El Gobierno prorrogará a través de un DNU la actual ley de promoción de los biocombustibles, que vence el 12 de mayo, hasta que el Congreso apruebe la iniciativa que hace unas semanas presentó el bloque de Diputados del Frente de Todos, que tensa la política en el centro y el norte del país. La provincia de Córdoba sigue exhibiendo su descontento con la letra de la iniciativa a la que califica de “propetrolera” y “carente de una visión productiva general”. La administración de Juan Schiaretti afirma, además, que generará pérdida de empleos en la pampa húmeda.

El nuevo corte para la mezcla en el gasoil se fijará en un 5 por ciento –ahora está en un 10 por ciento– pero la autoridad de aplicación podrá reducir ese nivel al 3 por ciento, en función de la variación internacional de las materias primas. El gasoil se mezcla con biodiesel a base de soja, que en estos momentos está cerca de los 600 dólares la tonelada, un valor inédito para los últimos años.

“El Gobierno parece tener una idea errónea de cómo se deben generar divisas en el país. Lo que habría que hacer es importar cada vez menos combustibles fósiles, ser autosustentables, exportar naftas y gasoil y también biocombustibles. Cumplir con los protocolos de Paris que incluyen una menor emisión de gases de efecto invernadero. Y para eso debemos industrializar la ruralidad”, sostuvo el ministro de la Producción de Córdoba, Eduardo Accastello, en diálogo con Letra P.

El espíritu del proyecto presentado por los diputados y diputadas del bloque oficialista es que el negocio agroindustrial no impacte de más en los surtidores y que se vean beneficiadas las pequeñas y medianas empresas productoras de las energías verdes.

Según el texto que está bajo debate parlamentario, el abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para cumplir las metas establecidas recaerá sobre aquellas empresas que “no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiesel y/o de sus insumos principales” y a su vez deberán tener un tope máximo de producción anual de 50.000 toneladas.

Esto prácticamente dejaría fuera de juego a grandes sociedades, como Aceitera General Deheza, cuyos dueños son el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y el exsenador Roberto Urquía, Molinos, Glencore, Cargill, Cofco y Dreyfus.

Para el funcionario cordobés, que en 2006 era legislador y participó del debate parlamentario que sancionó el primer régimen de promoción para los biocombustibles durante la presidencia de Néstor Kirchner, el texto que presentó el santafesino Marcos Cleri posee un “sesgo propetrolero”.

La crítica se apoya en que la iniciativa que tiene la influencia del jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner postula una reducción del 50 por ciento en el corte del gasoil con biodiesel, mientras el corte de las naftas con bioetanol a base de maíz o caña de azúcar se mantuvo en un 12 por ciento, con la posibilidad de reducir el cupo a favor de las provincias del NOA. Antes de la aparición de este proyecto, cuando solo estaba en debate la prórroga del régimen vigente, las petroleras, en realidad, querían reducirlo aún más.

La iniciativa en debate escuchó al lobby petrolero para modificar el corte en biodiesel pero excluyó del marco normativo a los “productores y refinadores de crudo que sean titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles”. En un primer borrador estaban incluidos.

-¿Las limitaciones a las petroleras benefician la realidad productiva del centro del país?

-No. Las provincias petroleras reciben regalías, mientras que las provincias del centro pagan retenciones. Las energías fósiles van hacia su fin en todo el mundo y lo que se ve acá es la falta de una política de integración. En Córdoba se producen los motores Flex que funcionan con un corte del 27,5 por ciento de bioetanol que luego se envían a Brasil. Nosotros podríamos pensar en utilizar esos motores en Argentina y, de esa manera, aumentar la producción de biocombustibles.

Según los cálculos de Accastello, si se llevase el actual corte del bioetanol con las naftas del 12 al 27,5 por ciento, podrían sustituirse importaciones por 2500 millones de dólares por año.

En Córdoba existen cuatro plantas de bioetanol: Pro Maíz (AGD Bunge), ACA, Maíz Energía (Porta Hnos, Óleos del Centro, Establecimiento Las Chilcas y Agropecuaria Los Mistoles) y Bioetanol Río Cuarto. La producción anual llega a los 475.000 metros cúbicos, el 33 por ciento del total que se produce entre las 22 plantas del país que están diseminadas en Tucumán (8), Salta (2), Jujuy (2), Santa Fe (2), San Luis (2), Santiago del Estero (2) más las cuatro cordobesas.

-Si el objetivo de la nueva ley es potenciar a las pymes productoras, ¿cuáles son las empresas que se verán beneficiadas?

-Es parte de un debate falso. Si se define una política pública en base al nombre de una empresa, estamos en un error. Ojalá pudiéramos tener 500 AGD en el país, o 500 Arcor. Hoy ACA Biocombustibles es considerada una gran empresa y está integrada por 60 cooperativas. Hay que defender a las pymes pero hay que tener un modelo de desarrollo. Si le ponemos nombre y apellido a una política, la Argentina no tiene futuro.

El ministro de Producción cordobés apunta que en su provincia hay 4700 empleos directos vinculados a los biocombustibles y que, según las empresas, se perderían unos mil puestos aproximadamente. “Nosotros hicimos nuestro propio proyecto para el autoconsumo. Esperamos que en tres años puedan crearse 100 plantas de biocombustibles. Lamentablemente, este proyecto de ley careció de una escucha activa”, concluyó Accastello.