Como cualquier instrumento que disponga el Estado para regular la economía, sea la presión fiscal, el gasto público, la tasa de interés, o la emisión monetaria por solo nombrar algunos, las regulaciones de precios pueden resultar tanto exitosas como estériles. Esto es así porque, como en otras atribuciones que tienen los gobiernos para intervenir la economía, su éxito depende de variables tan disimiles como la eficacia en su aplicación, el momento político, el lapso de tiempo en la que se lleva adelante, o demás políticas económicas complementarias, entre muchos otros factores.

Por eso, pareció resultar apresurado el rápido rechazo que provocó en el establishment el anuncio de congelamiento de 1.432 productos, retroactivo al 1 de octubre y hasta el 7 de enero, que pudo sintetizarse en el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Esta organización, que agrupa a las principales empresas oligopólicas del país, señaló que "La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”. Más aún, si se tiene en cuenta que en reiteradas oportunidades el gobierno señaló que, lejos de buscar una limitación a la rentabilidad de empresas que ganaron millones durante la pandemia y parte de este año lo que se esperaba es que las ganancias se obtengan por volumen y escala antes que por remarcación.

Antecedentes

“La experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación", señaló en su comunicado la AEA, aún cuando difícilmente pueda verificarse esta sentencia, pues la mayor parte de las experiencias fueron positivas en el corto plazo, al punto que gobiernos neoliberales como los de la Dictadura Cívico Militar o el de la alianza Cambiemos, apelaron también este instrumento luego de que otras políticas no dieran resultados. Por caso, al año de estar en el poder, el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz lanzó un congelamiento de precios por cuatro meses, que entre otras medidas posibilitó que la inflación descendiera del 444 por ciento de 1976 a 177 al siguiente año. También el control de precios lanzado en 1985 por el gobierno radical provocó, junto a otras medidas, un descenso de la inflación anual del 385 por ciento en 1985 al 91 por ciento para el año siguiente. De la misma forma, el programa “Precios Cuidados”, que aunque negociaba los costos sostenía por tres meses precios fijos en los alimentos, hizo descender junto con otras herramientas la inflación del 38 por ciento en 2014 a 25 por ciento en 2015.

Posiblemente la excepción haya sido el gobierno de la alianza Cambiemos, que en abril de 2019 lanzó un programa de control de precios, pero la gestión del mismo, y de otros aspectos de la economia, llevaron al país a tener ese año la inflación record desde el estallido de 1989, un 53 por ciento.

Pero sin dudas el más contundente fue el logrado por tercer gobierno de Perón, con José Ber Gelbard como ministro de Economía y mediante el Pacto Social de 1973, el cual posibilitó un descenso de la inflación del 80 por ciento en 1972 al 27 por ciento para fines de 1974, redistribuyendo al mismo tiempo el ingreso nacional, pues los trabajadores pasaron a obtener del 33 al 42 por ciento del PBI, gracias a un paralelo aumento salarial.

Posiblemente por estos favorables guarismos, los sectores que abogan por una regulación favorable al capital concentrado intentan instalar que el plan económico ideado por Gelbard llevó a desequilibrios macroeconómicos que derivaron en el denominado “Rodrigazo”. Pero lo cierto es que, tras la partida de Gelbard el 20 octubre de 1974, motivada por el deceso de Perón y la imposibilidad del ministro de compartir gobierno con el ministro de Desarrollo Social y organizador de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) José López Rega, quien lo sucedió en el cargo no fue el autor del “Rodrigazo” sino Alfredo Gómez Morales, cuyo enfoque ortodoxo se diferenció claramente del de Gelbard.

Sería recién en junio de 1975, nueve meses después de la partida de Gelbard, cuando asumiría Celestino Rodrigo, luego de una gestión ortodoxa de Morales que no solo eliminó la regulación de precios, sino que devaluó el peso en un 50 por ciento y redujo el gasto orientado al desarrollo de pequeñas y medianas industrias.

Si Celestino Rodrigo profundizó aún más el giro ortodoxo que Isabel Perón y López Rega le dieron al gobierno, fue en gran medida por las influencias que sobre el tuvo su Secretario de Programación y Coordinación Económica Ricardo Zinn, vinculado a Martínez de Hoz y al Grupo Macri. Sus resultados, con una inflación que ascendió del 27 al 182 por ciento anual, exhibieron la ineficacia de intentar llevar adelante una redistribución del ingreso mediante medidas de shock, que entro otros elementos desprecia cualquier intervención del Estado para regular a los monopolios. 

Nada de ello quita que los buenos resultados de una regulación de precios tengan un carácter temporal, si no se ajustan otras variables macroeconómicas que inciden en la inflación. Un ajuste que puede realizarse sobre el trabajo, o sobre el capital.