El  sector vitivinícola pide respuestas urgentes al Estado para mejorar su situación. Motivados por el deterioro del precio del vino de traslado y los bajos niveles de rentabilidad, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), reclama al Gobierno provincial que se avance de forma inmediata sobre una serie de pedidos que ya han sido dados a conocer a las autoridades en numerosas ocasiones. 

Entre los reclamos, llama la atención el pedido de prórroga de los plazos de vencimiento de créditos de cosecha, hasta tanto se vigorice el precio del vino. El primer vencimiento de la financiación que provee el Estado es en noviembre y los productores temen no poder cumplir con la obligación.

Carlos Iannizzotto, gerente de Acovi, reconoció que “no se ha definido cuál sería la fecha ideal para trasladar el primer vencimiento de los créditos”, pero aseguró que no debería ser antes de febrero, cuando la situación económica promete ser algo más holgada.

De todas formas, Eduardo Sancho, presidente de la Asociación, opinó que el corrimiento del vencimiento del pago de los créditos debería ser la última opción. “Esperamos que antes de noviembre el precio del vino mejore y no tengamos que llegar a eso. Si el Gobierno responde a nuestros otros pedidos, no habrá necesidad de extender el primer pago más allá de noviembre”, indicó. 

Piden más cupo para el mosto

La rentabilidad de los productores y otros actores de la cadena vitivinícola está en jaque y todos acusan a los excedentes de stock vínicos (sobre todo de blanco escurrido) como la principal causa del mal momento del sector, ya que la sobreoferta del mercado deteriora el precio del vino. La consigna entonces es muy simple: hay que disminuir los excedentes para levantar nuevamente el precio.

Para lograrlo, el Gobierno analiza diferentes medidas, como la implementación de los Títulos Vitivinícolas (TIVI), que funcionarían como bonos con garantía de vino. Sin embargo, los representantes de Acovi fueron más allá de la solución inmediata y reclamaron por una corrección en los porcentajes obligatorios para la elaboración de mosto, que surge todos los años del acuerdo entre Mendoza y San Juan.

“Esta temporada pedíamos 25% y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) determinó que sólo el 18% debe ser destinado a mosto. Es demasiado pronto para hablar del porcentaje el año próximo, pero consideramos que el acuerdo debe estar pensado exclusivamente para fortalecer el precio del vino de traslado, ya que el valor del mosto se determina en el mercado internacional”, comentó Iannizzotto. 

También dejó su opinión Daniel Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), quien definió de “fundamental” la necesidad de reducir el stock vínico y acusó al INV de ser uno de los responsables del problema. “El Instituto debe establecer un porcentaje para el mosto mucho más elevado. De lo contrario siempre habrá problema de excedentes”, indicó.

Más reclamos sin respuestas

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas pidió, además, acelerar la solución a otros reclamos que se han elevado al Gobierno en reiteradas ocasiones. “Ya está todo hablado con el Estado, pero no hay acciones concretas a nuestros pedidos”, protestó Sancho.

Las peticiones de Acovi consisten en la implementación de un fondo de retención de stock, la colocación de los TIVI y acceso al comercio internacional, en lo que respecta a los excedentes de vino. 

También se apunta a mejoras de rentabilidad con subsidios a los fletes, eliminación de retenciones al vino y aumento a los reintegros de exportación.

Por último, se pide “urgente sanción para la Ley que impulsa el uso de jugo concentrado de uva en la edulcoración de bebidas analcohólicas”.

En tanto, Daniel Rodríguez repasó otras inquietudes que AVM ha acercado a los funcionarios de la provincia. Por un lado, destacó la importancia de que exista una “reglamentación estructural” para que el Gobierno regule la implantación de viñedos, como medida complementaria para controlar el stock de vinos. 

Por otra parte, pidió mayor control sobre los precios que las bodegas pagan a los productores. “El Gobierno nacional asegura que la ley de abastecimiento contempla este problema”, se esperanzó.