Luego de cinco ofertas sin éxito presentadas por la administración provincial a los acreedores, cuyos títulos debían ser liquidados el 9 de diciembre, la Provincia podría ingresar formalmente hoy en default, lo que abre un capítulo de incertidumbre a futuro en materia de financiamiento.

A comienzos del mes pasado, operó el vencimiento de un bono de 25 millones de dólares. En aquel momento la Provincia decidió no hacer frente, en parte, esperando qué pasaba en el orden nacional con la gestión de Martín Guzmán y el Fondo Monetario Internacional, cosa que se dilató para fines del primer trimestre de este año, según indican en la Casa Rosada.

El gobierno provincial, a través de su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, había explicado días atrás que la idea de Córdoba era “plantear una renegociación de la deuda sin quita, pero que incluya un esquema de amortización más aplanado, acorde a la situación de crisis que se vive y sin posibilidad de acceso a mercados financieros. Lo mismo con la tasa de interés”, había indicado el funcionario en declaraciones al programa Entre Líneas, la semana en que ocurrió el vencimiento por los 25 millones de dólares, y que Provincia había decidido no pagar.

En esa oportunidad, Giordano había destacado que el planteo tenía argumentos sólidos y que esperaba un acuerdo razonable con los tenedores de bonos. “Tenemos que avanzar en una propuesta que proteja a los inversores y que sea consistente con las posibilidades de la provincia. Porque todos estamos haciendo un esfuerzo”, añadió.

Lo cierto es que, vencido el plazo, no se alcanzó un acuerdo y la provincia ingresará en la categoría de incumplimiento. En las filas de la oposición, los cuestionamientos ya se hicieron escuchar de parte de los principales referentes de Juntos por el Cambio. Y frente a las explicaciones que se dieron desde El Panal y que apuntan especialmente a que la deuda en dólares tuvo destino de obras de infraestructura como los gasoductos troncales, la oposición cree que, al menos, una parte no se utilizó con esas finalidades.

Para el legislador Marcelo Cossar, que elaboró un informe sobre la negociación de deuda y las consecuencias, “tuvo fines electoralistas y de muy corto plazo: ejecutar obra pública para ganar elecciones y diferir el pago de costos a futuros gobiernos”.

En ese sentido, Cossar aclaró que “no hablo de la obra pública necesaria para los servicios, como los gasoductos troncales o la infraestructura vial, sino de la obra faraónica no necesaria, como la construcción del Panal y del nuevo edificio de la Legislatura provincial. Hablo de las prioridades y de las condiciones económico-financieras en las cuales se adquirieron las obligaciones”, indicó.

En ese sentido, repasó que los acreedores rechazaron las cinco propuestas elevadas por el gobierno provincial, porque entienden que Córdoba tiene maneras de cumplir con los acuerdos. “En otras palabras, saben que el presupuesto 2021 fue un dibujo, que hay fondos que se están utilizando en otras cuestiones menos relevantes y que diferir los plazos de los tres bonos que se negocian es patearle el problema al gobierno que sigue”, indicó.

Por último, el legislador radical señaló en su informe de deuda que “si se confirma el default este lunes, ingresaremos a un universo de imponderables consecuencias, a partir de las restricciones financieras que impactarán en el tejido productivo de nuestra provincia y atarán de manos a futuros gobiernos, obligados a pagar lo heredado, sin acceso al mercado de capitales y al dólar billete. Pero además, y es el dato clave de nuestro presente, en línea con la estrategia de negociación de la deuda del binomio presidencial, nos volverán absolutamente dependientes del gobierno nacional, es decir, rehenes políticos. Viviremos para pagar este fin de ciclo político”, concluyó.