Por Luciana Bertoia

La Corte Suprema se pintó la cara para la guerra. Ésa es la lectura que hacen desde el Poder Ejecutivo y el Senado después de que tres de los cuatro integrantes del máximo tribunal desplazaran a un senador oficialista de su banca en el Consejo de la Magistratura, diez días antes de que terminara su mandato. Los cortesanos no solo sacaron a Martín Doñate y ordenaron que su lugar lo tome Luis Juez –del PRO– sino que descargaron una batería de acusaciones contra la presidencia del Senado –que ejerce nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner–. Entre otras cosas, los supremos dijeron que la designación del legislador había sido un “ardid”. Lo curioso es que el propio Horacio Rosatti le había tomado juramento meses atrás, en su doble rol de presidente de la Corte y del Consejo. 

Desde el Senado respondieron que se trata de un deliberado conflicto de poderes con una Corte interfiriendo en decisiones políticas del Congreso para beneficiar a la oposición. El ministro de Justicia, Martín Soria, calificó a los supremos de garantes de la impunidad del macrismo y dijo que eran la punta de lanza para perseguir al peronismo.

Disputa de poder

Desde hace tiempo que la Corte Suprema decidió dar la disputa de poder con el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de la selección y sanción de los jueces y juezas. Después de las elecciones de medio término, en el máximo tribunal empezaron a anunciar que rescatarían del arcón de los recuerdos una acción que había iniciado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra la ley –aprobada en 2006– que cambiaba la composición del Consejo. La ley había sido promovida por CFK, entonces senadora. El Colegio de la calle Montevideo es una entidad conservadora que suele comulgar con los reclamos de los represores y empatizar con las cruzadas del macrismo.

El 16 de diciembre pasado, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon inconstitucional la composición del Consejo. Para hacerlo, revivieron una ley que estaba derogada y ordenaron llevar la composición de 13 a 20 consejeros. El dato fundamental fue que, en el nuevo esquema, el presidente de la Corte –Rosatti– empezó a fungir como titular del Consejo de la Magistratura.

Para llegar a los 20 miembros, el Senado debió designar un nuevo representante. Ya estaban Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente de Todos, y Silvia Giacoppo, por la Unión Cívica Radical (UCR). La discusión pasaba por quién era la segunda minoría. El Frente PRO reclamó el asiento para sí y dijo que enviaría a Juez. Antes de resolver, el Frente de Todos anunció que funcionaría como un interbloque compuesto por un bloque mayoritario -llamado Frente Nacional y Popular- y otro minoritario -Unidad Ciudadana-.

Como Unidad Ciudadana tenía cinco senadores más que el Frente PRO, se quedó con la banca de la segunda minoría. Así fue como CFK le informó al Consejo que el designado era Doñate. Juez llevó el tema a los tribunales, donde no tuvo éxito hasta que llegó a la Corte, que dijo que la división del interbloque había sido posterior a que se notificara el fallo, por lo que no era válida. La postura de las instancias anteriores había sido decir que el juego de las mayorías y minorías era un tema de la política. Lo mismo que habían dicho cuando en 2017 el macrismo –con el acuerdo de sectores variopintos– consiguió sacarle la banca al kirchnerismo y sentar a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura.

Lo que hizo la Corte fue decir cómo debe resolver sus controversias otro poder del Estado, lo que desde el interbloque del Frente de Todos se denunció como un “conflicto de poderes”. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz firmaron un fallo con un inusual tono de descalificación. Los dardos de los supremos estuvieron directamente enfocados hacia Fernández de Kirchner. Le dijeron que se apartaba de las reglas que la Corte había establecido, que desconocía “el principio de buena fe, cardinal de la relaciones jurídicas”, que el proceso de designación de Doñate había sido “manipulativo” y que desnaturalizaba el “fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

En un apartado, la Corte acusó a CFK de haber generado un engaño para quedarse con una banca. “La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o una artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo recibe un enfático reproche de múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, aleccionaron desde el tribunal.

Punta de lanza de la persecución

"Éste fallo es la crónica de una Corte partidizada”, evaluó Soria en diálogo con Página/12. “Primero violaron la Constitución atribuyéndose facultades legislativas para revivir una ley derogada hace quince años y así poder controlar el Consejo de la Magistratura. Ahora, a pedido de la oposición y para garantizarse junto a ellos la mayoría en ese organismo, redoblan el avance sobre el Congreso y se meten al recinto del Senado para definir la conformación de cada bloque legislativo, violando el artículo 66 de la Constitución”, enumeró. 

“Esta Corte es garante de la impunidad macrista y la punta de lanza de la persecución al peronismo", denunció el ministro que la semana pasada le había pedido a Rosatti que apurara el concurso para designar a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. Uno de los consejeros, el juez Alberto Lugones, solicitó un plenario extraordinario antes del 18 de noviembre, cuando cambiará la composición. La diputada Vanesa Siley lo apoyó porque quieren tratar las ternas que están frenadas. Sin embargo, hace más de tres meses el Consejo no se reúne en plenario.

En julio pasado, la Corte rechazó todos los recursos que había presentado CFK por cómo había sido elevada a juicio la causa Vialidad. Los supremos estuvieron tres años para analizar la cuestión y la desestimación se entendió como un espaldarazo para que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran la condena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta. El fallo no ahorró críticas a la defensa de CFK, quien acusó al tribunal de transitar su “fase decadente”. En las últimas semanas, los abogados de CFK denunciaron que la Corte no aportó recursos para que se investigue el intento de homicidio contra la expresidenta.

"Es inaplicable"

En los tribunales el fallo se leyó como un desafío a CFK, que en las próximas semanas enfrentará varias decisiones judiciales delicadas: el tribunal que la juzga en la causa Vialidad está en la recta final mientras que Casación debe resolver si reabre las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. “La Corte habla de buena fe y tuvo secuestrado a un senador para que se votara el desplazamiento de Eduardo Freiler”, apunta un magistrado, sorprendido por el tenor de la resolución del tridente cortesano.

“El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”, respondieron desde el interbloque del FdT en la Cámara alta. “Por otra parte, el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”, añadieron y convocaron a una conferencia de prensa para el mediodía de este miércoles. Héctor Recalde, elegido para representar a los abogados en el Consejo, deslizó en una entrevista con Radio Nacional que se podría pedir el juicio político a los tres jueces supremos que firmaron la resolución.