El Tribunal, que preside Fátima Ruiz López, junto a los jueces Daniel Morín, Federico Díaz, y el cuarto juez, Marcelo Juárez Almaraz, escucharán por la mañana la “última palabra” del imputado Orlando Ricardo Ortiz y se van a retirar para deliberar y dar a conocer el veredicto en horas de la tarde.

El juicio comenzó 4 de septiembre del año pasado, hubo 38 audiencias y prestaron testimonio más de medio centenar de testigos-víctimas, ex guardicárceles, médicos del penal, tres ex jueces federales, un ex intendente durante la dictadura militar, haciéndolo personalmente y por video conferencia desde Francia como Martina Chávez y Ninfa Hockofler.

Los imputados son Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en el primer juicio y que cumple prisión en Ezeiza; el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz; Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, guardiacárceles, todos detenidos en la unidad penal federal de Jujuy.

Las víctimas detenidas-desaparecidas son: Dominga Álvarez de Scurta, docente, secuestrada por el comisario Ernesto Jaig en su casa en Jujuy; Osvaldo José Garibaldi, detenido en El Talar, trabajador en el ingenio Ledesma, y María Alicia del Valle Ranzoni, docente, sacada de su casa en barrio San Pedrito.

La nómina de desaparecidos también la integran Juana Francisca Torres Cabrera, detenida ilegalmente en su domicilio de barrio Mariano Moreno, y su hermano de 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, jornalero, secuestrado mientras trabajaba en un galpón del ex intendente de Jujuy durante la dictadura, Pablo Labarta.

También fue secuestrado y desaparecido Jaime Lara Torres, docente de artes plásticas, detenido en su casa de barrio Los Perales junto a su hermano Ramiro, posteriormente liberado y el abogado Jorge Turk Llapur, quien se presentó espontáneamente a la Jefatura de Policía tras una citación.

Todos fueron víctimas de torturas en diferentes centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, donde funcionaba un centro del Área 323, organismo represor de la dictadura, el CCD de la localidad de Guerrero y en el propio Penal.

Las víctimas fueron secuestradas en los últimos días del mes de mayo de 1976, llevadas al Penal y luego entregadas el 10 de junio del mismo año al ex comisario Ernesto Jaig y al sargento Díaz, según relatos de testigos víctimas y asientos en los libros internos.

El único cuerpo que fue recuperado fue el de Álvarez de Scurta, enterrado en el cementerio de Yala como NN, exhumado y reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria.