El martes 9 de diciembre la Gobernadora dictó el decreto mediante el que adjudicó a la empresa Ushuaia Servicios y Logística, de Gustavo Fabián Lacaze, el servicio de transporte de documentación de puerta a puerta para el Ministerio de Educación, dependencias y establecimientos educativos de la Provincia por un monto de 277 mil pesos.

Con la firma del decreto 2976 se puso fin a la tramitación del expediente 9024 del ministerio de Educación que había tenido inicio a fines del mes de julio de 2009 y que tenía por objeto la contratación directa del transporte de documentación oficial de la cartera educativa.

A fines del pasado mes de noviembre representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina denunciaron ante la Legislatura y la Justicia la irregular prestación del servicio de correo interno de educación por parte de la empresa de Lacaze. En su presentación ante los parlamentarios sostuvieron, en base a un audio que les había sido aportado por un empleado de Lacaze, que la prestación del servicio se realizaba de manera irregular ya que, como lo reconocía el propio empresario, su firma no estaba habilitada para brindar el servicio de correo, ya que se trata de una empresa de limpieza y de fumigaciones.

En esa charla se mencionaba al secretario de Control y Gestión del ministerio de Educación, Marcelo Lima, como el responsable de la irregular contratación. Incluso en la grabación que el SUTEF adjudica a Lacaze se escucha al empresario señalar que el servicio que venía prestando desde hace 4 o 5 años podía prolongarse hasta marzo del próximo año porque en diciembre “va a salir la licitación”.

En la conversación con este empleado que le reclamaba garantía de continuidad laboral, la voz de quien sería Gustavo Lacaze menciona que no está en condiciones de dar ese tipo de seguridad ya que Lima le habría dicho que por ser el 2015 un año electoral tenía que emprolijar el tema.

Es de tener en cuenta que el mismo día en que el SUTEF realizó su exposición ante los Legisladores, la ministro de Educación y el ministro Jefe de Gabinete concurrieron al Parlamento para mostrar documentación que, a entender del Ejecutivo, demostraba que la empresa se encuentra habilitada para prestar el servicio. Pocos días después fue la legisladora oficialista, y ex ministra de Educación, Amanda del Corro quien se refirió al tema. En declaraciones a Radio Fueguina dijo que “La empresa está inscripta regularmente como proveedor del Estado, tiene su PROTDF. Son dos empresas en realidad; una de limpieza y otra de servicios logísticos, y es la misma empresa que hace doce años hace este servicio para el Ministerio de Educación de la provincia”. Mencionó tener “la certeza de que con toda intencionalidad se dice que la empresa sería de hace cuatro o cinco años, lo cual involucra la gestión de la ministra de Educación actual y mi anterior gestión. Lo cierto es que hace doce años esta misma empresa viene haciendo el mismo servicio de traslado de documentación entre las escuelas y el Ministerio”, y agregó que “durante mi gestión había una continuidad de este servicio como la hay ahora en la gestión de la ministra Molina”.

Lo que dice el decreto

En el considerando del decreto 2976 se menciona que mediante el expediente 9024–EM/2009 se tramita la contratación del Servicio de Transporte de Documentación de Puerta a Puerta, destinadas al Ministerio de Educación, dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, y que por Resolución del Ministerio de Educación 2621/09, rectificada por su par 2571/10, se autorizó el llamado a Licitación Pública 18/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se consignó la Comisión de Preadjudicación para el estudio de las ofertas”. Sin precisar fechas se indica que se “realizó la apertura de Sobres de la Licitación Pública 18/09, recibiéndose como Oferta N° 1 a la firma Correo del Sur S.R.L., N° 2 a la firma Correo Andreani S.A., N° 3 a la Firma Correo Oficial de la República Argentina S.A., Oferta Básica y Alternativa, N° 4 de César Leonardo Mechulan y Oferta N° 5 de Gustavo Fabián Lacaze, también Oferta Básica y Alternativa 1 y 2” y que vistas y analizadas “la Comisión propuso preadjudicar a la firma Ushuaia Servicios y Logística, de Gustavo Fabián LACAZE, el renglón N° 1, en su Oferta alternativa N° 1 y Servicios Adicionales, por precio conveniente y servicio adicional”.

Se agrega que teniendo en cuenta “que la presente contratación se encuadra” en la normativa vigente en la materia “sería procedente adjudicar la contratación” del Servicio de Transporte de Documentación de Puerta a Puerta para el Ministerio de Educación, Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia, lo que se dispone en el artículo 1 del mencionado decreto.

Pero al margen de la explicación de motivos de la contratación, resulta interesante repasar el recorrido administrativo que tuvo el expediente 9024–EM/2009 desde su apertura hasta el momento de la adjudicación del servicio.

De los datos suministrados por la página oficial del Gobierno de la Provincia se desprende que a partir de pedido 000424 el ministerio de Educación apertura el expediente de referencia el 24 de julio de 2009. A partir de ese día y durante 29 meses el expediente, con idas y vueltas, pasa por la Secretaría de Contrataciones y Abastecimientos, por la Subsecretaría de Licitaciones, Contratos y Suministros, la Auditoria Interna y el ministerio de Educación. Precisamente el 6 de diciembre de 2011 el Ministerio recibe el expediente de la Auditoría Interna. Desde ese momento y por 36 meses el expediente no registra actividad alguna. Recién el 26 de noviembre de este año, 6 días después de que tomara estado público la denuncia del SUTEF, el ministerio de Educación remite a la Gobernadora el expediente, la que en menos de dos semanas firma el decreto mediante el que adjudica “el renglón N° 1 a la Firma Ushuaia Servicios y Logística, de Gustavo Fabián Lacaze, en su oferta 1Alternativa N° 1, por la suma de pesos 277.056,00, de la Licitación Pública N° 18/09 por la que tramita la Contratación de Servicio de Transporte de Documentación de Puerta a Puerta para el Ministerio de Educación, Dependencias y Establecimientos Educativos de la Provincia. Ello, por los motivos expuestos en el exordio”, autoriza “a la Subsecretaría de Hacienda y Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía a emitir la correspondiente Orden de Compra” y ordena “imputar el gasto que demanda el cumplimiento del presente al ejercicio económico y financiero en vigencia”.