Eudaldo Agustín Rossi, hijo, seguirá detenido en la Alcaidía de Resistencia. Así se desprende de la resolución del Superior Tribunal de Justicia que rechazó una acción de habeas corpus impulsado por la defensa del hasta ahora único detenido por la presunta estafa de la Cooperativa Arraigo Limitada a empleados públicos con el sistema de códigos de descuento. 

 La decisión, fechada el 22 de septiembre, lleva las firmas de los jueces Rolando Toledo –presidente-, Iride Isabel Grillo, Ramón Avalos, María Luisa Lucas y Alberto Mario Modi. La medida judicial se produjo en el marco del Expediente Nº 22/14 caratulado “ROSSI, EUDALDO AGUSTIN S/HABEAS CORPUS”. 

 Vale recordar que Rossi se encuentra detenido en la Alcaidía de Resistencia desde el 14 de agosto pasado, luego de que el Juzgado de Garantías Nº2, le dictara prisión preventiva. Ante la oposición de su defensa, el Juzgado convocó a una audiencia para el 22 de agosto que, por pedido del Ministerio Público Fiscal, debió posponerse para el 12 de septiembre. 

 En el ínterin, la defensa técnica de Rossi, a cargo de la abogada Olga Mongelós, presentó la presente acción de habeas corpus directamente ante el Superior Tribunal de Justicia. La defensa del imputado consideró que “a raíz de las dilaciones existentes en la causa, se ha vencido el plazo razonable de detención y del proceso”. En ese sentido, consideró que “como consecuencia de ello la restricción de su libertad se convirtió en ilegítima en virtud del carácter irrazonable, arbitrario y parcial del proceso seguido contra él”. 

 “Dentro de los plazos”

 “De los datos colectados se puede apreciar que la situación procesal del Sr. Rossi, así como su oposición a la prisión preventiva, están siendo tratados por el Tribunal competente dentro de los plazos establecidos por el código de rito de nuestra provincia”, señala la resolución del Superior Tribunal de Justicia, entre sus fundamentos. 

 Al respecto, precisa que “el tiempo que el recurrente lleva privado de su libertad es el resultado de la prisión preventiva dictada en su contra. A lo cual cabe agregar que el plazo de detención no se halla vencido ni ha perdido proporción en función a los hechos investigados, por lo que mantiene el carácter de razonable. Todo ello desvirtúa las argumentaciones respecto a que se encuentran fenecidos los plazos legales de prisión preventiva y de duración razonable del proceso”.

 El caso

 La fiscal Nº 4, Graciela Griffith Barreto, inició la investigación en torno a esta entidad después de que una asociada, docente del interior provincial, advirtió en sus recibos de haberes descuentos más que considerables, que superaban las cuotas de devolución del crédito comprometidas por ella. Según denunció en aquella oportunidad, en la cooperativa le informaron que se trataba de descuentos por un crédito que había obtenido, sin embargo, no sólo advirtió que el monto era excesivo, sino que los descuentos correspondían a seis créditos cuando en realidad sólo había tomado tres. En el curso de la investigación, se dijo que otros 150 empleados públicos acudieron a la Fiscalía con documentación con la que probarían estar siendo víctimas de una estaba del mismo tenor.

 La Justicia supo además que Arraigo vendió su cartera de créditos a otra cooperativa ubicada en la ciudad de Buenos Aires, denominada "Cerrito” cuyos titulares serían, casualmente, los mismos Eudaldo Agustín Rossi, padre e hijo. Estos ejecutivos realizaban operaciones a través del Nuevo Banco del Chaco bajo la figura de "fideicomiso financiero”, por lo que la entidad crediticia provincial decidió constituirse como querellante en la causa, con el patrocinio de los abogados Jorge Alcántara y Darío Ríos, ante la posibilidad de ser afectada por esa acción y con el fin de facilitar y poner a disposición de la Justicia la documentación obrante en su poder que pudiera contribuir a la causa.

 Apartamiento de la fiscal y polémica

 Luego de que Rossi fuera detenido, su abogada pidió el apartamiento de la fiscal que llevó adelante la investigación. Fue en base a una disposición del Superior Tribunal de Justicia según la cuál la doctora Griffith Barreto no puede intervenir en ninguna causa que la tenga como parte. En aquel momento, la Procuración General resolvió delegar la continuidad de la investigación en la Fiscalía Nº 5 y, antes de la feria de invierno, habilitó un equipo especial para que siga trabajando en la causa. La decisión provocó fuertes críticas de las autoridades del Nuevo Banco del Chaco, que también es querellante en la causa por considerarse damnificado ante el presunto accionar de la Cooperativa Arraigo Limitada.