En Córdoba, el caso que un sector de la oposición agitó en el contexto de la campaña fueron las investigaciones sobre Odebrecht, con dos ramificaciones bien diferenciadas, pero que se unen en torno a la poderosa empresa constructora brasileña.

Por un lado, los legisladores opositores Liliana Montero, Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros gestionaron una reunión con el juez brasileño Sergio Moro, quien lleva adelante la investigación del Lava Jato, para interiorizarse si hubo pago de coimas en la adjudicación de los gasoductos troncales. Montero, del bloque kirchnerista Córdoba Podemos, dijo que viajarán el 29 de octubre a Curitiba, donde tiene su sede el juzgado de Moro.

Después de varios pedidos, finalmente la Justicia de Córdoba tomó la decisión de pedir información a los tribunales brasileños acerca de las vinculaciones que podrían existir entre funcionarios provinciales y empresas del país vecino que participaron del proceso licitatorio, del año 2009, por los gasoductos de Córdoba. El fiscal del fuero Penal Económico Anticorrupción, Hugo Amayusco, inició el proceso que concluirá con la llegada de un exhorto al despacho de Moro.

Hasta aquí, lo que une a Córdoba con el proceso del Lava Jato es la mención, en cuatro ocasiones, de la provincia en una lista de pagos que dice haber realizado Alberto Youssef, el principal delator que declaró en el caso.

Por otra parte, por una obra gestionada cuando era funcionario durante la gestión kirchnerista, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial, Fabián López, deberá declarar en diciembre, ya que fue citado por el juez federal Sebastián Casanello.

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López integra un grupo de 28 exfuncionarios K y de directivos de empresas que deberán responder las preguntas de Casanello por la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, provincia de Buenos Aires. En aquel momento, López se desempeñaba en la órbita del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido. Casanello busca determinar si los involucrados participaron de una defraudación al Estado y si incurrieron en el delito de negociaciones incompatible con la función pública.