Un grupo de empresas constructores, con el aval de la Cámara Argentina de la Construcción, fueron a la Legislatura provincial a hacer lobby para que les tengan compasión si incumplen los contratos. Las firmas reclamaron una “readecuación” de los precios de las obras que les son adjudicadas y pidieron no recibir sanciones para el caso de que se tengan rescindir contratos.

Pablo Pessi, como presidente titular de la delegación provincial de la Cámara Argentina de la Construcción reclamó ante la Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Obras y Servicios Públicos, que “no se nos aparte del registro de empresas proveedoras del Estado ni se nos ejecuten las pólizas de seguro, que son los castigos que prevé la ley ante aquellas empresas que rescinden contratos, porque esas rescisiones que se están produciendo ahora, y son muchas, son de mutuo acuerdo y se debe a que se les hace imposible resolver las obras por el desfasaje que hay entre los valores por los que firmamos contratos y los costos post devaluación”.

Dijo además que la presencia de los empresarios constructores en la Legislatura tuvo que ver con “un pedido expreso que nos hizo el ministro de Obras Públicas de la provincia que nos dijo que la única solución al problema que se nos ha planteado es normativo porque con la actual ley de actualización de precios se nos hace imposible resolver las obras. Nosotros aspiramos a que se tomen varias obras testigos para la readecuación de los precios, una de energía eléctrica, otra de agua, otra de viviendas, otra vial, porque todos los rubros tienen costos distintos y los desfasajes son distintos, y que se instrumento un coeficiente que no sea el del INDEC y se actualice regularmente”.

Puntualmente revelaron que “se nos hace literalmente imposible continuar con las obras que financia Nación, como las del PROMEBA por ejemplo, porque su sistema de readecuación de precios es infinitamente más complejo que el provincial”.

También solicitaron “que la provincia instrumente un relevamiento de precios locales, tanto en materiales (por ejemplo sobre 20 insumos, propusieron) como en mano de obra y sobre ese indicador hacer la redeterminación de precios” y, si bien reconocieron “que el sistema que utiliza la provincia no es malo, el margen de redeterminación nunca puede ser por encima del INDEC”.

“Los contratos son para cumplirse”

Ante la observación del diputado Darío Casado de que “los contratos son para cumplirse” y su demanda de garantías de que “no se llegará a una flexibilización tal que después cualquier empresa y por cualquier motivo podría pedir la rescisión de un contrato y no sufrir consecuencias”, los empresarios arguyeron que “hoy las empresas que corren el riesgo de desaparecer, sin entrar en convocatoria ni estar quebradas, son empresa con mucha historia en la provincia y van a desaparecer porque se ven obligados a rescindir los contratos que habían firmado en 2012, con un dólar a poco más de 4 pesos y hoy todos los materiales se venden a precios fijados con un dólar por encima de los 8 pesos, y el castigo es la exclusión del listado de empresas que pueden contratar con el estado”.

Los empresarios estimaron que una posible solución a los problemas puntuales de las obras que contrata el estado nacional sería “que el gobierno nos adelante plata, como hacen con las obras del IPAV, y que después le reclame a Nación”.

Ley de Obras Públicas

Por otro lado los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción se expidieron en torno al proyecto de nueva Ley de Obras Públicas.

Resumieron:

- “Solicitamos que se arme una comisión entre legisladores y empresarios donde discutirla a fondo”.

- “Hay que tener cuidado con las sanciones a las empresas que rescindan contratos (el proyecto prevé 3 años de suspensión de contratos con el Estado) porque esas rescisiones no se dan en todos los casos en circunstancias iguales. Por ejemplo hoy estaríamos todos sancionados porque existe un desfasaje económico que nos obliga a rescindir”.

- “No creemos que sea viable que haya un representante técnico permanente por obra, ya que sería imposible que hubiera uno en una de tres viviendas o en una refacción de una escuela”.

- “No estamos de acuerdo con que se disponga que la mitad del fondo de repago (retención del 5%) no nos sea restituído hasta la finalización de la obra, porque se podrían presentar situaciones como las de estos tiempos donde se nos retiene el 5% y el 2,5% que nos restituirían recién a fin de obra se desvaloriza porque se devalúa”.

- “Queremos que Seguridad e Higiene sea un ítem más en los costos en los contratos de obra porque hoy con tres inspecciones que nos haga el Ministerio de Trabajo y detecte irregularidades que no podemos controlar, sería causal de rescisión de contrato”.

Ante estas demandas, la diputada Patricia Lavin reveló que “el estadío actual del proyecto es su análisis por una comisión interna de los asesores de los diputados, para salvar las diferencias que pudiera haber entre nosotros, pero ni bien esa parte del trabajo esté hecho, nos comprometemos a invitarlos a conformar una comisión multisectorial para avanzar en el proyecto definitivo”.

Por su parte, el diputado Pérez les solicitó “legislación de otras provincias porque a nosotros nos serviría para así poder respaldarnos en la casuística y en la legislación comparada”.