Por: Néstor Espósito.

La principal hipótesis que sostienen en cercanías de la flamante querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio en su contra indica que se los autores fueron un grupo de marginales que creció al influjo de los discursos de odio y estaban «predispuestos a hacer quilombo». Sus «servicios» le fueron ofrecidos a un sector radicalizado de la oposición que lo aceptó, con la anuencia tácita o explícita, desde lo más alto. Pero, como suele suceder en estos casos, los desclasados violentos se salieron de control y en lugar de limitarse a encender antorchas, colgar bolsas negras en las rejas de la Casa Rosada o patearle el auto al ministro de Economía, Sergio Massa, estuvieron a un click de asesinar a la figura política más relevante de la Argentina.

Si le pasó al Departamento de Estado norteamericano con Osama Bin Laden o Saddam Hussein, por ejemplo, ¿por qué no podría pasarle a la torpe política vernácula?

Revolución Federal, el grupo violento que reivindicó aquellos escraches, pasó así de ser carne de cañón a bala de cañón. En las cercanías de la vicepresidenta creen que pudo deberse a una sobreactuación para ganar espacio ante quienes prometían cobijarlos.

Según esa teoría, cuando el grupo se salió de control e intentó matar a la vicepresidenta causó pánico en los que lo prohijaron. Entonces, más allá de la pirotecnia verbal, bajaron un cambio. En ese contexto surgió la posibilidad de un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. El jefe de la oposición parece salpicado por todo lo que pasó.

En ese marco, la jueza María Eugenia Capuchetti avanza (a veces de manera errática) en la determinación de quiénes y cuántos fueron los que quisieron matar a CFK. La indagatoria del viernes de Gabriel Carrizo, sindicado como el supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos», abrió interrogantes sobre la catadura del personaje. La declaración fue buena, en términos de la defensa. Pero la prueba en su contra es muy comprometedora. Carrizo necesitará de una esforzada defensa, a cargo de un abogado que con sus ingresos de vendedor ambulante jamás podría pagar.

El abogado de Carrizo es Gastón Marano. Su más reciente irrupción mediática fue la representación de Mavys Alvarez, la novia cubana de Diego Maradona, quien reclamaba por una serie de supuestos delitos cometidos por el fallecido astro futbolístico y su entorno a principios de siglo. Marano es un profesional que habla tres idiomas, tiene fuertes vínculos con el Pro; con un sector de «los libertarios» cercano a Javier Milei y con la Embajada de los Estados Unidos. Su formación incluye cursos en el Departamento de Estado, el  de Defensa y el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos. Entre 2007 y 2010 fue «American Citizen Services Supervisor» en la órbita de la Embajada.

Una metáfora del turf le sube el precio a su defendido Carrizo: “si hay un matungo y arriba le ponés a Leguisamo, entonces no era tan matungo”. En esa visión, Leguisamo Marano defiende a un personaje que claramente no es el «matungo Carrizo».

¿Cuál es el vínculo de Carrizo con la ideología de odio hacia la vicepresidenta? Acaso haya que buscar respuestas en otras relaciones y otros escenarios.

Sabido es que el abogado Marano es asesor del senador del Pro Ignacio Torres. Semanas atrás, Torres propuso que Marano fuera autorizado a participar de una reunión de la Bicameral de Inteligencia, pero no se lo permitieron los miembros del oficialismo.

¿Cómo llegó Marano a Torres? A través de Eugenio Casielles, legislador porteño hasta 2023, quien integra el bloque Consenso Federal y tiene un estrecho vínculo político con Ramiro Marra, otro libertario cercano a Javier Milei.  Casielles es (o fue, cuanto menos) socio en un emprendimiento comercial con Miguel Ángel Toma, el ex jefe de la SIDE durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. ¿Alcanza eso para suponer que un sector radicalizado de la oposición le puso abogado a uno de «los copitos»? Por ahora, no. Por ahora.

Lo que parece descartado es que el financiamiento tuviera alguna relación con Nicolás «Nicky» Caputo o Luis «Toto» Caputo. «No tienen nada que ver», aseguran. Sin embargo, le prestan especial atención a las declaraciones de Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal, quien asegura haber recibido dos pagos por 1.760.000 mil pesos por un trabajo de carpintería para una obra en Neuquén sobre la que no hay mayores referencias ni precisiones. Francisco Sánchez, quien pidió la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner, es diputado nacional del PRO por la provincia de Neuquén.

Carrizo, dueño de la máquina de hacer copitos, está preso porque en su teléfono fue encontrada una conversación con una tal «Andrea» (a quien identificó como su “hermanastra”) en la que se hace cargo de la planificación del ataque. “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea… Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo, andaba bien”. Ante la jueza Capuchetti, dijo que eso fue «una broma» y que si lo dejan preso se va a suicidar.

Tal vez sea el momento de que alguien le ofrezca la posibilidad de convertirse en arrepentido.

El fiscal Carlos Rívolo fue coadyuvante en la Causa Cuadernos, en la que su colega Carlos Stornelli manejó a discrecionalidad «las sortijas» para los empresarios que pasaron de una residencia lujosa a una celda con camastro de cemento y letrina. Sin embargo, ante un hecho de tamaña relevancia institucional como el intento de asesinar a la vicepresidenta, a nadie se le ocurrió recurrir a esa herramienta.

Comienza el alegato de la defensa de Cristina

El alegato final de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa «Vialidad» comenzará este lunes de manera virtual, se extenderá por tres días y para la última jornada, el viernes próximo, se prevé que la vicepresidenta hable ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga junto a otros 12 acusados por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta «jefa» de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy expondrán su alegato final en tres jornadas, lunes, martes y viernes de esta semana y concluirán con un reclamo de absolución.

Para el viernes, la vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual, según fuentes cercanas a la exmandataria.