Laura Serra y Delfina Celichini

El vasto y ambicioso proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió este miércoles a la Cámara de Diputados no se aprobará a libro cerrado. El Congreso impondrá modificaciones en su articulado, establecerá límites en las facultades legislativas que pretende arrogarse el Poder Ejecutivo y habrá capítulos –como el que propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria- que difícilmente sean aceptados. Todo esto preanuncia un debate legislativo intenso, por lo que es poco probable –por no decir imposible- que la iniciativa sea sancionada en solo un mes por ambas cámaras, como reclama el Gobierno.

Frente al rechazo que ya anticiparon los bloques de Unión por la Patria y de la izquierda, el oficialismo dependerá de los votos de los llamados “bloques dialoguistas” para avanzar en su aprobación. Se trata de un mosaico legislativo en el que conviven principalmente cuatro bloques en la Cámara baja: Frente Pro (40 integrantes), la UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9).

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Si bien los legisladores recién comienzan a adentrarse en el frondoso contenido del proyecto –contiene 664 artículos en total-, algunas voces ya advirtieron serias objeciones a sus puntos más polémicos, entre ellos la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria; la suba de retenciones al campo; la privatización de algunas empresas públicas y la reforma del sistema electoral. Si bien los reparos varían según el bloque que se trate, los une un denominador común: la mayoría de las bancadas rechaza de plano concederle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo en materia de facultades delegadas. Menos aún por cuatro años, esto es, por todo el mandato de Milei al frente del Poder Ejecutivo.

Por eso, uno de los principales cuestionamientos de los legisladores que podrían acompañar algunos puntos tiene que ver con la forma. “Es una ley gigantesca que abarca muchos temas, con contradicciones en su propio articulado”, indicó un diputado con mucha experiencia legislativa, quien cuestionó los plazos del Poder Ejecutivo para trabajarlo. “Como está hoy tenés dictamen de por lo menos 16 comisiones. Tendrías dictamen de minoría, de mayoría y disidencias parciales, con lo cual me parece que se va a necesitar un rearmado del proyecto”.

El proyecto de ley "ómnibus" que el Ejecutivo mandó ayer al CongresoTwitterEl Pro

El espacio de 40 legisladores liderado por Cristian Ritondo es una de las bancadas que más afinidad presentó con las propuestas del Poder Ejecutivo. A pesar de que hacia dentro del bloque conviven diferentes miradas sobre el tipo de acompañamiento al gobierno libertario, por el momento la cohesión pareciera primar. No obstante, la puja sobre cómo apoyar “el cambio” desde afuera del gobierno profundizó las fracturas internas y desperfiló su principal activo político.

“Tenemos toda la mejor predisposición para darle todas las herramientas para gobernar al Ejecutivo. Estamos analizando la ley porque es muy amplia. La estamos mirando y tomando conocimiento de todos los artículos y modificaciones que está planteando. El miércoles tenemos prevista una nueva reunión de bloque con distintos especialistas”, indicó Ritondo a LA NACION.

A pesar de la cautela dentro del bloque amarillo, algunas de las iniciativas que plantea el megaproyecto atentan contra una porción de su base electoral: los jubilados y el campo. La suba de las retenciones para los productos de las economías regionales así como el aumento de la alícuota para los derivados de la soja, hacen ruido dentro del espacio liderado por Ritondo. Lo mismo ocurre con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, a través de la que se le podría otorgar al Poder Ejecutivo discrecionalidad para hacer “aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Otro aspecto que genera incomodidad es la intención de Milei de que el Congreso le delegue facultades en la mayoría de las áreas de la administración de gobierno.

La UCR

Bajo el liderazgo del cordobés Rodrigo De Loredo, el bloque radical con 34 diputados ya puso límites al megaproyecto de Milei. Con la intención de construir su identidad de “oposición responsable” para diferenciarse del kirchnerismo, la UCR se mostró con intenciones de aportar gobernabilidad, aunque con reparos. Así, cuestionó principalmente la reforma jubilatoria, la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y el aumento de las retenciones.

“Para nosotros es inadmisible una delegación de facultades que prácticamente se traduce en la anulación del Parlamento. No aceptamos que se evadan los organismos de control”, indicó anoche De Loredo en el programa A dos voces, de TN. Además, se refirió a los cambios previsionales y subrayó: “Es absolutamente inaceptable pensar que un jubilado, que tiene un haber de $100.000, puede formar parte del ajuste”.

Sobre el incremento de las alícuotas exportadoras para un sector del campo, De Loredo sentenció: “Es un tema para nosotros muy polémico. Es aumentar el sesgo antiexportador, aumentar las retenciones del sector más productivo de la argentina”.

Si bien el jefe del bloque radical en Diputados limitó sus reparos sobre estos tres puntos del proyecto de ley “ómnibus”, en el interior de la bancada también objetaron algunas privatizaciones, principalmente la de YPF, así como la reforma electoral que busca pasar un sistema de circunscripciones uninominales para la elección de diputados nacionales. “Es una locura”, subrayaron.

No obstante, no descartaron acompañar la eliminación de las PASO así como las privatizaciones de algunas empresas públicas como Aerolíneas Argentinas. “Las que sean empresas no estratégicas”, apuntaron.

Hacemos Coalición Federal

Desde la bancada Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, también objetan que se le otorgue a Milei facultades legislativas por cuatro años. “De ninguna manera; a lo sumo será por un año y no en todas las materias”, advierten.

En ese bloque, de neto carácter federal, están muy atentos a la cuestión de las retenciones agropecuarias. Esta es una de las banderas de los legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. Les preocupa no solo el alza que propone el Gobierno en los derechos de exportación de algunos productos de las economías regionales sino, sobre todo, que el Poder Ejecutivo busque arrogarse la facultad de definir las alícuotas a la suba o a la baja sin autorización del Congreso. “Esto no lo vamos a aceptar”, aseveran.

Emilio Monzó, Nicolás Massot y Miguel Ángel PichettoEliana Obregón - Télam

Respecto de la reforma electoral que propone instalar un sistema de elección por circunscripciones uninominales para la composición de la Cámara de Diputados, los legisladores de esta bancada son cautos. “Es un tema complejo, porque si bien en algunas provincias como Córdoba funciona este sistema, en este proyecto se delega en el Poder Ejecutivo la tarea de delimitar esas jurisdicciones. Eso puede dar lugar a manipulaciones políticas, amén de que se relegan a las minorías”, plantean.

“Si bien el Gobierno quiere exaltar que con este sistema se eliminaría la lista sábana, lo cierto es que también restringiría la representación de las minorías para dar lugar a una Cámara monocolor o a lo sumo bipartidista”, advirtió el diputado Juan López, de la Coalición Cívica. El legislador se mostró sorprendido por la envergadura del proyecto de ley enviado por el Congreso. “No es de buena técnica legislativa mezclar tantos temas en un solo proyecto; va a ser muy complejo abordarlo”, señaló.

Innovación Federal

En tanto, desde Innovación Federal el diputado Agustín Domingo (Río Negro) advirtió sobre la eliminación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. “Tal como está redactado el proyecto implica una carta blanca al Poder Ejecutivo para que discrecionalmente disponga el ajuste en los haberes”, planteó.

El legislador también marcó algunas “ausencias” sugestivas del megaproyecto. “Se habilita la privatización de varias empresas públicas como AySA, pero no hay mención a Edenor ni a Edesur, que funcionan en el AMBA pero son subsidiadas por todas las provincias”, reprocha.

También puso la lupa en la reforma de la ley de hidrocarburos que propone el proyecto: allí establece al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación para «otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones», «fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios» y «declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones», entre otras facultades. “Es inconstitucional”, bramó uno los gobernadores del espacio, Rolando Figueroa (Neuquén).

El debate promete ser intenso. Si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, propone imprimirle celeridad, difícilmente el proyecto se apruebe antes de fines de enero, cuando vence el plazo de las sesiones extraordinarias. Todavía no fueron siquiera conformadas las comisiones y, para peor, los legisladores opositores reclamarán que la discusión no se limite a cuatro comisiones –Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Legislación General- sino que se amplíe el giro. Esto podría demorar aún más el debate.