La marcha atrás con el cobro de copagos a los afiliados de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección, que el Gobierno decidió tras una reunión con los prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados), no fue tomada con tranquilidad entre los "financiadores", como se llama en el sistema a las compañías de medicina prepaga. 

A última hora del martes, la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a todas las organizaciones privadas de la actividad, ultimaba un comunicado que promete ser duro y, sobre todo, crudo en su descripción sobre el diagnóstico financiero del sector. En declaraciones televisivas, su presidente, Claudio Belocopitt, anticipó: "No retrocedimos. Aceptamos una imposición legal. Somos respetuosos. Tenemos que hacer frente al pago de ese 9% de los prestadores, que, en ese caso, deben levantar la medida. Pero eso no ocurre porque haya una solución al problema de fondo, que se profundiza cada vez más".

"Es como que uno salga a la calle sin paraguas sólo porque diga que no quiere mojarse", graficó el titular de Swiss Medical Group. 

El sistema privado de salud cubre a 33 millones de personas, el 70% de la población argentina. De ese total, 6,5 millones son afiliados a prepagas: 4,5 millones con planes corporativos y el resto, por su cuenta. Según fuentes del sector, el sistema arrastra un déficit mensual de, por lo menos, $ 23.000 millones.

Los aumentos aprobados para diciembre de 2020 (el único de ese año), 2021 y enero de 2022 habrán acumulado 60% en dos, contra una inflación por encima del 100%. El del mes próximo es el último ajuste previsto en el acuerdo cerrado en junio. "Desde entonces, la inflación se aceleró. Eso es letal para un sector con ingresos regulados e insumos desregulados. La ecuación no cierra", dicen. 

Este martes, después de una reunión con el Gobierno, las prestadoras de servicios médicos dieron marcha atrás con el cobro de un 9% de copagos a partir de enero para los afiliados de empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección, tal cual habían anunciado el fin de semana. El lunes a la tarde, cuando la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, había pospuesto la reunión que convocó originalmente para ese día, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN) emitió un comunicado en el que les recordó a las prepagas la "plena vigencia" de la resolución que autorizó la suba en sus cuotas para el mes próximo y que establece que ese aumento, del 9%, debe aplicarse en los pagos a sus prestadores.

"Las autoridades nacionales confirmaron la plena vigencia del incremento del 9% a partir del 1º de enero y aseguraron que arbitrarán las medidas para que sumpla el traslado por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección", señaló la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) en un comunicado.

"Desde el Estado, realizamos un acuerdo con las empresas de medicina prepaga, en el que se definió un número de aumentos. El último será en enero, del 9%. La resolución ministerial que autoriza este ajuste define que debe trasladarse a los prestadores. De lo contrario, no se estaría cumpliendo y la gente percibiría un doble cobro: el del copago y el aumento de la prepaga", expresó el Ministerio de Salud.

La situación, aseguran las prepagas, es crítica. "Hay empresas más chicas con problemas en su giro corriente y están al borde de la cesación de pagos. Y esta actividad es muy integrada: el efecto dominó, si se produce, sería imparable", dicen. A esto, se suma que la paritaria, del 45%, cubre hasta febrero. "Se reabre en los próximos días", explican en las empresas, conscientes de la alta probabilidad de que haya un ajuste salarial de dos dígitos bastante antes de lo esperado.

"Si tuvimos un 100% de inflación y las tarifas se actualizaron 50%, tenés que ser Mandrake, el Mago. No es algo tan difícil de entender", resumió Belocopitt. "El problema de fondo es la inflación: ¿alguien puede creer que podemos seguir con una inflación del 3% mensual e ingresos por debajo de eso? Es sumar dos más dos", planteó. 

Mientras algunos especulan respuestas ideológicas, relacionadas a la visión que manifestó hace meses Cristina Fernández sobre el sistema de salud, las prepagas analizan cómo seguir. "Volvimos al punto de partida", afirman en una financiadora. "La dificultad de trasladar el 9% de enero sigue siendo la misma y se pone en riesgo el financiamiento del sector", agrega. Tomaron fuerza dos opciones: recurrir a la Justicia o forzar definiciones del Gobierno, al menos, para febrero. "Todas las alternativas están abiertas", asegura la fuente.

En ambos casos, la carrera es contrarreloj: quedan sólo tres días hábiles en Tribunales antes de la feria judicial de enero, por un lado, y también es tan ínfimo el plazo como difícil por el contexto económico y político si se busca conseguir algún ajuste para febrero. "Ya estamos tarde", asegura, lacónico, un conocedor de un paciente con pronóstico reservado.