El gobernador cordobés José Manuel de la Sota no prestó atención a las protestas que a mediados de noviembre habían iniciado las esposas de los policías en la jefatura de la fuerza y en la Guardia de Infantería. La entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las recibió y acordó una mejora del 52% del pago por tareas adicionales fuera de sus turnos. Llegó más tarde el reclamo por el incremento del salario.
El estallido del conflicto encontró a De la Sota en Panamá. Debió regresar y comenzó a negociar con los sublevados. Se acordó que un policía cobrará en diciembre y enero un haber no remunerativo de $ 8000, cifra que será blanqueada a partir de febrero cuando se firme la paritaria del gobierno con los gremios estatales. Con los adicionales, un policía que recién se inicia percibirá $ 12.000.
Se calcula que el gobernador deberá desembolsar entre $ 1200 millones y $ 1500 millones, cuando aún le falta satisfacer la demanda de los gremios estatales. Trascendió que se estudia la emisión de un bono de deuda por US$ 800 millones, que sería lanzado por tramos de US$ 100 millones para afrontar las erogaciones salariales.
La Iglesia y los empresarios de la provincia recriminaron la ruptura del tejido social y cuestionaron la tardía reacción del gobierno..
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