Las alertas estaban encendidas hacía tiempo en el Puerto de Mar del Plata. Desde 2014, cuando la firma Moliendas del Sur abandonó las instalaciones, fueron sucesivas las advertencias sobre el potencial peligro que implicaban los desechos contaminantes que quedaron a la intemperie en enormes tanques industriales. Cinco años después, uno de ellos, con 40 mil litros de aceites tóxicos, se desmoronó y su contenido fue a parar al mar. La gestión del administrador Martín Merlini, sus sostenes políticos, y la inacción del OPDS, en el ojo de la tormenta.

Cuando en la mañana del domingo 13 de enero, a las 8, los guardavidas de las playas del Puerto llegaron a sus puestos de trabajo, notaron que algo atípico sucedía. El desagüe pluvial por el que recurrentemente salen restos de la producción de las harineras tenía un volumen mayor al cotidiano, un marcado tono amarillento y un olor nauseabundo que se percibía a cientos de metros. Denunciaron la situación a Prefectura Naval y la noticia comenzó a circular en la familia portuaria.

La última de las advertencias había sido muy reciente. El 27 de septiembre de 2018 el OPDS realizó una inspección a exMoliendas del Sur (cuyas instalaciones dependen exclusivamente del Consorcio Portuario), en el marco de la judicialización de la causa por el cierre de la empresa. En el acta, el inspector dio cuenta de los peligros inminentes que había en el sector. “Dentro de la planta en el sector 16 se observaron tres tanques metálicos conteniendo aceite de pescado y uno con soluble. Los tanques 1 y 3 presentaban signos de inestabilidad en las patas de soporte y todos los tanques se encuentran llenos”, detalló. Precisamente, uno de esos tanques fue el que colapsó en los últimos días. Asimismo, se indicó que “se detectaron tambores de 200 litros de capacidad (unos 400 según nos refieren) acopiados a la intemperie, varios de los cuales se encuentran muy corroídos con riesgo de colapso”.

La pregunta que se abre es cómo sabiendo del riesgo inminente, desde La Plata no se tomaron cartas en el asunto. La Tecla se comunicó con el OPDS y la Dirección Provincial de Control Ambiental, quienes aseguraron que la responsabilidad corresponde al Consorcio portuario. Inclusive, remarcaron que desde octubre de 2018, Merlini debía presentar un protocolo de limpieza de los desechos.

La supuesta venta del aceite contaminante 

Esa misma situación quedó reflejada en el acta, donde además se especificó que “de acuerdo a la información aportada telefónicamente el día 08-10-2018 –por el Consorcio-, se encontraba avanzada la compra de una parte del aceite de cola de pescado por una empresa de la zona, para ser utilizado como insumo de otro proceso”.

Según pudo averiguar La Tecla, esa posibilidad sería inviable, ya que al tratarse de residuos peligrosos deben ir a disposición final y la única posibilidad de recuperación sería con un complejo tratamiento que llevaría su valor por encima de cualquier costo razonable para una empresa del sector. Incluso, en 2017 Merlini pidió presupuestos a dos empresas para el tratamiento final, pero finalmente fue descartado por el elevado precio. 

Mientras tanto, un tanque similar al colapsado podría seguir el mismo camino, al igual que unos 400 tambores de 200 litros que están lixiviando continuamente sobre la tierra y ese lixiviado va a parar a la zona de la Reserva Natural. Asimismo, y si bien el Consorcio tiene un convenio con una empresa para la recolección de residuos, existen multiplicidad de volquetes con residuos a la intemperie, generando potentes focos infecciones con la presencia de roedores y moscas.  

Las alarmas estaban encendidas pero nadie con poder les prestó atención. Mientras tanto, las aguas, las playas y la población marplatense, siguen afectadas por la desidia estatal. 

Los sostenes políticos de Merlini

Las miradas por el desastre ambiental en el Puerto apuntan a Martin Merlini, quien desde el 4 de abril de 2016 preside el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Llegó con discursos rimbombantes y prometedores, en los que hablaba de la recuperación de muelles y el autosustento, pero sus actos siempre quedaron a mitad de camino.

Merlini es un militante del PRO e integrante de la Fundación Pensar. Se define como amigo de Guillermo Dietrich y se piensa cercano a la Gobernadora. No fueron sus antecedentes de más de 20 años como agente marítimo los que lo pusieron al tope de las consideraciones de Vidal para reemplazar a Jorge Hidalgo, sino sus fluidos contactos políticos. Dos hombres claves lo catapultaron al Consorcio: el por entonces concejal y presidente del PRO marplatense, Juan Aicega, y el exsubsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia, Marcelo Lobbosco.

Con el actual diputado nacional aceitó una fructífera relación en la Fundación Pensar, donde rápidamente se transformó en el experto en materia portuaria. El otro funcionario determinante fue Lobbosco, actual interventor del INIDEP, con quien también cosechó buenas migas en la fundación.

Aicega y Lobbosco fueron quienes obtuvieron el ok del entonces ministro de Producción, Ciencias y Tecnología, Jorge Elustondo, y de la gobernadora María Eugenia Vidal, que oficializó su nombramiento a fines de marzo de 2016. 

A partir de mayo 2017 el principal nexo de Merlini con la administración bonaerense pasó a ser el titular del reestructurado Ministerio de Producción, Javier Tizado.

“Hay una absoluta falta de control”

El titular de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Marcelo Fernández (Acción Marplatense), sostuvo que “hay una absoluta falta de control respecto a los cuidados con el medio ambiente. Además de estar en una zona sumamente sensible, porque hacia el este está el mar y atrás del sector de las harineras está la Reserva Natural”. La semana pasada debía reunirse la comisión, pero no sesionó por falta de quórum al ausentarse cuatro concejales de Cambiemos.

Puerto abandonado: un mapa de responsabilidad políticas compartidas

Rodrigo Silvosa, titular de la subsecretaría de Puertos e Industria de la Provincia, es el principal apuntado por la inacción como resultado de una burda interna con el

ministro de Producción, Javier Tizado. Enfrentado con el mandamás de la cartera, Silvosa olvidó el Puerto Mar del Plata. “No mueve una ficha, no levanta un teléfono. No le importa lo que pasa”, sostienen desde la política marplatense. 

En el OPDS no se quedan atrás. Es que, el encargado de la Dirección Provincial de Control Ambiental, no es más que uno de los tantos cargos que Sergio Massa negoció con Vidal a la hora de ser “oposición con gobernabilidad”.

El responsable es Néstor Pulichino, uno de los hombres del Frente Renovador de la Tercera sección, quien fue concejal en Esteban Echeverría y también fue precandidato a intendente. Por caso, cuando pasó a la órbita provincial, lo hizo como asesor externo de Ricardo Pagola, quien era el secretario del OPDS. Hoy, el massista, trepó en el organigrama y se convirtió en funcionario de Cambiemos.

La pérdida del Código de Seguridad

La desidia con la que el hombre del PRO maneja el Consorcio se evidencia, por ejemplo, con la pérdida del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), el año pasado, y por la no realización de obras. Allí también las advertencias estaban a la orden del día.

En octubre la noticia cayó como un baldazo de agua fría: tras 14 años, el Puerto de Mar del Plata ya no contaba con la certificación de seguridad internacional y no podía  dar las garantías de seguridad con las que se comprometió a través de un convenio internacional firmado entre países portuarios luego del atentado a las Torres Gemelas. 

A principio de año, el consorcio ya había recibido una advertencia de parte de Prefectura Naval, pero pasaron los meses y en un nuevo informe de la fuerza se detectaron 31 deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad.

Menos de un mes después el puerto recuperó el status, habiendo realizado una inversión de $1,5 millones; aunque muchas falencias persisten.

En noviembre del 2017, Merlini lanzó un ambicioso plan de remoción y desguace de barcos inactivos y hundidos. Con el fin de recuperar 110 metros de muelles, la idea era extraer, en primera instancia, 14 buques abandonados. Supuestamente la acción implicaba cero costo al Estado, pues eran los empresarios quienes se harían cargo del alto gasto. Pero eso no sucedió. 

La Ley de Navegación sostiene que los barcos hundidos son responsabilidad del Estado, por eso los empresarios dejan  buques abandonados esperando que sea, en este caso, Merlini quien se encargue del operativo de remoción. Trece meses después los buques son una verdadera bomba ambiental en las aguas.