Organizaciones civiles, profesionales y empresarias cuestionaron que las cadenas de supermercados y de venta de electrodomésticos hayan quitado la publicidad de los diarios, después de sufrir una presión directa del Gobierno nacional, y expresaron que el bloqueo es “una clara violación a la libertad de prensa”. También criticaron a los supermercadistas que “han aceptado el apriete oficial”.

En eso coincidieron ayer el presidente de la Unión de Consumidores de la Argentina, Fernando Blanco Muiño; y los directores ejecutivos de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Álvaro Herrero, y del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Andrés D’Alessandro. Los tres directivos participaron de una mesa panel “Acceso a la información, prensa y derechos ciudadanos”, en el marco de la 151ª Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA), que se realiza desde ayer en la sede de la entidad de esta ciudad.

La mayoría de los supermercados y cadenas de venta de electrodomésticos comenzaron a levantar en febrero su publicidad en diarios porteños y del interior del país, tras recibir llamados telefónicos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Algunos diarios del interior se quedaron sólo con la pauta publicitaria de cadenas locales o regionales de supermercados. Esto representa un golpe severo a las finanzas de las empresas periodísticas.

“Esto es negativo para la libertad de expresión, para la ciudadanía y también para el trabajo de los periodistas. Viene sin ninguna orden escrita, pero muchas empresas nos han señalado, a través de nuestro monitoreo de la libertad de expresión, que hubo una orden específica a los supermercadistas ”, comentó D’Alessandro.

El representante de FOPEA insistió en que “es riesgoso que no se tenga en cuenta la calidad de la información que le llega a la ciudadanía”, que puede verse afectada “cuando los medios dejan de percibir pauta publicitaria”. “ Es hora de que empecemos a preocuparnos por el trabajo de los periodistas. Los gremios en algún momento deberían comenzar a preguntarse de qué manera los afecta este tema”, agregó.

Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de la Argentina, planteó que el problema para impulsar acciones judiciales contra este boicot es que “ no hay acto administrativo que haya impulsado esto. Entonces, tendríamos que ir a la Justicia sobre la base de trascendidos periodísticos”. Sostuvo además que entre las entidades de usuarios y consumidores, que deberían tomar nota de que la falta de publicidad de los precios y las ofertas de los supermercados, “hay u n conjunto importante que está cooptado por el Gobierno nacional”. Y agregó que “así como de un lado de la línea estuvo Moreno, del otro lado de la línea hubo empresarios argentinos, ubicuos muchas veces, que han aceptado el apriete”.

A su vez, Álvaro Herrero, titular de la ADC, afirmó que, “si esto se extiende en el tiempo, se debería formar un acuerdo interinstitucional y político entre los distintos sectores de la sociedad para resolver esta situación”. “No importa si nos gusta o no nos gusta la víctima: hay que decir que esto en la Argentina no puede pasar en el año 2013”, dijo Herrero, y sentenció que “estamos ante una violación de la libertad de prensa”.