El viernes pasado fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia una nueva intervención, ya que se agotaron las prórrogas y, según el texto, "no cabe duda de que subsisten los motivos y causas que oportunamente llevaron al Poder Ejecutivo a disponer las intervenciones". 

Desde la década del 80 la dotación del líquido está a cargo de la unión vecinal del distrito, que atiende a unos 230 vecinos. Lo que se reclama principalmente a la entidad, presidida por José María Gaitini, es que se constituya ante el EPAS como operador del servicios de agua potable, función que actualmente se cumple de hecho.

Para ello se deben cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley provincial 6.044 de ordenamiento institucional del sector de agua potable y saneamiento.

El titular de la entidad junto a su abogado, Carlos Sarmiento García, explicaron los motivos por los cuales no se adecuan a estos requerimientos. "La unión vecinal de Villa Las Carditas presta el servicio de agua potable unos 15 años antes de que el EPAS tuviera existencia legal", expuso el letrado. Aseguró que las aguas de la vertiente Puesto del Álamo, de la cual se surte toda la villa, son privadas, por lo cual el EPAS no puede intervenir en su distribución.

"Este aspecto fue reconocido por el Departamento General de Irrigación(DGI) en un convenio que firmamos en 1996 cuando su titular era Eduardo Sancho", recordó el abogado y detalló que en ese acuerdo los vecinos firmaron aceptar que esas aguas pasaran a ser públicas pero, en contraprestación, el DGI tenía que lograr que la Legislatura aprobara, para cada uno de los vecinos (tras un relevamiento en la zona), una concesión legal del agua.

"A diferencia de una concesión precaria este derecho no se puede revocar; se marca el límite de usuarios conforme a la capacidad de la fuente", precisó Sarmiento García. 

El profesional asegura que en 2012 se pidió al DGI que hiciera efectivo ese convenio pero que la actual conducción, presidida por José Luis Álvarez, se negó. "Así volvemos a ser propietarios privados del agua por lo que el EPAS no puede tener ninguna injerencia en la misma", remarcó. En este punto lo que se pide para llegar a un resolución es que el EPAS los escuche y los ayude a hacer cumplir el convenio con Irrigación. "Si el convenio se cumple, las aguas van a poder ser públicas y nosotros no vamos a poder decir nada de la intervención. Van a poder nombrar operador a la unión vecinal o a quien se les ocurra", subrayó.

Por su parte, Gaitini detalló que EPAS quiere cobrar una tarifa controlada por ellos con lo que están en desacuerdo. "Lo que se paga hoy es un prorrateo de los gastos que ocasiona la planta potabilizadora para su mantenimiento", dijo y agregó que la boleta llega a los vecinos con el nombre de cuota societaria. Tiene un valor actual de $ 375 e incluye otros gastos que involucran el funcionamiento de toda unión vecinal.

Conflicto de larga data

Desde el EPAS explicaron los pasos judiciales de la intervención del servicio, que comenzó en 2012. "La intervención fue dispuesta por el Poder Ejecutivo por decreto, por sugerencia del EPAS por reclamo de vecinos ", comenzó a relatar el asesor letrado del organismo. Contra ese decreto la unión vecinal interpuso un acción de amparo que fue rechazada por la Justicia, tal como detalló el abogado y continuó: "En ese entonces la unión vecinal recurrió ante la Cámara de Apelaciones esa decisión judicial y dicha Cámara confirmó la sentencia de primera instancia".

Ante esa nueva disposición la organización vecinal interpuso ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad y casación. "Por eso ahora el conflicto se encuentra en la Suprema Corte donde se tiene que resolver", precisó el letrado, quien desconoce la fecha en la que el Máximo Tribunal de Mendoza se expedirá. Aclaró que el 22 de octubre de este año se efectuó el sorteo de los jueces para resolver el tema.

Mientras tanto continúa la intervención porque "hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, el interventor no puede decidir si se va a permitir a la unión vecinal que se inscriba como operador o si se va a llamar a concurso del área de concesión, para ver si hay otra entidad en la zona para brindar el servicio de agua potable", informaron desde el ente. 

En la práctica la unión vecinal desconoce la intervención y el servicio de agua se sigue prestando con la mismas condiciones, según manifestaron desde el EPAS. Este aspecto fue corroborado por el titular de la entidad quien destacó que el agua se distribuye normalmente y es de excelente calidad. "

Tenemos copias de las actas que hace la inspección del EPAS y en todo momento dice que están absolutamente de acuerdo con nuestras normas", remarcó Gaitini.

Para su abogado es un contrasentido el "ataque" que hacen a la unión vecinal. Es una de las pocas villas de alta montaña que tiene agua potable. "Deberían controlar la calidad del agua del resto de las villas que no tienen agua potable", cerró.

Pedro Mazzoni presentó hace cuatro años un pedido de intervención del servicio de agua potable por parte de la unión vecinal.

"Simplemente porque la entidad no está cumpliendo con ningún requisito legal para ser administradora del agua potable en el sitio", dijo el hombre. "Lo que están haciendo es apropiarse de las aguas que en realidad tienen que ser públicas. Las están asumiendo como si fueran algo propio y toman decisiones arbitrarias", resaltó el vecino. 

Respuesta de Irrigación

Consultados sobre las declaraciones del presidente de la unión vecinal de Villa Las Carditas y su abogado, desde el Departamento General de Irrigación (DGI) remarcaron que el tema del agua potable no corresponde al ámbito de ese organismo, a la vez que llamaron a cumplir con lo dispuesto por el EPAS.

Con respecto a la declaración pública o privada del agua de la vertiente Puesto del Álamo, explicaron que desde hace tiempo vienen solucionando estos problemas de status de agua y que los que restan resolver se aclararán una vez que se termine el balance hídrico de cada una de las cuencas de la provincia, el cual pretende entregar el superintendente del DGI, José Luis Álvarez, antes de terminar su gestión.