La documentación aportada por el organismo que coordina el oficialista Regino Racedo consignó que las autoridades de esa organización tenían los mandatos vencidos y los últimos informes contables no registran movimientos hasta fines del 2014.

Según la denuncia formulada por Sánchez ante el fiscal federal general, Gustavo Gómez, la cooperativa de trabajo “Miguel Lillo” habría sido contratada por el anterior intendente, Osvaldo Morelli (FpV), para ejecutar obras públicas por un monto que superaría los $ 20 millones.

El actual jefe municipal, sobre la base de una auditoría que había ordenado, llevó a la Justicia Federal la denuncia por el presunto uso irregular de los fondos girados por la Nación para obras del plan “Más Cerca”. 

Los investigadores, en esta etapa inicial de la pesquisa, recibieron documentos del Ipacym en los que se detalla la situación de la cooperativa Miguel Lillo.

De los informes contables cerrados en 2012, 2013 y 2014 se advierte que éstos no registraron movimientos. En el parte, firmado por Racedo, se precisó que la organización fue creada en 2010, pero recibió la autorización para celebrar reuniones formales entre sus miembros en enero de 2015. “No hay constancia de que (la entidad) haya tenido la asamblea, al no presentar la documentación final de la misma. En ella estaba prevista la elección de autoridades”, dice el informe. 

El último Consejo de Administración que consta en el Ipacym, con vencimiento de mandato el 31 de diciembre de 2013, estaba integrado por Juan Antonio Ahumada (presidente), Marcelino Ahumada (secretario) y Guillermo Ferreira (tesorero), todos empleados municipales. “Está claro que la cooperativa creada durante la gestión anterior tuvo el objetivo de ejecutar obras con fines personales. De lo contrario, los procedimientos se hubieran hecho dentro del marco legal. 

El ex intendente Morelli pagó obras supervisadas por su hijo, Franco Morelli, y firmadas por un socio de éste”, afirmó el secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera. Y agregó: “también es cuestionable el hecho de que en las obras se utilizaran máquinas y materiales de la municipalidad”.

Sánchez se constituyó como querellante en la causa federal, en la que acusa a Morelli y a otros ex funcionarios. El jefe municipal concurrió a ese fuero para pedir que se determine si hubo malversación de fondos y/o incumplimiento en los deberes por parte de las autoridades de la gestión anterior.