La Justicia tiene en sus manos las pruebas documentales que permitirán poner la lupa en uno de los -presuntos- hitos de corrupción más grandes que se hayan visto en la historia de nuestra ciudad.

Las 95 cooperativas que administraban punteros e intermediarios elegidos a dedo por el intendente Pablo Bruera, sus hermanos Mariano y Gabriel Bruera, y el concejal Gabriel Céspedes, administraban fondos por casi 650 millones de pesos por año, de los cuales se estima que un 60% no iba a parar a los bolsillos de los trabajadores.

La investigación judicial que seguramente por su complejidad y alcance quedará en manos de la UFI N°8 de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, contará con varios expedientes que le permitirá avanzar hacia una única dirección: La corrupción y la estafa como metodología para hacer política.

Según la información que se tiene, las 95 cooperativas tenían una planta de 5200 trabajadores, quienes con sueldos que oscilan los 3500 pesos por mes, mantenían gastos corrientes por unos 18.200.000 pesos de salarios, y otros 2 millones al mes de materiales y herramientas de trabajo.

De esta forma y promedio de 240 millones de pesos por año partía de las arcas del Municipio para financiar a los trabajadores cooperativistas que realizaban tareas de limpieza y saneamiento (en la mayoría de los casos), para la Municipalidad de La Plata.

No obstante, anualmente el municipio comandado por el intendente Pablo Bruera pagaba la estrepitosa suma de 57 millones de pesos por mes para el mantenimiento y manejo de las 95 cooperativas. Esto es 684 millones de pesos al año.

Esta diferencia de casi 444 millones de pesos al año es la que deberá investigar la justicia dónde se encuentra. Ya que la misma no responde a los gastos corrientes que se tenían en el mantenimiento de las cooperativas ni en el pago de los sueldos de los trabajadores que las integraban.

LOS “RETORNOS”

En estos 20 días de iniciada la gestión municipal de Julio Garro, desde la Comuna en todo momento se habló de “intermediarios” que se quedaban con esa diferencia económica y daban “retornos” a los funcionarios políticos de turno.

Así es como se sospecha dentro del gobierno de Cambiemos, que gran parte de los funcionarios brueristas se veían beneficiados con estas dádivas que se robaban presuntamente todos los meses de las arcas del Municipio.

Entre los principales implicados en este tema se encuentran los tres hermanos Pablo, Mariano y Gabriel Bruera; pero a su vez está el concejal Gabriel Cépedes; el ex Jefe de Gabinete Municipal, Santiago Martorelli (quien también administraba Cooperativas); y el ex titular del Mercado Central, Mariano Suárez Folch.

A todos ellos la Justicia Penal de La Plata les pondrá principal interés en la investigación. Ya que todos han cambiado drásticamente su nivel de vida tras el paso por la gestión pública.

Así es como por ejemplo los Bruera fueron sindicados de tener un barrio privado y cerca de 400 lotes ProCreAr en el Municipio de Chascomús; y Suárez Folchs de construirse una verdadera mansión -con más de 20 habitaciones- en un barrio privado de las afuera de La Plata.

UN CAMBIO DE PARADIGMA

A pocos días de asumir, Julio Garro anunció la apertura del Registro de Cooperativistas, con el objetivo de “transparentar” el sistema de contratación y brindar “mejores condiciones” a los más de 5200 trabajadores que prestan servicio para la Municipalidad de La Plata.

Según se informó, luego de haber saldado el pago de la deuda contraída por la gestión Bruera, se logró regularizar a los trabajadores y “eliminar a los intermediarios”, para de esta forma permitir al municipio tener una contratación directa, sin el habitual desvío de fondos a manos de los punteros que administraban las cooperativas de trabajo.