Las primeras medidas de prueba solicitadas en la causa que investiga el presunto contrabando agravado de material bélico a Bolivia durante el Gobierno de Mauricio Macri profundizará un aspecto hasta ahora soslayado en las imputaciones iniciales: el capítulo Aduanas. Y es que para que la calificación en el fuero penal económico se pueda investigar como tal, se debe reconstruir cómo el arsenal salió del país, en un trámite administrativo que precisamente expone el delito que se investiga. Y en el que necesariamente estuvieron implicadas las autoridades aduaneras que avalaron el envío, y bajo la modalidad de la “exportación temporaria”.

Las municiones son, para el código aduanero, material “consumible” a los que sólo una interpretación forzada (por las circunstancias) podría incluirlas dentro de esa categoría, como si fuesen trasladadas para una exhibición y regresaran intactas. El verdadero problema de fondo es que se terminó perfeccionando una exportación encubierta, que si hubiera corrido por carriles legales hubiese requerido un decreto del Poder Ejecutivo para autorizarlos. Eso hubiese puesto en evidencia la maniobra de manera automática. Y no hubiera precisado, tal como reveló Ámbito, que la Gendarmería “borrara” de su inventario los 70.000 cartuchos haciéndolos pasar como utilizados en entrenamientos para justificar que jamás habían regresado, en julio de 2020.

Este diario pudo confirmar que en las próximas horas el Gobierno va a ampliar su denuncia ante el juez penal económico Javier López Biscayart, luego de que se habilitara la feria. Será un complemento, basado en los hallazgos de las autoridades bolivianas en depósitos de la policía.

Y lo central -que adelanta Ámbito- es que se incorporarán los documentos que certifican los números de lotes de las municiones y las granadas de gas que adquirió Gendarmería Nacional a través del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich a Fabricaciones Militares. Partidas, soportes administrativos y remitos del proceso de compra durante la gestión Macri. Ese nuevo dato será clave para contrastarlo con los hallazgos en Bolivia. Si coinciden, la mitad del caso estará resuelto. El lote 08/18 que aparece en las fotografías de los cartuchos 12,70 mm A/T fueron comprados por Bullrich a la Fabrica Fray Luis Beltrán en noviembre de 2018.

Una serie de interrogantes todavía no han logrado ser despejados. ¿Quiénes se encargaron de la carga y descarga del avión tanto en El Palomar como en La Paz? El avión militar cuenta con una dotación fija para ser operado de 3 pilotos y 7 tripulantes. Los nombres de quienes partieron a las 23.20 del 12 de noviembre de 2019 para la misión todavía no fueron aportados al juzgado por el Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi. Son testigos privilegiados de lo que se cargó en el Hércules. López Biscayart pidió los registros fílmicos de la base aérea El Palomar. Se le desea suerte.

El aeropuerto autorizado para operar vuelos comerciales por impulso exclusivo de Guillermo Dietrich no cuenta con cámaras en las zonas de carga. Otro interrogante que surge: ¿quién pidió al comandante de Gendarmería Carlos Recalde que el 15 de julio de 2020 justificara la inexistencia de las 70 mil municiones con una nota interna en las que pedía la baja al sector de administración de la fuerza? Si en noviembre de 2019 la actuación estuvo bajo el mando de Gerardo Otero y de Bullrich, ese escenario había cambiado ocho meses más tarde.

Pero surgieron otras suspicacias en torno a Aduanas. En los chats de la AFIP corrió como reguero de pólvora una captura presuntamente de las redes sociales de Silvia Traverso, la actual titular de Aduanas en la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En ella se exhibe una foto de ella misma posando con unos amigos y con el excanciller Jorge Faurie, expresando, en abril de 2016, a quien calificaba como “nuestro amigo”. Dato no menor: la AFIP es la única que puede presentarse como querellante en una causa en el fuero penal económico en la que haya sido afectado el fisco, a través de Aduanas. Faurie todavía no integra la nómina de imputados preliminar del fiscal Claudio Navas Rial, pero fue subrayado en la denuncia del Gobierno. Tampoco en principio, Diego Dávila (exN°1 de la Aduana con Leandro Cuccioli) y Eugenio Cozzi de la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC), que autorizó el envío y dependía de Germán Garavano.

López Biscayart requirió la Actuación SIGEA N° 12114-1135-2019 original, e informe las personas intervinientes en su trámite. Es el documento asentado en los sistemas sobre el trámite. Ese expediente se inició el 10 de noviembre de 2019, dos días antes de la salida del Hércules. Fue el mismo domingo en el cual los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana le dieron un ultimátum a Evo Morales para que renuncie al cargo. La aprobación de la exportación temporaria -que eludió un mecanismo legal como un decreto presidencial por las municiones- fue escalado hasta la Subdirección Técnico Legal Aduanero que conducía Gladys Morando. Su subalterno firmó la explicación para el envío del arsenal, desde el Departamento de Exportación. Allí se generó la temporaria N° 19073PET1000103G sucedida ante la Aduana de Ezeiza, de la que depende el aeropuerto de El Palomar. López Biscayart pidió registros fílmicos del procedimiento de control aduanero. Como Ámbito había adelantado existen ciertas “incongruencias” en los documentos.

Esa noche, un verificador especializado de la rama electricidad fue comisionado a El Palomar. El problema es que el documento confeccionado a mano tiene una observación acerca de “ítems no embarcados” en el Hércules, referidos a los “bultos” de la discordia Pero el que está volcado en el sistema electrónico no la consigna a esa observación, pese a ser ingresado de 48 a 72 horas después de que se realice el procedimiento. ¿Alguien podría haber posdatado la observación para intentar deslindar responsabilidad?

Lo cierto es que el juez deberá reconstruir este capítulo precisamente para tener acreditado si existió contrabando agravado desandando los peldaños de responsabilidad que el embarque tuvo en Aduanas. Recién entonces podría llegar a Dávila e involucrar a cargos intermedios de comprobarse que participaron de la maniobra.