Por Macarena Ramírez y José Maldonado.

El crecimiento exponencial sin precedentes de la pobreza en lo que va de la gestión de Javier Milei golpea al conurbano bonaerense. Intendentes y demás dirigentes políticos y sociales bien conectados con la vida cotidiana de la gente coinciden en que hay una creciente demanda de alimentos y alertan sobre focos de extrema violencia en comedores donde se repiten peleas por un plato de comida.

Con todo, aun cuando describen un clima enrarecido, los consultados hablan también de una inercia, un adormecimiento de la sociedad que sufre en los barrios, donde no ven una bronca generalizada encauzada hacia el gobierno nacional.

En el conurbano, esa porción equivalente al 1% de la superficie del país donde vive el 25% de la población total y el 64% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, reina una tensa calma que nadie se anima a pronosticar hasta cuándo durará.

Números que matan

Como contó este medio, la pobreza creció en tres meses más que en los ocho años de los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Según el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), en 90 días creció 10,8 puntos -pasó 44,7% de finales de 2023 a 55,5% en marzo-, un incremento sin precedentes en las últimas dos décadas. La indigencia pasó de 9,6% a 17,5% en el mismo período. Una escalada brutal.

De acuerdo al mismo estudio, la pobreza, que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria, ya alcanza a 24,9 millones de personas que residen en áreas urbanas del país, de las cuales unas 7,8 millones están sumergidas en la pobreza extrema o indigencia.

Como escribió José Maldonado esta semana, estos números sólo tienen comparación con lo ocurrido en otros dos momentos históricos: la hiperinflación de 1989 y la crisis de 2001. En ambos casos, las líneas de trayectoria marcaron recuperaciones más o menos rápidas y más o menos sostenidas. Ahora, los expertos que trabajan en las mediciones advierten que los números podrían empeorar si a la lenta desescalada inflacionaria se le suma una profundización de la recesión y un shock de desempleo.

Filas por un plato de comida

En una entrevista concedida días atrás a La Nación, el ministro de Gobierno Carlos Bianco dijo que “no” ve que vaya a producirse un estallido social. “A pesar de que la situación se deterioró muchísimo y eso genera situaciones de mayor exclusión y violencia en los barrios, no hay un clima de lo que uno podría llamar estallido. No existe tal cosa hoy en el conurbano bonaerense”. Algo de distancia de aquella mirada del ministro Andrés Larroque de hace dos años, cuando, a la salida de la pandemia y en plena guerra interna con el por entonces presidente Fernández, disparó: “El conurbano no da más y sólo le ponemos curitas”, dijo a Letra P.

En el territorio coinciden con Bianco. No se avizora, al menos hoy, una situación de caos, aunque repiten que una chispa pueda acelerar y profundizar el proceso de conflictividad.

“La demanda de alimentos es enorme. Cada vez viene más gente. Se hacen largas filas y en poco tiempo se termina lo que hay. Entre una entrega y otra viene gente porque no llega a aguantar hasta la próxima. También se acercan muchas familias a consultar cómo hacer para recibir asistencia porque nunca antes la habían necesitado”, relata a Letra P la secretaria de Desarrollo Social de un municipio del oeste del conurbano.

Se cortaron las changas y aumentó la delincuencia. Un dirigente que vive en un lugar humilde de la zona sur del conurbano lo cuenta así: “Cuando los pibes del barrio que andaban con la cortadora de pasto, vendiendo alguna cosa o haciendo trabajos de albañilería desaparecen es porque ya no hay laburo y salen a robar, porque mantienen familias. Ahora, esos pibes desaparecieron. Eso es jodido”.

Violencia por comida

Los movimientos sociales, que trabajan con menos recursos que antes, ven que la situación se agravó hasta generar niveles de conflicto inéditos. “Estamos teniendo casos de peleas a cuchilladas por los lugares en los comedores”, contó a este medio Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP, el frente gremial de las organizaciones sociales.

Sin ninguna asistencia de la administración central, la enorme red de comedores que maneja Barrios de Pie, el Movimiento Evita, Libres del Sur y otros movimientos puede abrir sus puertas para dar alimentos cada vez menos días a la semana. “No hay abastecimiento y la demanda es cada vez mayor. Cuando abrimos, porque conseguimos algún aporte, por una rifa o algo, la gente se pelea por los cupos”, relata una trabajadora de UTEP.

En algunos comedores se produjeron incidentes violentos con armas. “Tuvimos un caso de una pelea con un cuchillo. Cuando intervenimos y logramos desactivar el problema, escuchamos situaciones muy extremas. Gente que viene al comedor un lunes y no comió nada desde el viernes. Después de 40, 50 minutos esperando, los conflictos estallan”, contó Gramajo y agregó: “Los conflictos estallan en los comedores, en los hogares, en forma de violencia interpersonal, y en el delito callejero”.

Javier Milei puede esperar (¿puede?)

Con todo, los interlocutores consultados coinciden en que la necesidad extrema no se traduce directamente en bronca contra el presidente Milei, pese incluso al escándalo de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que retuvo más de cinco millones de toneladas de alimentos.

“Hay un clima de apalancamiento, pasividad, resignación entre la gente. No hay una cosa de exteriorizar bronca. Muchos creen que todavía hay que aguantar y están expectantes de que las cosas cambien”. La descripción que hace el funcionario de un distrito peronista resume la mirada de muchos de los consultados.

Todos destacan además las redes de contención que, a diferencia de 2001 cuando estalló todo, se activaron ahora. La asistencia del gobierno bonaerense, de los municipios y fundamentalmente de la de las organizaciones sociales, son claves en la contención en las barriadas.

La ayuda alimentaria es la prioridad, dice otro intendente y afirma que se está haciendo una inversión mucho mayor a la de otros tiempos, además de un monitoreo permanente de la calle.

“Aunque no esté de acuerdo, la gente está esperanzada todavía. Le está dando tiempo, se está gastando la poca plata que tiene. Pero esto es ahora, no se llegó al pico de necesidad, la situación puede cambiar en cualquier momento. Nadie sabe cuándo se puede encender la chispa que genere un estallido”, dice un funcionario de alto rango de un municipio con grandes bolsones de pobreza.

El gobierno de Kicillof, los intendentes, las organizaciones sociales, todos trabajan para evitar una situación de caos. Los jefes comunales, primer mostrador de los reclamos en el territorio, tampoco tienen la fuerza para canalizar el rumbo del enojo o la frustración social hacia un lugar determinado, centralmente porque “toda la política está muy desprestigiada y todos son parte del problema”.