Por Felipe Osman.

La caída de la Ley Ómnibus, y el rol protagónico que los gobernadores tuvieron en su tratamiento, repercutió con fuerza en la política local. El Gobierno Nacional salió a cuestionar con dureza la posición de los mandatarios provinciales que, en defensa de los intereses de sus distritos, pusieron reparos al texto original de la norma. Y entre ellos uno de los señalados por el presidente, con nombre y apellido, fue el gobernador de Córdoba.

Llaryora no ocultó jamás sus diferencias con el gobierno que encabeza Javier Milei, y si bien respaldó al presidente desde un primer momento, asegurando que su bloque prestaría gobernabilidad ante la endeble situación de La Libertad Avanza en las cámaras legislativas, también exigió que la voz de sus diputados fuera escuchada, especialmente cuando los cambios legislativos pretendidos por la Casa Rosada chocaban de frente con los intereses de la provincia. 

Pero los reparos de los gobernadores no fueron bien recibidos por el oficialismo que, cuando empezó a ver que los bloques dialoguistas rechazaban buena parte del articulado en la votación en particular del proyecto, decidió retirar la ley.

Tras los señalamientos del gobierno nacional que empezó a instalar la versión -cuanto menos, reduccionista- de una “traición de los gobernadores”, el primer impacto se hizo esperar apenas 48 horas con la supresión del Fondo Compensador al Transporte Público, destinado a subsidiar el transporte de pasajeros en el interior del país, para equilibrar (aún de modo muy parcial) la asimetría en el reparto de subsidios al transporte entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.

El cimbronazo se hizo sentir en Córdoba como en todas las ciudades del interior, y rápidamente una “liga” de intendentes elevó un reclamo al Gobierno Nacional avisando, además, que acudiría a la Justicia de ser necesario.

Pero más allá de este breve racconto, subyace a estos episodios una lectura política inevitable: por primera vez en mucho tiempo el Gobierno de la Provincia entra en profundas tensiones con un Gobierno Nacional con el que comparte base electoral. A diferencia con las ya conocidas crisis que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti atravesaron con los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015, Llaryora ahora recibe el ataque de Javier Milei, que cosechó un amplio apoyo de los cordobeses en las Primarias, las Generales y el Balotaje.

La respuesta del gobernador fue templada. Desde sus redes sociales avisó que no era momento “de responder agravios ni insultos”, sino “de diálogo y consensos”. En el mismo hilo de tuits avisó que Córdoba mantendrá los programas de Boleto Educativo Gratuito, Boleto Obrero Social y Boleto Adulto Mayor, y aunque calificó de arbitraria la decisión del Gobierno Nacional, aseguró siempre estará dispuesto al diálogo, porque los momentos que atraviesa el país requieren de la mesura de sus dirigentes.

A las palabras del gobernador se sumaron legisladores y funcionarios del oficialismo provincial, así como también el intendente, los funcionarios municipales y los concejales de Hacemos Unidos. Y nuevos respaldos se sumarán esta semana.

Mañana a las 19.30, en la sede de Alecyt (Sindicato de Correos), todo el secretariado de las 62 Organizaciones Peronistas se reunirá en un evento cuyo lema será “Córdoba Productiva”.

Retomando las palabras del gobernador, que desde el principio del tratamiento de la Ley Ómnibus reclamó al Gobierno Nacional un plan productivo que complementara al plan fiscal, este núcleo de sindicatos, mayoritariamente compuesto por gremios del sector privado, expresará su apoyo a la decisión de Llaryora de oponerse al aumento de las retenciones tanto al agro como al complejo industrial cordobés.

Al acto también concurrirán empresarios y funcionarios provinciales y municipales, entre los que destacan el Secretario General de la Gobernación, David Consalvi, y el intendente Daniel Passerini. Hasta el momento no está plenamente confirmada la presencia de Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, aunque es una posibilidad. Y los organizadores del evento tampoco descartan que el propio gobernador se haga presente.

La expectativa de la organización gremial que conduce el también concejal Ricardo Moreno es mostrar su respaldo a la postura asumida por el gobernador durante el debate de la Ley Ómnibus, refrendar el planteo de un plan productivo que haga posible el crecimiento económico, la construcción de un país federal, y la defensa del complejo industrial cordobés.