Hasta ayer, Horacio Rodríguez Larreta aún no había vuelto a hablar con Alberto Fernández desde el anuncio del miércoles. Sí se cruzó mensajes de WhatsApp con Axel Kicillof, que en la noche del lunes le escribió solo para empezar a conversar sobre la situación sanitaria del Área Metropolitana.

Ayer, al cierre del día, no había todavía precisiones sobre los anuncios previstos al filo del fin de semana en torno a la continuidad de las medidas vinculadas a la administración de la pandemia. En la agenda no figuraba aún ni un encuentro con el Presidente y el gobernador, ni mucho menos un supuesto anuncio compartido, que ya no tuvo lugar en la última puesta en escena en Olivos. Sí estaba prevista para este miércoles una reunión entre los jefes de Gabinete de las tres administraciones.

Por el contrario, Rodríguez Larreta dedicó parte de la tarde del martes a supervisar la presentación que sus asesores jurídicos preparan desde la semana pasada a tiempo completo para llevar a la Corte Suprema, y que se empezó a gestar en la mismísima noche del miércoles, un rato después de que Alberto Fernández anunciara el recorte de la coparticipación.

El jefe de Gobierno apuró ayer a sus asesores legales, que no tuvieron descanso el fin de semana y que ya llevan escritas más de 100 páginas: quiere presentarse ante el máximo tribunal de Justicia, de ser posible, entre esta noche y el jueves a primera hora. Para capitalizar la estrategia judicial y que no se “pegue” a los anuncios vinculados a la extensión de la cuarentena, que obligan al Gobierno porteño y a la Casa Rosada a trabajar de manera coordinada.

Gabriel Astarloa, el procurador General de la Ciudad; el secretario de Justicia, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario, Jorge Djivaris, tres de los funcionarios a cargo de la presentación ante la Corte, pasaron buena parte de la tarde de ayer en las oficinas del tercer piso del jefe de Gobierno.

“Tenemos un caso sólido”, aseguraban ayer, confiados, en el entorno de Rodríguez Larreta. En la Ciudad saben que las posibilidades de que la Corte Suprema se haga eco de la medida cautelar con la que la Ciudad intentará frenar el descuento diario de los fondos que recibe por coparticipación del Estado nacional son bajas. Pero aún así había renovadas esperanzas: “Había un presupuesto armado y la decisión del Gobierno se dio de manera intempestiva, de un día para el otro, y en medio de una pandemia”.

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

Más allá de la cautelar, el jefe de Gobierno apuesta de todos modos a la cuestión de fondo, es decir a la supuesta inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández, que decidió recortar 1,18% de la coparticipación que la Ciudad recibe del Estado nacional para crear un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires.

En la reunión de ayer a la tarde, los funcionarios porteños todavía analizaban si la presentación en la Corte encabezada en los papeles por Astarloa estaría acompaña por un constitucionalista bajo la figura de amirus curiae. Hubo algunos sondeos.

Rodríguez Larreta y su staff jurídico saben que la composición de la Corte es heterogénea, y que cada uno de sus integrantes atiende su propio juego.

Durante el verano, mucho antes de que el coronavirus cooptara la agenda pública y la discusión en torno a la coparticipación sí estaba semanalmente en la mesa de negociaciones entre las administraciones porteña y nacional, el jefe de Gobierno había empezado a tejer vínculos con el mundillo judicial. Se encontró, incluso, con alguno de los miembros del máximo tribunal. En privado.

La posición que la Corte Suprema vaya a adoptar en relación a la disputa que la Ciudad está a punto de judicializar es una incógnita en las oficinas de la calle Uspallata. Pero algunos dirigente periféricos al gabinete porteño celebraban ayer la decisión de los jueces de posponer el análisis de los amparos presentados por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia hasta tanto el Senado no los haya expulsado de la Cámara Federal, como una señal al kirchnerismo que después podrían compensarle a la oposición. Una lectura enrevesada. Y una paradoja por la posición de Juntos por el Cambio, que ve en la avanzada de Cristina Kirchner un atropello al Poder Judicial.

Las consultas que el equipo jurídico que asesora al jefe de Gobierno había empezado a realizar en el verano, en plena discusión con la Casa Rosada, volvieron a ser desempolvadas en estos últimos días, una vez que el Gobierno decidió avanzar en el recorte de fondos que recibe la Ciudad. La demora en la presentación, que en estas horas terminaban de ultimar, se explicaban ayer por la complejidad del trámite: “Tenemos un solo tiro en la escopeta”.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, el jueves pasado (Prensa GCBA)

La Ciudad busca fortalecer su posición y debilitar la herramienta -el decreto- que la Casa Rosada utilizó para recortar el presupuesto que envía a diario a la administración porteña, y que a principios de 2016 Mauricio Macri aumentó, también por decreto, por el traspaso de la Policía Federal. Pasó en su momento de 1,4% a 3,75%.

Un año más tarde, con la firma del pacto fiscal entre el Estado y las provincias, quedó en 3,5%.

Astarloa, que comparte con el jefe de Gobierno fanatismo por Racing -formó parte de su comisión directiva- Djivaris y D’Alessandro, que trabajan bajo la supervisión política de Diego Santilli y Felipe Miguel, apuraban anoche el escrito con el que buscarán la inconstitucionalidad de la decisión presidencial con una explicación detallada de cómo usaron el 2,1% de los fondos que recibió hasta la semana pasada por coparticipación para financiar el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.

Dicen que en estos cuatro años, esos fondos fondos fueron aprobados por la Comisión Federal de Impuestos, en la que tienen representación todas las provincias: sus actuales presidente y vicepresidente pertenecen a Catamarca y Santa Cruz, respectivamente.

En la administración porteña aseguran además que en la firma del pacto fiscal de diciembre del año pasado no hubo alusión al tema. En Casa Rosada insisten, sin embargo, en que el aumento de fondos por parte de Macri en el 2016 fue excesivo y arbitrario, y que el funcionamiento de la policía insume solo el 0,92% de los recursos. Y no el 2,1%. Y que el decreto utilizado por el ex presidente también fue inconstitucional. Este martes, de hecho, circuló la versión de que legisladores del Frente de Todos también podrían acudir a los tribunales por esa medida.

La decisión del miércoles pasado de Olivos por parte de Fernández, rodeado de Axel Kicillof y de los intendentes del PRO y del PJ, y con la quinta presidencial rodeada por una revuelta policial, podó en 1,18% el presupuesto de la CABA.

Desde el jueves pasado, con la publicación en el Boletín Oficial, la Ciudad empezó a recibir un promedio de $150 millones menos diarios en la cuenta que posee en el Banco Nación: pasó de $450 a $300 millones.

Alberto Fernández y Axel Kicillof

Ayer, circuló un informe reservado del Gobierno con el detalle de la transferencia que Macri realizó en su gestión y que, según la Casa Rosada, justifica la decisión del pasado miércoles. “Se financió en exceso los gastos de la transferencia efectuada”, subraya el documento en alusión a la transferencia de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.

En las próximas horas, la disputa estará en manos de la Corte. En el mismo momento en que Rodríguez Larreta y Fernández deban volver a negociar la continuidad de la cuarentena.