En el gobierno nacional suelen vanagloriarse de haber restituido el federalismo fiscal al modificar la coparticipación automática de impuestos e incrementar los fondos que va parar a las provincias. La realidad es que los grandes beneficiarios de esta política han sido la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, los dos distritos PRO por excelencia, al punto tal que 6,4 de cada 10 pesos originados por los cambios introducidos desde que asumió Mauricio Macri fueron a parar a las arcas que gestionan Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

El fuerte beneficio recibido por estos dos distritos, gobernados por quienes son considerados como el núcleo duro del poder de Cambiemos, resalta más aun a la luz de los debates por la aprobación del proyecto de Presupuesto 2019, en los que la voluntad de los gobernadores de la oposición fue fundamental para volcar el resultado a favor del oficialismo en la Cámara de Diputados. Y se espera que pase lo mismo en el Senado.

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En números redondos, las cuentas son las siguientes: las decisiones del gobierno nacional generaron un incremento en la coparticipación federal automática de 114.727 millones de pesos entre 2015 y 2018. De ese monto, la Ciudad de Buenos Aires se quedó con $ 36.965 millones en estos tres años; la provincia homónima, con $ 34.973 millones; Córdoba, Santa Fe y San Luis (provincias que recibieron la devolución del 15% de coparticipación que antes iba a Anses), $ 18.345 millones entre las tres; y las 19 provincias restantes, sólo se apropiaron de $ 22.444 millones.

Conviene aclarar que los pesos están medidos en moneda constante, es decir, descontado el efecto que provoca la inflación.

En porcentajes, CABA recibió un 34% de los nuevos fondos; a la Provincia de Buenos Aires le llegó el 30%; al grupo de Córdoba, Santa Fe y San Luis, el 16%; y al macrogrupo de las 19 provincias restantes, el 20 por ciento.

Es notoria la gran disparidad que existe entre las provincias en lo que hace a la percepción de los nuevos fondos coparticipables generados por las decisiones del gobierno nacional. Este desequilibrio se observa también de otra forma: seis provincias reciben ahora menos fondos por coparticipación que en 2015 si se divide la masa de dinero por la cantidad de habitantes de cada distrito.

Todos los datos se desprenden un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)

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La mejora de los ingresos fiscales por coparticipación, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Provincia, no fue pareja a lo largo del tiempo. Mientras que para la jurisdicción que comanda Rodríguez Larreta pasó a encabezar la recepción de fondos en 2016, el distrito que dirige Vidal cambió radicalmente su situación recién este año.

El cambio de situación en la Capital Federal se dio a partir de la emisión de un decreto del Poder Ejecutivo, el 194/2016, por el cual se subió el coeficiente con el cual CABA participa de la coparticipación, del 1,4% al 3,75 por ciento.

La decisión implicó que la Ciudad de Buenos Aires recibiera 16.747 millones de pesos extra sólo en 2016. La cifra ascendió a $ 31.216 millones al final de 2017.

La administración Macri justificó el incremento en las necesidades que le generaría a la Capital el traspaso de la Policía Federal, criterio que fue impugnado por toda la oposición política ya que el beneficio superaba con creces el costo. A fin de neutralizar las críticas, el decreto incluyó la decisión de que ese incremento a favor de CABA saliera de los ingresos que recibía el gobierno nacional, sin tocar los de las provincias.

Córdoba, Santa Fe y San Luis también vieron crecer sus ingresos por coparticipación en 2016 porque se les restituyó el total de la precoparticipación del 15% que iba a Anses. Entre 2016 y 2017 recibieron $ 9214 millones según los cálculos de IARAF.

En cambio, las 20 provincias restantes, en este caso incluida la Provincia de Buenos Aires, tuvieron caídas en la coparticipación por unos $ 16.800 millones en esos dos años.

Pero el caso de la Provincia de Buenos Aires se revirtió totalmente este año, luego de la firma del Consenso Fiscal, en noviembre de 2017.

Como se sabe, el Consenso Fiscal se armó en torno del reclamo de La Plata para lograr un nuevo reparto de los fondos coparticipables. El gobierno nacional armó una hoja de ruta que garantizara esa pretensión, que incluía modificaciones en Ganancias y en el impuesto al Cheque –en lo que hace a tributos nacinales– y en Ingresos Brutos en los provinciales. La frutilla del postre fue la reducción de ingresos de los jubilados para compensar a las provincias, lo que generó el repudio popular expresado en las movilizaciones al Congreso del 14 y el 18 de diciembre.

La administración de la gobernadora Vidal logró incorporar poco menos de 36 mil millones de pesos para este año.

Lógicamente, la inflación melló este nuevo ingreso y el reclamo de actualización realizado por Vidal amenazó el armado de la votación del Presupuesto.

Cuesta abajo

El proyecto de ley de Presupuesto 2019 fue muy discutido. En el Ministerio de Interior, que comanda Rogelio Frigerio, quieren que se cierre lo antes posible este tema. "Lo venimos discutiendo desde septiembre", recordó días atrás un miembro de esa cartera. No facilitó las cosas el hecho de que fuera un Presupuesto redactado según la pauta del déficit 0 acordado con el Fondo Monetario.

Un sector importante de los gobernadores alineados en el PJ respaldó el proyecto, a pesar de la quita del Fondo Sojero y de una clara distribución desigual de los nuevos recursos coparticipables, a cambio de pequeñas modificaciones que le agregaron beneficios puntuales, especialmente obras públicas, pero cuya concreción quedó totalmente en manos del Poder Ejecutivo. Lo expresó con claridad el diputado del PJ por La Rioja Luis Beder Herrera, quien dijo durante la discusión en la Cámara Baja: "Espero que envíen los fondos; si no, va a ser tremenda la pobreza en La Rioja".

El respaldo de estos gobernadores se justificó en nombre de la deuda fiscal, un agregado al Consenso de 2017 que modificó algunas de las previsiones originales: congeló la baja de Ingresos Brutos, habilitó el incremento de Bienes Personales y  modificó la distribución de ganancias, entre otros cambios.

Cuatro de los gobernadores que se volcaron en favor del proyecto oficial administran provincias que reciben menos fondos por coparticipación por habitante que en 2015. Son los casos de Salta, Neuquén, Misiones y Chubut. Tierra del Fuego y Santa Cruz también se encuentran en la misma situación, pero sus gobernadores rechazaron el Presupuesto nacional.

La foto de la coparticipación de 2018 se ampliará en 2019 y 2020, cuando las provincias terminen de recibir el 15% que antes iba a la Anses y se equiparen a Córdoba, Santa Fe y San Luis en lo que hace a la percepción plena de recursos. Pero eso no cambiará el escenario principal, marcado por la primacía de la provincia de Buenos Aires y CABA, a pesar de que el coeficiente de coparticipación automática de ésta última retrocedió del 3,75% al 3,5 por ciento.

La foto tiene otra cara más: la tendencia del Estado nacional será la de continuar horadando los derechos fiscales de la provincias en la medida en que se encuentre encadenado al pago de la deuda pública, cuyos intereses sumarán casi 600 mil millones de pesos en 2019. Mantener esa hipoteca hará que sea difícil que se sostenga la previsión del Presupuesto del año próximo, que prevé que las provincias se lleven el 49,8% de la coparticipación federal, contra un 47,2% de este año. «

El Presupuesto se vota en el Senado el miércoles

La vicepresidenta y presidenta provisional del Senado, Gabriela Michetti, emitió el jueves pasado la citación al conjunto de los senadores de la Nación para sesionar el próximo miércoles a las 14. El objetivo del oficialismo es convertir en ley el Presupuesto 2019 y aprobar el paquete económico complementario, que ya vienen con media sanción de Diputados.

Pero, según fuentes del Congreso, Cambiemos formuló la convocatoria de una manera tal, con carácter especial, que evitó incluir en el temario el dictamen de rechazo a la supresión del Fondo Federal Solidario (FoFeSo).

El proyecto de Presupuesto que ya cuenta con media sanción logró dictamen favorable el martes de la semana pasada con 12 firmas.

De acuerdo con los cálculos del oficialismo, espera sancionarlo en el recinto con alrededor de 42 votos que les llegarían de senadores propios y de un sector de Argentina Federal, el bloque que lidera el peronista rionegrino Miguel Ángel Pichetto, además de legisladores de otros espacios, como el salteño Juan Carlos Romero, el neuquino Guillermo Pereyra y los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari.

Luego de votar el Presupuesto, la Cámara Alta pasará votar el proyecto, también con media sanción, que modifica el impuesto a los Bienes Personales. Pero ese texto sufrió un cambio –impulsado por Pichetto– que plantea exceptuar del tributo a las "casa-hogar" de hasta 18 millones de pesos de valor. Además, engancha la valuación de la propiedad a lo que determine el nuevo Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles.  Así, de aprobarse, volverá a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

Otros dos proyectos del paquete –que serán convertidos en ley– son el que busca actualizar los criterios del revalúo de ganancias de empresas por inflación; y el que ratifica la adenda al Consenso Fiscal, firmada por 19 gobernadores, que incluye medidas para compensar a las provincias por el traspaso de servicios. Esta denda congela la reducción de los tributos provinciales, habilita el incremento del peso de Bienes Personales y redistribuye los ingresos provenientes por Ganancias, entre otras consideraciones.

El paquete económico también incluye el proyecto para modificar la alícuota del impuesto a cooperativas y mutuales financieras y de seguros –será girado a Diputados para su sanción– y un régimen de monotributo especial para productores cañeros. En este último caso, el Senado ratificaría la redacción original, en línea con la postura del peronismo.

Para pagar las deudas con Nación

Las provincias argentinas acumulan una deuda de 145.018 millones de pesos con el Estado nacional. Si bien existe un plan concreto de pagos, el escenario económico general y las nuevas responsabilidades en los gastos que tendrán las provincias influyen en los gobernadores a la hora de definir su posición en la discusión del Presupuesto  2019.

Es que las provincias asimilarán nuevos gastos desde 2019 a partir de la denda al Consenso Fiscal y los acuerdos fiscales previos. Entre esas responsabilidades se encuentran la tarifa social eléctrica, los subsidios al transporte de pasajeros, además de traspaso de la responsabilidad sobre la tarifa de Edenor y Edesur.

Si bien las provincias cuentan con mayores recursos que antes (ver nota principal), algunas ya tienen previsto recurrir al mercado financiero para cubrir eventuales baches.

Acá es donde aparece el Estado nacional. Por dos motivos: el primero es que las provincias requieren una autorización del gobierno nacional para endeudarse en el exterior. El segundo es que el mercado de deuda internacional está, al menos por ahora, cerrado a la Argentina, mientras que el local cobra tasas siderales.

En ese escenario, es probable que el Estado nacional o alguno de sus organismos, como Anses, se convierta en el único prestamista