Por Luciana Bertoia

“Un día la Corte va a reclamar las llaves del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y su presidente, Horacio Rosatti, se va a autoproclamar súper-presidente”. La imagen –casi distópica– le pertenece al senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana- Frente de Todos), que acaba de ser desplazado por el máximo tribunal diez días antes de que terminara su mandato en el Consejo de la Magistratura para darle la banca al senador Luis Juez (Frente Pro). Desde el Frente de Todos denuncian un intento de avasallamiento al Congreso por parte del máximo tribunal, pero no solo eso: hay quienes entienden que –detrás del dedo en alto y los señalamientos morales– la Corte fue parte de una jugada de la oposición que estaba interesada por recuperar una de las bancas que va a perder después del 18 de noviembre, cuando se renovará el Consejo. Doñate volverá a ser propuesto para representar a la Cámara Alta y la oposición ya olfatea el camino de la judicialización.

A partir del viernes de la semana próxima habrá terminado el mandato de quienes tienen una silla en el Consejo de la Magistratura, el organismo que tiene a su cargo la selección y sanción de los jueces y juezas. Los cuatro años que les tocaron no fueron sencillos: dos años estuvieron marcados por la pandemia y el tercero por los cambios que propició la propia Corte Suprema al decir que la ley que establecía su integración era inconstitucional. En cuestión de meses, el Consejo pasó de trece a 20 miembros, lo que incluyó que Rosatti se sentara en la cabecera tanto de la Corte como del Consejo.

Contra todos los pronósticos, la Corte –con las firmas de Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– se apuró para decir que el Senado había hecho una “artimaña” al designar a Doñate y que, en realidad, el lugar le pertenecía a Juez. Los jueces responsabilizaron a la presidencia del Senado, léase Cristina Fernández de Kirchner, por la partición de los bloques. Según la ley que actualmente rige al Consejo –que es una normativa que estaba derogada y fue resucitada en diciembre pasado por los supremos–, el Senado debe mandar cuatro representantes al Consejo: dos por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera.

Lo que estaba en discusión entonces era quién era la tercera minoría. El Frente PRO reclamaba ese lugar porque tenía nueve senadores. Sin embargo, antes de que resolviera la designación del representante, el Frente de Todos le informó a CFK que había decidido partirse: 21 senadores quedarían en el Frente Nacional y Popular y otros catorce en Unidad Ciudadana. Como Unidad Ciudadana tenía cinco legisladores más que el Frente PRO se llevó la banca en el Consejo.

Si el fallo se materializara, CFK debería mandar la designación de Juez y Rosatti debería tomarle juramento. Tampoco tendría gran actividad porque el Consejo de la Magistratura funciona solo en comisiones. No se reúne en plenario desde el 15 de julio. En esa oportunidad, Doñate le había pedido al presidente de la Corte y del Senado que sacara del cajón las ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. No pasó.

“Es un fallo insólito”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti en una conferencia de prensa que se hizo en el Senado en la que se denunció que el avance de la Corte no era únicamente en detrimento del actual oficialismo sino de toda la representación política. “Es un avasallamiento al Poder Legislativo”, resaltó Lucía Corpacci. “Es un fallo político”, consideró, por su parte, la senadora Juliana Di Tullio.”Yo siento que la Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo”, completó.

¿Cómo sigue?

Di Tullio es la presidenta del bloque Unidad Ciudadana y ya anunció que en los próximos días pedirá que sea Doñate quien represente a ese agrupamiento en el Consejo de la Magistratura en el mandato que se extenderá entre 2022 y 2026. Se espera que el Frente Nacional y Popular –que es la primera minoría con 21 senadores– defina si se quedan María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde o propone nuevos nombres. Lo mismo deberá hacer la Unión Cívica Radical, que es la segunda minoría con 18 senadores y que actualmente está representada por Silvia Giacoppo.

La pregunta es si el fallo de la Corte puede tener alguna implicancia para la renovación del Consejo de la Magistratura. ¿Si la conformación del bloque fue un ardid, como dijeron los cortesanos, eso la invalida? Hace seis meses que Unidad Ciudadana funciona como bloque dentro del interbloque del FdT. “El fallo solamente puede tener efectos para el período 2018-2022”, dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en diálogo con Página/12. “Frente al 2022-2026 es un cúmulo de dudas que la Corte no se encargó de disipar. Deja unas dudas enormes sobre si esta pauta se extiende o si será la Corte la que, en última instancia, siempre va a dirimir si las divisiones de bloque son de buena fe”, agrega.

Doñate fue básicamente un convidado de piedra en el amparo que inició Juez para reclamarle la banca. En el fuero contencioso, Juez perdió en primera y en segunda instancia. Cuando el tema llegó a la Corte consiguió el primer guiño del procurador interino Eduardo Casal, que le dio la razón. Después, salió el fallo con las firmas del trío del cuarto piso. En todo ese proceso Doñate ni fue notificado de que se podía quedar sin su asiento.

“Hay una pretensión de acumulación de la suma del poder público: Rosatti declaró la inconstitucionalidad de la ley que rigió durante quince años en el Consejo de la Magistratura, se autovotó presidente de la Corte, se autodesignó presidente del Consejo y ahora vota en algo que es juez y parte”, protesta Doñate en diálogo con este diario.

En el Senado no adelantan jugadas pero nadie descarta que el tema pueda ser judicializado por la oposición, que está envalentonada con el fallo que consiguió por parte de los supremos. Rosatti se mostró este miércoles en un acto en la Cámara Civil, donde dijo que planeaba anticipar concursos para no tener vacancias prolongadas.

Un día antes, uno de los jueces que también participó de la ceremonia, Alberto Lugones, le pidió que hiciera un plenario extraordinario para aprobar ternas. En una nota que le entregó junto con la diputada Vanesa Siley, remarcaba que en la justicia civil nacional hay cerca de 40 vacantes, 20 vacantes en el fuero laboral, 20 en el fuero penal ordinario y que los tribunales orales federales (TOF) de San Martín están por la mitad. En Comodoro Py, una tercera parte de los tribunales y juzgados está vacía.

El por qué del fallo

La resolución de la Corte se conoció en la misma semana en que Casación empezó a revisar los pedidos para reabrir dos causas contra CFK: el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, Fernández Sagasti dijo en la conferencia de prensa que lo entendían como una respuesta a lo que sucedió en las elecciones que se hicieron para elegir a los cuatro abogados que se sentarán en el Consejo.

Hasta ahora, la oposición tenía tres bancas del estamento de los abogados (Carlos Matterson, Diego Marías y Jimena de la Torre). La abogada permanecerá y se le sumará el radical Miguel Piedecasas. Sin embargo, Héctor Recalde –referenciado con el FdT– le arrebató un asiento y, en cuarto lugar, estará Fernanda Vázquez, que responde al bloque de poder que creó Diego Molea.

“La esperanza que tenía la oposición era que perdiéramos la elección. Pensaban que se iban a quedar con los tres. Me parece que de ahí viene la bronca y el resentimiento”, evalúa Recalde ante la consulta de Página/12. “De todas formas, el objetivo principal es el ataque a Cristina”, dice el abogado laboralista.

“Vamos a analizar la posibilidad de presentar un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte. Sabemos que no tenemos las mayorías pero estuvimos escribiendo mucho”, anticipa Recalde.