El objetivo es alcanzar una línea de diálogo entre el gobierno nacional y el porteño, aunque en principio no habría acuerdo. CABA volverá a reclamar por el recorte de fondos que llegó a $40.000 millones en siete meses
Representantes del gobierno nacional y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires volverán a verse las caras este miércoles en una nueva audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto por los fondos de la coparticipación federal.
Semanas atrás el ministro de Economía Martín Guzmán y el de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, recibieron a Horacio Rodríguez Larreta para discutir el tema en privado. No hubo avances en la negociación. El recorte de fondos implicó la pérdida de 40 mil millones de pesos en los últimos siete meses, según estimaciones de la administración porteña. Sin embargo, fuentes del gobierno porteño indicaron luego del encuentro que Larreta “reafirmó su permanente predisposición al diálogo para acordar el traspaso del sistema de Seguridad Pública en forma ordenada y consensuada”.
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La discusión no se dará en el marco de la ley votada por el Congreso, porque la Ciudad entiende que es inconstitucional y afecta sus derechos, al transferirle por goteo una serie de recursos que antes pasaban en forma automática y con un mayor caudal. El Ejecutivo porteño paralizó todas las obras públicas y tuvo que implementar un fuerte recorte de gastos y aumento en los ingresos para financiar a las fuerzas de seguridad, que insumen 95.000 millones de pesos.
Sin embargo, por la decisión de Nación, el monto transferido es de 24.500 millones de pesos, por lo que la diferencia debe ser cubierta por la Ciudad. Para la administración porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad.
Horacio Rodríguez Larreta junto a los ministros Martín Guzmán y Eduardo "Wado" De Pedro
Ciudad seguirá apostando a la Corte Suprema que convocó una nueva audiencia para esta mañana. De parte de CABA concurrirán el procurador porteño Gabriel Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan. Nación enviará segundas y terceras líneas, como lo ha hecho en las últimas audiencias a la que han asistido los abogados del Ministerio de Economía de la Nación Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson.
Este nuevo encuentro tendrá lugar en la continuidad de las anteriores audiencias convocadas por la Corte Suprema para intentar proponer una vía de diálogo y conciliación entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad.
Además de las cuestiones constitucionales, entre los puntos que Ciudad entiende prioritario discutir se encuentran el monto necesario para financiar el servicio de Seguridad transferido, el mecanismo de actualización de dicho monto -que debe ser representativo y transparente-, y el mecanismo de transferencia de los recursos, el cual debe ser automático y por fuera del Presupuesto nacional, indicó CABA mediante un comunicado. Sobre todas estas cuestiones debería alcanzarse un acuerdo razonable que no es el que está previsto en la Ley 27.606 que la Ciudad ha cuestionado por ser inconstitucional.
Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta (EFE)
Sin embargo, en principio no habría acuerdo, por lo que el máximo tribunal tendrá que decidir si continúa con la mediación o la cancela y avanza en el análisis del expediente.
La disputa surgió luego de la decisión del Presidente de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad en septiembre de 2020 tras el conflicto que tuvo el Gobierno de Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.
El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación en las que no se llegó a buen puerto.
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