El ministro Wado de Pedro defendió la reducción de los fondos destinados a la Ciudad que dispuso Alberto Fernández, después de que Mauricio Macri los aumentara discrecionalmente durante su presidencia. Horacio Rodríguez Larreta insistió en su planteo de inconstitucionalidad de la medida.

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) siguen sin ponerse de acuerdo sobre el porcentaje de fondos coparticipables necesarios para el funcionamiento de la policía porteña. Por cuarta vez tuvieron una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema y salieron de allí sin solución y apenas un acercamiento. El máximo tribunal les dio 30 días para negociar entre ellos, por fuera de tribunales. Si vuelve a fallar el diálogo, serán los supremos los encargados de saldar la discusión con una sentencia. El disparador del expediente que se abrió con una demanda del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el decreto de Alberto Fernández de septiembre de 2020 que redujo del 3,5 al 2,3 por ciento los fondos que recibe la CABA y que Mauricio Macri había triplicado en 2016. En un comienzo expresidente no aclaró el destino de ese incremento, luego puso en un decreto que era para el traspaso de la Policía Federal. 

La última audiencia se había hecho en junio de 2021 pero después de eso el gobierno porteño cortó el diálogo. En el fondo nadie esperaba que todo quedara resuelto en el encuentro de este jueves, pero sí algún avance. Los cuatro supremos y algunos secretarios recibieron a los funcionarios de ambas administraciones en el Salón Bermejo durante algo más de dos horas. Hay dos expedientes en paralelo bajo análisis: uno que planteó la inconstitucionalidad del decreto 735/20, que estableció la quita original después de las protestas de la Policía bonaerense que llegaron a la Quinta de Olivos (lo que marcó la falta de fondos para la provincia), y otro que cuestiona la ley que le siguió, la 27.606 que fue promulgada el 28 de diciembre de 2020. Esa norma estableció que había que abrir una mesa de negociaciones entre Nación y Ciudad para establecer la suma que finalmente recibiría CABA --para lo cual se fijaba un plazo de 60 días-- y mientras tanto se estipuló el traspaso de una suma de 24.500 millones cada mes. Esa cifra dejaba a la coparticipación en el 1,4 por ciento, que era el mismo porcentaje que percibía Macri, pero estaba abierta la negociación, algo que Rodríguez Larreta no aceptó.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fue uno de los representantes del gobierno nacional, y al terminar la audiencia dio varias definiciones. "Hoy fui a defender a las provincias; estoy abocado a que Argentina funcione de manera justa y federal”. Luego precisó: "Los argentinos y argentinas deben saber que, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la Ciudad pasó del 1,4 al  3,75 por ciento, y esta medida se llevó a cabo de manera discrecional, arbitraria y unilateral. Esos recursos que eran de todas las provincias, fueron asignados a la Ciudad de manera ilegítima sin tener aprobación del Congreso, como indica la Constitución Nacional. Durante 2015 y 2019 el incremento de las transferencias a las provincias fue de 3,6 veces promedio, mientras que el incremento en la Ciudad llegó a 10,6 veces", agregó. Rodríguez Larreta, dijo el ministro, "sabe muy bien que no se le quitaron fondos a la Ciudad, sino que se recuperaron los recursos que Macri quitó a las provincias de manera arbitraria". 

Frente a los supremos, De Pedro subrayó su búsqueda de diálogo permanente, que el gobierno de la CABA rechazó. Rodríguez Larreta también habló ante los jueces e insistió en su planteo de inconstitucionalidad de la ley --lo que achica las posibilidades de conversación-- y reiteró su reclamo de un porcentaje fijo, que es el que recibió del gobierno de Macri. A su entender, el gobierno nacional "desconoció los derechos de la Ciudad" y las bases del federalismo que marca la Constitución Nacional. Con eso se aferra a fallos marcados por el criterio "federalista" que adoptó la Corte, y que incluso favorecieron a la Ciudad, como en el caso de la discusión por las clases presenciales. Ante el tribunal se quejó por haberse visto obligado, según su punto de vista, a subir impuestos como en el caso de Ingresos Brutos a los títulos financieros como modo de compensar lo que para él es una "arbitrariedad". En números, el jefe de gobierno porteño dice que este año perderá 122 mil millones de pesos por la quita en cuestión; y que ya perdió 85 mil millones el año pasado y 15 mil el anterior. En una conferencia de prensa dijo que va a dialogar y que hará "todo lo que pueda" para acordar y que "seguirá defendiendo la autonomía" porteña.  

Los supremos se mostraron muy interesados en entender los cálculos planteados. Según pudo reconstruir Página/12, la encargada de refutar el razonamiento de la administración porteña fue la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Ya cuando el gobierno nacional contestó la demanda sostuvo que señalaba desde el vamos el cálculo de un "monto incorrecto e incierto" del traspaso de la policía. Incluso toma como parámetro el ejercicio del 2015, que es anterior al convenio del traspaso efectivo que se concretó al año siguiente. Al margen de esto, también sucede que según Nación el gobierno porteño al especificar algunos cálculos excede lo que atañe a las funciones de seguridad. Por ejemplo, en la misma bolsa ponen, entre otras cosas, al Registro Civil. Más allá de esto hay una diferencia de enfoque sustancial entre el gobierno nacional y el gobierno porteño: el primero sostiene que no está en discusión la coparticipación sino el costo en seguridad, ya que cuando se traspasan servicios (en este caso de Nación a Ciudad) se hacen las transferencias presupuestarias que requieran esos servicios puntuales; el segundo sostiene que debe discutirse el porcentaje de coparticipación y punto, que es lo que modificó en su momento Macri. 

Por la Ciudad también estuvieron en la audiencia el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, el procurador Gabriel Astarloa y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Por el gobierno nacional se sumó, además de Batakis, el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. Ahora todo indica que habrá encuentros de carácter institucional, político y técnico para ver si se resuelve el intríngulis de algún modo. Hay 30 días por delante y muchas dudas sobre si en ese plazo algo cambiará. En cuanto a la Corte, los casos sobre coparticipación siempre son cartas útiles para estirar y usar cuando mejor le vienen.