Otra figura política que se muestra en contra de los “intermediarios” de los planes sociales. Esta vez fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. En una conferencia, Wado confirmó que el Gobierno de Alberto Fernández trabaja en un proyecto para que la administración de los planes sociales pase de las manos de las organizaciones a las provincias y municipios. 

“La vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) puso en agenda la administración de una política pública que son los recursos que invierte el Estado nacional en contener a sectores que no están todavía en el mercado formal”, afirmó De Pedro.

Y continuó: “El objetivo como peronistas es generar trabajo. Perón decía: ‘Gobernar es generar trabajo’. Nosotros tenemos que generarlo. Entonces todo lo que podamos hacer parar articular, para que esa ayuda social se convierta en trabajo, es el objetivo”.

Las frases de Wado fue en la sede del Partido Justicialista de Santiago del Estero, provincia a la que viajo para mantener un encuentro con dirigentes y precandidatos. En diálogo con medios locales, el ministro del Interior afirmó: “El debate se va a dar sin perder el miedo a que la vicepresidenta diga algo y que por ahí no coincida con a quién que le toca administrar los recursos del Estado y que choque con una visión”.

Por otra parte, el ministro dio detalles del proyecto vinculado al manejo de los planes sociales por parte del Estado. “Hay una nota firmada por más de 19 gobernadores que piden que un porcentaje de esos planes sociales sean administrados por Estados municipales y provinciales”.

Hace unas horas, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dio a conocer que ya comenzó el traspaso de entre 180.000 y 200.000 planes del plan Potenciar Trabajo a gobiernos provinciales y municipales. Además explicó que dicha medida se encuentra en vigencia desde el 29 de diciembre de 2021. Durante una entrevista, Zabaleta afirmó, tras el cuarto intermedio con las representantes de Unidad Piquetera: “No habrá más altas del Plan Potenciar Trabajo”.

Y continuó: “Estamos trabajando para que los gobernadores e intendentes nos ayuden a que los beneficiarios sepan que pueden elegir dónde quieren trabajar, que no pueden ser rehenes de nadie. Hay que comunicar mucho más que los beneficiarios tienen derechos que no pueden ser vulnerados". Además, Zabaleta dijo sobre los “intermediarios” de los que habló CFK: “Hay 7 mil denuncias concretas de irregularidades, de gente que se veía presionada por tener que movilizar o que les pedían plata”.

El lunes 20, durante un acto de la CTA, junto a Hugo Yasky y el ministro Jorge Ferraresi, Cristina había dicho: “El Peronismo es laburo. El Peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja de un plan. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Con contundencia, la vicepresidenta dejó en evidencia la estrategia de ciertos dirigentes de organizaciones sociales. Y, de paso, le marcó la cancha al gobierno de Alberto Fernández.

Por supuesto, diferentes dirigentes sociales le salieron al cruce a la ex presidenta. Los primeros fueron los líderes del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico. Les siguieron Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Luis D'Elia, y el titular de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Por último, se sumaron Néstor Pitrola, ex diputado nacional del Frente de Izquierda; Silvia Saravia, la  Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie; Gabriel Solano, legislador de Partido Obrero; y Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero, entre otros.

En ese contexto,  el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a los dirigentes del Partido Obrero, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”, en el marco de un supuesto cobro del 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo que milita en su agrupación.

La denuncia del fiscal se basa en una nota de Clarín publicada el 13 de junio, en el que Solano afirmó: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

En el expediente 2078/2022 se lee: “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”. Y pidió que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020”.