El Gobierno porteño sancionó el Decreto 433/16 que reemplaza al 556/10 para

contrataciones directas y aumentó el tope del presupuesto con el que ahora contarán los funcionarios de diversas áreas. Los jefes comunales tendrán un incremento del 400 %.

“Vamos a tener que estar muy atentos”. La frase sale disparada desde la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y hace referencia a una sorpresiva maniobra del Gobierno porteño: Horacio Rodríguez Larreta acaba de instrumentar un decreto que incrementa considerablemente el dinero que los funcionarios de diversas áreas tendrán a su cargo para llevar adelante contrataciones directas.

La nueva norma, sancionada el 9 de agosto pasado, es el Decreto 433. Viene a reemplazar al 556, que habilitaba a los funcionarios a efectuar gastos “de imprescindible nece-sidad” para llevar adelante las obras de emergencia. Es decir, saltear el sistema de licitaciones. En este caso, la naciente reglamentación modifica y aumenta el tope del dinero que se puede ejecutar, en algunos casos hasta en un 400 %.

Los jefes comunales pueden estar contentos. Forman parte del grupo beneficiario de ese porcentaje: pasaron de contar con $ 1.500.000 a $ 6.000.000. Un incremento notorio que, para el auditor porteño por la UCR Facundo Del Gaiso, no halla ninguna justificación.

“Es un desastre. Les dan la potestad de hacer lo que quieran”, dijo en diálogo con Qué. También señaló uno de los incisos más polémicos del documento: el apartado B del tercer artículo. “El funcionario deberá evaluar el valor razonable y adecuado del monto de la aprobación del gasto” reza, y agrega: “Para ellos, si considera que corresponde al caso concreto, podrá realizar al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables o solicitar tres presupuestos”.

Pasado en limpio, no hace falta presentar tres presupuestos distintos antes de las contrataciones, como lo establecía el artículo 2 del Decreto 556, salvo que el mismo funcionario consi-dere, tras previa evaluación, que sí co-rrespondería hacerlo.

La medida cae como anillo al dedo para la realización de obras como reparación de aceras, plazas y parques y todo lo que se encuadra dentro de las competencias comunales. Temáticas que vienen siendo cuestionadas en varias de las Juntas de la ciudad debido a las modalidades que se utilizan para llevarlas a cabo.

En ese sentido, este medio ya hizo foco en ediciones anteriores en los casos que se dieron en el distrito 13 de Núñez, Belgrano y Colegiales, comandado por Gustavo Acevedo. Allí, según un informe de la Auditoría General, se efectuaron llamados a licitaciones con un desdobla-miento presupuestario, superando el límite que un organismo público puede destinar para proyectos de la misma especie en un período inferior a los tres meses. La maniobra se repite en varios puntos de la ciudad, como son los ejemplos de las comunas 6 , 10, 11 y 14.

Después de lo que fue el caso del reconocido periodista Fernando Niembro (Ver cuadro), los distritos porteños abandonaron en cierta forma el Decreto 556, a través del cual se ejercía la mayoría de los convenios. “Ya nadie más

se animó a hacer contrataciones directas a través de ese decreto”, contó Del Gaiso.

Por el contrario, muchos de los presidentes comunales optaron por un mecanismo que se mofa de los marcos legales y avanza por atajos tramposos: el desdoblamiento de licitaciones de un mismo objeto, ítem que la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones prohíbe terminantemente en su artículo 91, y castiga con “penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la res-ponsabilidad patrimonial que pudiera corresponderle”.

De todas maneras, la actual normativa halla validez únicamente en situaciones extraordinarias e impostergables, por lo que el espectro de las contrataciones para veredas debiera quedar al margen. “No encuadra en eso. Por eso tendremos que estar muy atentos para que no se use para ese fin”, sostuvieron desde la Auditoría General.

El inciso A del artículo 3 es claro: “El funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por resultar una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento”, enuncia el texto.

Sin embargo, también brinda ciertas facultades para los funcionarios. Por ejemplo, el titular de cada jurisdicción

o entidad estará habilitado para delegar competencias a otro par de su dependencia en caso de su propia ausencia.

En otro orden, el decreto otorga más caudal monetario a otras áreas gubernamentales. Por caso, un Subsecretario de Ministro, en lo que concierne a la aprobación de gastos descentralizados, pasará de administrar dos millones de pesos a $ 7.500.000, mientras que uno de Gestión y Administración Financiera del ministerio de Hacienda, ahora contará con $ 15.000.000, cuando antes tenía a disposición un tercio de ese monto (cinco millones de pesos). Por su parte, un Director General o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes, podrá erogar hasta $ 2.000.000.

“Ni siquiera es un mecanismo de contratación, sino de pago”, esgrimió Del Gaiso y reiteró su advertencia: ahora la Auditoría, que nunca aprobó la realización de contrataciones directas y mucho menos en obra pública, seguirá bien de cerca los alcances y el uso del nuevo decreto de Rodríguez Larreta.