equilibrio entre los poderes públicos, piedra angular de los principios republicanos. Nos preocupan porque atacan la confianza, la vigencia de las instituciones y la legalidad”.

¿A qué proyectos se refieren? ¿Por qué fueron tan puntuales para nombrar el impuesto a la riqueza y no para detallar sus otras preocupaciones? Una alternativa es que se estén refiriendo a la reforma judicial; pero ¿por qué no decirlo abiertamente?

Además, ¿por qué el reproche se produce ahora, semanas después de que el aporte extraordinario pasara por Diputados, pero apenas horas más tarde de que se aprobara la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires que gobierna el Pro? Si hay que concatenar hechos cercanos en el tiempo, la carta de la Mesa de la Producción está más próxima al debate por la coparticipación que al polémico impuesto a las fortunas, que ya estaba en manos del Senado. Tal vez, la falta de mención de sus desvelos se deba a que es difícil defender desde Córdoba a Larreta. Tal vez, la reacción pública no se explique tanto por el impuesto sino, principalmente, por los fondos que se retrajeron a la Ciudad de Buenos Aires y que llevaron su coparticipación al porcentaje que existía hasta 2015 y que Macri aumentó por decreto.

La discusión política en Argentina se ha vuelto tan extraña que retrotraer los fondos de la Capital Federal puede convertirse, por alguna singular transfiguración, en una afectación inaceptable al federalismo.

Por Marcos Jure