El juez debe decidir si la autoriza junto con las Paso. El intendente defendió su iniciativa. El ministro de Gobierno, Carlos Massei, reiteró el rechazo del oficialismo provincial.
En la ciudad de Córdoba hay una pulseada anticipada, mucho antes de las elecciones legislativas. Es entre radicales y peronistas por una consulta popular.
En un clima electoral prematuro, dirigentes de ambos partidos subieron la presión sobre el juez federal electoral, Ricardo Bustos Fierro, quien debe decidir si permite que la convocatoria a las urnas se concrete con las primarias (Paso) del 13 de agosto.
Ayer, en el acto central por el 444° Aniversario de la Ciudad de Córdoba, esta cuestión estuvo presente en el discurso de los protagonistas.
El intendente Ramón Mestre, principal impulsor de la consulta, defendió la herramienta: “Tenemos por delante dos elecciones y sería absurdo que no den lugar a esta práctica democrática prevista para los gobiernos locales. Hay muchos que opinan, pero no se debe tener temor a que los vecinos se expresen”.
Mestre dijo que era respetuoso de la decisión de la Justicia electoral federal, pero le metió presión al juez.
“Por ahora, seguimos a la espera de la decisión de la Justicia y somos respetuosos. Pero también quiero decirles que hemos sido muy serios en el planteo en relación con cómo se va a poder llevar adelante”, manifestó.
A unos pocos metros, también hacía declaraciones el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Massei, quien reiteró su rechazo al instrumento de consulta que figura en la Carta Orgánica Municipal: “Hemos sido muy claros desde un primer momento. No estamos de acuerdo con que la consulta popular coincida con una fecha electoral, porque se desvirtúa su sentido. Es una importante herramienta democrática que se debe aplicar sin ningún interés electoral particular”, dijo el funcionario, quien reemplazó al gobernador Juan Schiaretti, ausente en el acto de ayer.
Tensión
La explicación para la ausencia del gobernador fue que estuvo de gira por el sur provincial, pero fue una clara señal de que hay tensión entre el Centro Cívico y el Palacio 6 de Julio por la realización de la consulta junto con las Paso de agosto.
En el Gobierno provincial consideran que el intendente Mestre trata de sacar un rédito político personal al proponer un interrogatorio a los vecinos con cuatro preguntas que tienen respuestas favorables “cantadas”, según dicen los peronistas.
En este escenario, el PJ trató de complicar la decisión del juez Bustos Fierro al pedir asimismo una consulta popular en la mayoría de los 240 municipios que administran intendentes peronistas.
“Si la Justicia federal permite hacer la consulta en la Capital, también debe autorizarla en el interior”, manifestó días pasados Facundo Torres, intendente peronista de Alta Gracia.
Mientras la consulta mestrista se hace por temas locales de la Capital, los intendentes peronistas impulsan en sus jurisdicciones una sola pregunta por los subsidios nacionales. Esta también tiene una respuesta cantada: “¿Está de acuerdo con que el Gobierno nacional rebaje los subsidios a Capital Federal y el Gran Buenos Aires y haga un reparto más equitativo a las provincias?”.
Decisión
El juez Bustos Fierro requirió la opinión de todos los partidos políticos sobre el pedido de la Municipalidad de Córdoba para hacer la consulta junto con las Paso.
Salvo la UCR y el PRO, el resto de los partidos políticos rechazaron la iniciativa mestrista.
Con ese antecedente, entre hoy y el próximo miércoles, se espera que Bustos Fierro tome una decisión.
Hay que tener en cuenta que, si acepta la realización de la consulta junto con las primarias, debe darle un tiempo al proceso de organización de ambas elecciones.
En el PJ están convencidos de que el magistrado rechazará el pedido de la Municipalidad de Córdoba. Ese convencimiento se basa en el antecedente de 2009, cuando no permitió que el entonces intendente Daniel Giacomino hiciera una consulta por temas municipales junto con las legislativas de aquel año.
Desde la otra vereda, los mestristas sostienen que no hay argumentos legales para impedir que se haga una consulta popular junto con las elecciones legislativas.
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