Según el plan de desarme que lleva adelante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) –ex-Renar–, en la provincia de Córdoba están en condiciones de ser destruidas 15 mil armas descartadas por las fuerzas policiales y de seguridad, incautadas en hechos delictivos y pendientes de la campaña de desarme realizada el año pasado. A fines de 2016 o durante el primer trimestre de 2017, serán eliminadas.

De las 15 mil armas, cuatro mil ya se encuentran a resguardo de la Anmac y provienen de la entrega voluntaria o por abandono que hicieron usuarios registrados.

A nivel país, el objetivo es destruir más de 50 mil armas en igual lapso. De este total, en agosto se hicieron desaparecer 25 mil, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Córdoba se convierte, así, en la cuarta provincia que se suma al programa de desarme nacional que ejecuta la Anmac. La pretensión de reducir 15 mil armas en la provincia mediterránea representa casi un tercio del total país.

Por este motivo, la titular de la Anmac, Natalia Gambaro, estuvo el lunes y ayer en Córdoba para firmar convenios de cooperación con el Gobierno provincial y el Ministerio Público Fiscal que promueven la disminución de armas de fuego ilegales en circulación.

La Provincia deberá entregar a la Anmac las armas guardadas en depósitos judiciales y policiales que fueron secuestradas, incautadas o se encuentran en desuso. Estas acciones buscan evitar que vuelvan al mercado ilegal.

Además, el compromiso asumido apunta a la concientización social para prevenir la violencia armada, en momentos en que se repiten hechos de uso de armas para defensa ante situaciones delictivas y hay un gran debate nacional a partir de los últimos casos de justicia por mano propia.

La cifra de armas en Córdoba con destino a destrucción podría engrosarse en cinco mil más, merced al acuerdo entre la Anmac y el Ministerio Público Fiscal (deberá inventariar cuántas hay) y con las delegaciones locales de Gendarmería, Policía Caminera, Policía Federal, juzgados federales y Secretaría de Ambiente provincial (armas decomisadas en operativos que involucran a cazadores).

En cifras

En la provincia de Córdoba hay 132.285 armas registradas y 74.831 usuarios inscriptos (algunos con tenencia de más de un arma).

“Destruir 15 mil armas en Córdoba implicará una reducción superior al 10 por ciento de las hoy existentes”, resaltó Gambaro.

Según datos oficiales de la Anmac, a fines de 2015 había 1,5 millones de armas registradas en el país: de fuerzas armadas, de seguridad, civiles, empresas de seguridad, caza y tiro deportivo. Y ascienden a 979.500 los usuarios registrados que poseen armas.

La población armada registrada no constituye el total de la gente que efectivamente tiene armas.

En Argentina están habilitados a portar armas personales (además de las oficiales) unos 11 mil integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, funcionarios estatales (de la Nación, las provincias y los municipios) y de empresas de seguridad. En cuanto a civiles, hasta el año pasado sólo eran 148, aunque esta cifra varía siempre.

Desde 2011, no se ordenan destrucciones de armas en la provincia de Córdoba. “Se acumularon por demás”, admitió Gambaro.

Para el desarme, la Provincia deberá cargar por sistema las armas entregadas voluntariamente, consignando modelo, número de serie y año de fabricación, entre otros datos. La Anmac deberá verificar cuáles y cuántas son, para luego enviarlas a destrucción.