El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró aplicable la conmutación de pena del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad, recibió el desacuerdo de un amplio y heterogéneo arco político e ideológico.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró: “la decisión de los tres miembros (de la Corte que votaron en favor del fallo) de equiparar los delitos comunes con los de lesa humanidad le hace un daño profundo a toda la sociedad; daña muchísimo el derecho de verdad y justicia”.

También el abogado Daniel Sabsay discrepó con el fallo de la Corte, que sumó el miércoles los votos favorables de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, porque, según argumentó, “los delitos de lesa humanidad no se pueden poner en el mismo nivel que los delitos comunes”.

“Creo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden ser indultados ni amnistiados y no es posible ponerlo en un mismo nivel con los comunes, en lo que hace al 2x1”, opinó Sabsay.

Consultado sobre el mismo tema, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que no le correspondía opinar sobre los “fallos de la Corte”, pero sostuvo que “en todos los casos” la llamada ley del 2x1 “fue uno de los peores engendros jurídicos”, cuyos “efectos tan gravosos siguen estando”.

“Un fallo del 2x1 en ningún escenario me parece bueno, lo he criticado desde que era secretario de juzgados de menores, hace más de 20 años”, planteó, aunque aclaró que esta era su “reflexión general”, independiente de este fallo en concreto.

Otro referente del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, declaró que el gobierno de Cambiemos “respeta los fallos de la Justicia” y consideró que el máximo tribunal “aplicó en este caso el principio general de que en materia penal corresponde aplicar la ley penal más benigna, que es una ley general para todos”.

También formularon críticas de diverso tono al fallo fuerzas políticas como la UCR, el Frente Renovador, el FPV-PJ, el GEN, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista, partidos del FIT, Unidad Popular y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas las tres expresiones de la CTA.

El Comité Nacional de la UCR, uno de los partidos integrantes de la oficialista Cambiemos, exteriorizó su “enérgica disconformidad” con la sentencia de la Corte Suprema, al tiempo que reiteró “su irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”.

El diputado radical Ricardo Alfonsín consideró a la sentencia “un retroceso”, aunque pidió “respetar” la decisión del máximo tribunal y dijo que no le consta “que exista una interferencia del Ejecutivo” en el fallo. “Si los hechos lo demostraran, sería gravísimo y me encontrarían entre los primeros en denunciarlo”, aclaró.

Sobre el tema, el GEN de Margarita Stolbizer replicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el fallo del secretario general del partido a nivel bonaerense Horacio Alcuaz, que sugiere responsabilidad gubernamental.

El Partido Socialista calificó la decisión de “fallo que favorece a la impunidad y golpea a la memoria, verdad y justicia”. “En momentos que la ciudadanía exige el cumplimiento efectivo de las penas, la justicia toma la determinación de dilapidar la historia reciente de memoria, verdad y justicia”, indicó el PS en un comunicado y también relacionó el fallo con la decisión primaria del Presidente de la Nación de elegir por decreto a los jueces Rosatti y Rosenkrantz”.

Desde el Movimiento Evita, el diputado nacional Remo Carlotto afirmó que la Corte adoptó “un fallo amañado”, sobre la base de “una legislación que imperó entre 1994 y 2001 y la aplican para crímenes cometidos entre el ‘73 y el ‘83”. Adelantó que propondrá que el Congreso se pronuncie en contra de esa decisión.

El presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, opinó que el fallo es un “retroceso inadmisible” y adelantó también que presentará un proyecto de ley “para que se excluya de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad”. El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, también rechazó la sentencia. (Télam)

“Es significativa la falta de políticas de estado en derechos humanos a nivel nacional”La Secretaría de Derechos Humanos repudió el fallo de la Corte Suprema. “Los votos en disidencia son muy significativos porque tienen que ver con la doctrina que se viene aplicando; los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, tienen continuidad porque todavía hay detenidos-desaparecidos”, aseguró la secretaria Érica Brunotto. Consideró que la sentencia es un retroceso.

“Es significativa la falta de políticas de Estado a nivel nacional. Vamos a seguir apoyando el reclamo de justicia de los organismos y sostenemos que las condenas deben ser ejemplificadoras. No podemos hablar de reconciliación cuando no hay justicia”, finalizó.

Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y el Consejo Directivo expresaron su más repudio. “Es preocupante que uno de los poderes del Estado haya convalidado, con este fallo, una norma que sienta un peligroso precedente al equiparar las penas de los responsables del genocidio con las de los delitos comunes, poniendo así de manifiesto un cambio sustancial en la tendencia con la que se venía tratando este tipo de casos”, expresaron en un comunicado. “Con esta medida se evidencia un claro retroceso frente a esta conquista de la democracia como forma superior de convivencia social y de legitimidad republicana”, completaron.

”El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Fernando Valdez, se expresó en contra del fallo de la Corte. “Como radical y militante de los derechos humanos me duele el fallo de la Corte. Me considero un heredero de nuestro ex presidente Raúl Alfonsín que tuvo el coraje de enjuiciar a las Juntas militares y abrió la política de Derechos Humanos en la Argentina, por la que somos reconocidos en el mundo entero. No podemos conceder ni un paso atrás en nuestro reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”, apuntó el parlamentario. Además consideró que este beneficio “no debería aplicarse ni a delincuentes comunes”.

No estoy de acuerdo con que se aplique a un genocida, pero es el costo de tener garantías”“Es un fallo antipático, porque contradice la política de oponer juicio y castigo a los responsables del genocidio, pero es el costo de tener garantías o el fin no querido de ellas”, consideró el constitucionalista Rodolfo Burgos. Afirmó que entiende el razonamiento del fallo, porque se aplica la ley más benigna. Pero advirtió: “no estoy de acuerdo con que se aplique a un genocida, pero ese es el quid de la garantía: es para todos”. “Resta la valoración convencional o el control de la CIDH, que ha tendido a exceptuar a los genocidas de este tipo de beneficios porque el delito de lesa humanidad es todo el aparato del Estado delinquiendo”, opinó.

El legislador Guillermo Gassenbauer, vicepresidente primero de la Cámara, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Legislativo tucumano exprese “su más enérgico repudio y desaprobación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Este Parlamento respeta el principio de independencia de poderes, pero en la Argentina del ‘Nunca Más’ por la memoria, la verdad y la Justicia, no hay asidero ético ni moral que avale un fallo abominable, que ha equiparado un preso común a un genocida que fue parte del terrorismo de Estado más perverso e infame que ha vivido este pueblo”, consideró el oficialista.

 “Este fallo es contrario a la ley vigente, ya que la reducción de la pena no es aplicable a los crímenes del terrorismo de Estado. Estos constituyen delitos graves contra la humanidad que no prescriben, no se indultan, y a los que, por su naturaleza, no se les puede aplicar leyes que actualmente no formen parte del cuerpo jurídico nacional”, sostuvo la organización Andhes en un comunicado. Advirtió que la vigencia de las leyes de impunidad retrasaron tres décadas los procesos judiciales. “Mientras se discute agravar la condición de detención para delitos comunes, se suavizan las penas para los genocidas”, lamentó.

La Fundación Memorias e Identidades del Tucumán repudió “la vergonzosa posición de la Corte Suprema de la Nación”. “Con este fallo se equipara al delincuente, ladrón de gallinas, con los criminales condenados por la desaparición forzada de 30.000 personas. Seguramente, por el hecho de haber entrado a la Corte con el gobierno de Mauricio Macri, es que los supremos Rosatti y Rosenkrantz no saben aún que los familiares de las víctimas del genocidio nos hemos pasado los últimos 40 años trabajando para que el aparato judicial cumpla con su rol de hacedor de Justicia y que todavía hay un largo camino por recorrer”, señaló el organismo, el concejal ricardo bussi volvió a referirse “al curro de los derechos humanos”El concejal Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y recordó que cuando Mauricio Macri era presidente había dicho que iba a “acabar con el curro de los Derechos Humanos”. “Este es un indicio”, amplió el hijo del fallecido represor y ex gobernador Antonio Domingo Bussi. “Llama la atención la subjetividad de los organismos de Derechos Humanos, que cuando se le aplica el 2x1 a un narcotraficante, a un violador o a un homicida no dicen nada porque son los intereses que defienden ellos. Ahora si se le aplica a un militar esto es una aberración jurídica”, comparó.

Gobierno provincial

“Es significativa la falta de políticas de Estado en derechos humanos a nivel nacional”

La Secretaría de Derechos Humanos repudió el fallo de la Corte Suprema. “Los votos en disidencia son muy significativos porque tienen que ver con la doctrina que se viene aplicando; los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, tienen continuidad porque todavía hay detenidos-desaparecidos”, aseguró la secretaria Érica Brunotto. Consideró que la sentencia es un retroceso. “Es significativa la falta de políticas de Estado a nivel nacional. Vamos a seguir apoyando el reclamo de justicia de los organismos y sostenemos que las condenas deben ser ejemplificadoras. No podemos hablar de reconciliación cuando no hay justicia”, finalizó.

Peligroso antecedente

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT se manifestó en contra del fallo

Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y el Consejo Directivo expresaron su más repudio. “Es preocupante que uno de los poderes del Estado haya convalidado, con este fallo, una norma que sienta un peligroso precedente al equiparar las penas de los responsables del genocidio con las de los delitos comunes, poniendo así de manifiesto un cambio sustancial en la tendencia con la que se venía tratando este tipo de casos”, expresaron en un comunicado. “Con esta medida se evidencia un claro retroceso frente a esta conquista de la democracia como forma superior de convivencia social y de legitimidad republicana”, completaron.

Malestar legislativo

Valdez, titular de la comisión de derechos humanos, habla de “un paso atrás”

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Fernando Valdez, se expresó en contra del fallo de la Corte. “Como radical y militante de los derechos humanos me duele el fallo de la Corte. Me considero un heredero de nuestro ex presidente Raúl Alfonsín que tuvo el coraje de enjuiciar a las Juntas militares y abrió la política de Derechos Humanos en la Argentina, por la que somos reconocidos en el mundo entero. No podemos conceder ni un paso atrás en nuestro reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”, apuntó el parlamentario. Además consideró que este beneficio “no debería aplicarse ni a delincuentes comunes”.

Constitucionalista

“No estoy de acuerdo con que se aplique a un genocida, pero es el costo de tener garantías”

“Es un fallo antipático, porque contradice la política de oponer juicio y castigo a los responsables del genocidio, pero es el costo de tener garantías o el fin no querido de ellas”, consideró el constitucionalista Rodolfo Burgos. Afirmó que entiende el razonamiento del fallo, porque se aplica la ley más benigna. Pero advirtió: “no estoy de acuerdo con que se aplique a un genocida, pero ese es el quid de la garantía: es para todos”. “Resta la valoración convencional o el control de la CIDH, que ha tendido a exceptuar a los genocidas de este tipo de beneficios porque el delito de lesa humanidad es todo el aparato del Estado delinquiendo”, opinó.

"Enérgica desaprobación”

Un legislador oficialista propone que la cámara exprese su repudio

El legislador Guillermo Gassenbauer, vicepresidente primero de la Cámara, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Legislativo tucumano exprese “su más enérgico repudio y desaprobación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Este Parlamento respeta el principio de independencia de poderes, pero en la Argentina del ‘Nunca Más’ por la memoria, la verdad y la Justicia, no hay asidero ético ni moral que avale un fallo abominable, que ha equiparado un preso común a un genocida que fue parte del terrorismo de Estado más perverso e infame que ha vivido este pueblo”, consideró el oficialista.

Contradicción

“Se discute agravar la detención para delitos comunes; se suavizan para los genocidas”

“Este fallo es contrario a la ley vigente, ya que la reducción de la pena no es aplicable a los crímenes del terrorismo de Estado. Estos constituyen delitos graves contra la humanidad que no prescriben, no se indultan, y a los que, por su naturaleza, no se les puede aplicar leyes que actualmente no formen parte del cuerpo jurídico nacional”, sostuvo la organización Andhes en un comunicado. Advirtió que la vigencia de las leyes de impunidad retrasaron tres décadas los procesos judiciales. “Mientras se discute agravar la condición de detención para delitos comunes, se suavizan las penas para los genocidas”, lamentó.

"Camino por recorrer”

La Fundación Memorias e Identidades calificó de indignante la sentencia

La Fundación Memorias e Identidades del Tucumán repudió “la vergonzosa posición de la Corte Suprema de la Nación”. “Con este fallo se equipara al delincuente, ladrón de gallinas, con los criminales condenados por la desaparición forzada de 30.000 personas. Seguramente, por el hecho de haber entrado a la Corte con el gobierno de Mauricio Macri, es que los supremos Rosatti y Rosenkrantz no saben aún que los familiares de las víctimas del genocidio nos hemos pasado los últimos 40 años trabajando para que el aparato judicial cumpla con su rol de hacedor de Justicia y que todavía hay un largo camino por recorrer”, señaló el organismo.