En el escrito Pravato cuestiona lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura, “que hizo añicos la garantía constitucional de defensa en juicio y por su lógica la garantía del debido proceso”.

Hace referencia también a las ponencias –en aquella reunión del 4 del corriente- del presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Héctor Leguizamón Pondal, quien en la oportunidad sostuvo que “el desafuero debía ser el resultado de un proceso a seguir, que detalladamente se halla regulado en la ley “K” n° 2434”. En otros términos que “debía darse traslado al imputado para que se ejerciera su derecho a defensa”.

No está ausente tampoco en el escrito el criterio de la titular del Consejo de la Magistratura y del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, en cuanto al derecho de defensa del imputado, “caso contrario estarían dadas en forma palmaria las condiciones objetivas para declarar la nulidad de todo lo decidido”.

El doctor Luis Pravato también recurre a la jurisprudencia vinculada al tema, siempre atento a resguardar “la garantía del debido proceso y la de juez imparcial”, citando además a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destacó que es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber.

La decisión del Consejo de la Magistratura de quitar los fueros al camarista Juan Bernardi, no fue neutra en el ámbito judicial rionegrino y menos aún hacia el interior del edificio la Justicia de la capital rionegrina. Múltiples voces críticas se escucharon observando básicamente la ausencia del ejercicio del derecho a defensa.

La solicitud del juez que procesó y dictó la prisión preventiva al magistrado en el marco de la investigación por corrupción de menores al Consejo de la Magistratura dividió las aguas, generó un estruendo y volvió a colocar blanco sobre negro la existencia de halcones y palomas en la Justicia rionegrina y finalmente el Consejo dictaminó frente a las presiones políticas y sociales, que en este caso fueron de la mano.

Los “grave desarreglos de conducta” del juez, definición de la jerga judicial, sacudió a un Poder que pretende vestir de toga y peluca, pero pareciera que sólo le alcanza para el traje o un taillieur, temeroso de resolver cuestiones internas cuando se pone en juego su propio orden interno. El pedido del juez de la causa sacudió frágiles andamiajes de estilos no escritos con procedimientos autónomos que cuestionan al propio poder.

No estaba en consideración en el tratamiento del desafuero la investigación del llamado “caso Bernardi”, sus implicancias o cualquier otra consideración referida a culpabilidad o inocencia. Sólo se trataba del ejercicio del derecho a la defensa. Ni más ni menos, una cuestión vital y piedra angular cuando de impartir justicia se trata.

El tema quemaba en las manos del Consejo. Los tres consejeros del oficialismo parlamentario no querían problemas porque están en plena campaña electoral y el gobierno ya había sentido las consecuencias de los despropósitos del ex ministro Ricardo Arroyo, enviado al ostracismo en piadoso silencio.

Decidió la política. El mensaje hacia la Justicia fue claro “este es un tema de ustedes y no queremos problema”.

Todos los consejeros acompañaron a la política.

Evitaron dividir el voto aún con el acompañamiento del representante del fuero penal. La titular del Consejo y presidente del Superior Tribunal de Justicia Adriana Zaratiegui sintió la soledad y no en vano fue su enojo, con tono de voz elevado, con el camarista penal, Marcelo Chironi. De esta manera se abstuvo en la votación pero dejó en claro su posición sobre la necesidad de respetar el derecho a la legítima defensa.

Ese es el debate latente, tanto hacia el interior del Poder como entre los abogados del foro. Con sólo haber permito hacer uso de ese derecho constitucional y luego decidir si correspondía o no quitar los fueros al camarista imputado se hubiera evitado esta discusión posterior y que dejará huellas.

Todo hubiera vuelto al juez de la causa. Media biblioteca para cada lado y se decidió por la mitad que más protege el pellejo frente a la mirada de la sociedad y al requerimiento de la política.