En el predio situado sobre la ruta 65 se ven montañas de residuos de todo tipo, agua estancada y lejos de que se esté realizando tratamiento a los desechos, el lugar ya parece un sumidero clandestino. El Municipio le rescindió el contrato a la empresa responsable.
Según pudo comprobar Democracia en una recorrida realizada por el predio situado en la Ruta 65, en cercanías al Parque Rosedal, montañas de residuos se elevan a todo lo ancho del lugar. En lugar de haber un tratamiento profesional de la basura, se observan quemas de residuos.
Los desperdicios son de todo tipo, desde desechos orgánicos, hasta plásticos, vidrios, medicamentos, pañales y todo tipo de sustancias. Y hay personas, que según consta en el registro fotográfico que acompaña esta nota, acceden al lugar en busca de objetos que puedan reutilizar. Esto es posible al escaso control en el predio y la falta de mantenimiento en los alambrados. Muchos de ellos fueron cortados y otros desplazados por la maleza.
Otro factor infeccioso es el agua estancada que hay en muchos puntos, que encima se mezcla con los desechos y todo se transforma en un festín para las plagas. El riesgo de que prolifere dengue y otras enfermedades es altísimo. Para peor, la gente que ingresa al relleno para buscar cosas en la basura, luego usa esa misma ropa en su casa.
Los roedores, moscas y cucarachas no son los únicos animales que van en busca de alimento. También hay aves bajan a las montañas de basura en busca de comida, y luego trasladan las pestes que se pueden proliferar en el basural, al resto de su ecosistema.
Según pudo saber Democracia de un alto funcionario comunal, el contrato con GIRS S.A. fue rescindido en los últimos días, aunque sigue siendo la responsable del relleno hasta tanto se concrete una nueva licitación.
Los voceros también confirmaron que en la Secretaría de Producción local se están ultimando los detalles para el nuevo llamado.
En la licitación ganada por GIRS S.A., la firma debía hacerse cargo de “la terminación de las obras de infraestructura y mantenimiento, tercerización del servicio de tratamiento, disposición, clasificación y comercialización de los residuos domiciliarios del partido de Junín, ubicado en la Ruta 65”, por la suma de $ 2.100.000 anuales.
Las primeras objeciones de la oposición, al momento del llamado a licitación, fue la poca experiencia que tenía la empresa, que sólo tenía gestiones en dos pueblos entrerrianos de entre 200 y 500 habitantes cada uno. Y también manifestaban que nunca habían administrado un relleno sanitario.
En 2012, a un año de la aprobación del convenio con GIRS S.A. el bloque de concejales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de comunicación a través del cual pide que se informe “si la empresa ha cumplido con los trámites de presentación ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)” y si “se encuentra cumpliendo el plan de obras estipulado en el pliego de bases y condiciones previsto para los primeros doce meses posteriores a la adjudicación”, entre otros requerimientos.
En abril pasado, el líder del Frente Progresista Cívico y Social de Junín, José María Banfi, denunció en una columna publicada en Democracia que “no se ha cumplido con los compromisos de inversión que la empresa debía hacer, no se ha cumplido con el ordenamiento y limpieza del predio, no se ha cumplido con el objetivo básico del relleno sanitario: clasificación y disposición final de los residuos sólidos”. Y dijo que “el Intendente decidió otorgarle un plazo de 180 días para cumplir con lo que el contrato establecía”.
Banfi también denunció que “hoy debemos pagarle a una empresa, que nunca ha cumplido con lo que se había comprometido, $ 3.500.000 anuales como ‘premio por su admirable gestión’”.
En enero, el entonces concejal del Frente para la Victoria de Junín, Juan Manuel Sequeira, (hoy en Junín por la Victoria), denunció que el Municipio “incumple” con la obligación de “controlar” a la empresa privada GIRS SA, a cargo del relleno sanitario de nuestra ciudad, y advirtió sobre el grave problema de la contaminación que genera lo que no dudó en definir como “un basural a cielo abierto, que contamina el agua y el aire”.
El lunes, el presidente de Unidad Popular de Junín, Jerónimo Torres, se refirió al próximo proceso licitatorio del relleno sanitario y pidió que se prioricen los intereses de la ciudad y el cuidado ambiental por sobre los negocios que se hacen habitualmente con la gestión de los residuos.
Sostuvo Torres que “la Secretaría de medio ambiente municipal debería volver a tener un rol de promoción de un entorno ecológico sano y no ser una gestora de los negocios que hacen las empresas utilizando el espacio público y el ambiente”.
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