Luego de las audiencias públicas realizadas los pasados 20 y 21 de julio, los presidentes de ambas Cámaras, Gabriela Michetti y Emilio Monzó, elevaron al Poder Ejecutivo un informe con las conclusiones a las que arribaron los legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado, y de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano y de Energía y Combustible de Diputados y de los que dio cuenta el portal Ahora Calafate.

Este es el resultado obtenido luego de la exposición de cerca de un centenar de personas, con las cuales se cumplió durante dos jornadas consecutivas en el Salón Azul del Congreso de la Nación y en el SUM del Hospital SAMIC de El Calafate, la audiencia pública sobre “aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz”.

Durante los encuentros se escucharon voces a favor y en contra de la realización de las obras, sustentando respectivamente sus posturas en los beneficios y perjuicios que podría traer aparejados la concreción de los trabajos proyectados en el río Santa Cruz.

Además de las versiones taquigráficas con lo dicho por todos los oradores en la Audiencia Pública, se elevaron siete informes de legisladores. Algunos grupales y otros individuales.

Los santacruceños

De acuerdo a lo que pudo monitorear Ahora Calafate, la mayoría de los parlamentarios apoya el proyecto. Los senadores santacruceños Alfredo Martínez (UCR) y María Ester Labado (FPV) realizaron su propio informe, aunque por separado.

“El proyecto actual, con todas las modificaciones que se fueron agregando en el desarrollo de las distintas etapas, ofrece ventajas significativas adhiriendo a las mejores prácticas del diseño hidroeléctrico a nivel mundial, y promoviendo tanto la mitigación de algunos de los impactos más significativos identificados en el estudio de impacto ambiental original, como eliminando totalmente otros”, dijo el senador radical en su presentación.

En tanto Labado sostuvo que “el proyecto consta de un completo y acabado marco legal, respetando normativas constitucionales y Tratados y Convenios Internacionales”.

También consideró que “el inicio de obra permitirá a mi provincia un desarrollo regional y provincial, la promoción y diversificación de actividades productivas... la generación de miles de puestos de trabajo... la disminución de gases de efecto invernadero... la diversificación de la matriz de suministro eléctrico. Al país entero un ahorro de divisas por sustitución de importaciones de hidrocarburos”.

Por su parte, el senador neuquino Guillermo Pereyra acompañó el mismo documento que Labado y manifestó también su apoyo al proyecto, aunque enfatizó en el planteo realizado por los superficiarios ribereños, a los que el Estado les expropió tierras que estarán afectadas a las represas y los lagos de embalse. Criticó que este punto no fue considerado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y consideró que hay una posible “expropiación de hectáreas sin la justificación de los principios de utilidad pública”, ya que no estarían directamente afectadas al proyecto y porque se les impediría el acceso al agua. 

Como presidente de la Comisión de Energía de Diputados, Julio De Vido, quien siendo ministro de Planificación fue uno de los principales impulsores de este proyecto, emitió un informe.

Dijo que durante el transcurso de la audiencia, las distintas presentaciones respondieron a diferentes preocupaciones: la potencial afectación al Lago Argentino, al Parque Nacional Los Glaciares y a los cuerpos de hielo protegidos por la ley de Glaciares y, por lo tanto, la consecuente garantía de desacople hidráulico del Lago Argentino que descarte impacto sobre los glaciares.

También consideró que otras objeciones de índole ambiental “fueron atendidas, tanto por las autoridades y técnicos responsables de la presentación del EIA como por las diferentes organizaciones y particulares participantes. Y seguramente serán abordadas por la autoridad de aplicación encargada de hacer el análisis final”.

El diputado aclaró que si bien cierto que la administración actual modificó la potencia y el diseño original entre la Kirchner y la Cepernic -empuntadas las dos-, diseño que habría de generar un excedente para la provincia y la región, la Comisión respalda el nuevo proyecto por considerarlo sumamente importante al país y a la Patagonia, a su economía y a la generación de empleo y desarrollo genuino”.

Por su parte, en un extenso informe presentado por los diputados integrantes del Bloque Cambiemos de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo vicepresidente es Eduardo Costa y así lo rubricó, coincidieron con la importancia de la obra.

“No existen dudas que existirán impactos - afirman en sus conclusiones - pero entendemos que el análisis sistémico de los riesgos, contingencias y vicisitudes versus la calidad y cantidad de beneficios en áreas estratégicas para todo el país y las comunidades locales serán mucho mejores y mayores”.

En contra

Sin embargo no todos en Cambiemos piensan lo mismo con respecto a este proyecto. Juan Carlos Villalonga, vicepresidente 1º de la Comisión de Recursos Naturales y activo militante ambientalista, emitió un informe en solitario en el que considera que “las represas sobre el río Santa Cruz tienen una fuerte atadura a una serie de compromisos asumidos por el gobierno anterior con el de la República Popular China”. Y que “este condicionamiento, lamentablemente, impulsa a la realización de estas obras y las plantas nucleares que ya se han anunciado. Obras de alta conflictividad y de bajo consenso social, lo que no debería ser soslayado a la hora de su incorporación en el plan energético”.

“Las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz tienen un innegable impacto ambiental irreversible” sostiene Villalonga, quien durante años fue directivo de Greenpeace en Argentina.

“Sus impactos no resultan admisibles, ya que las represas serán acompañadas por otros proyectos que en los próximos años incrementarán los daños (más represas en ríos de llanura), aumentarán emisiones (más carbón, gas y petróleo), elevarán costos económicos y crearán incompatibilidades tecnológicas con un ingreso a gran escala de las renovables (más centrales nucleares) o tendrán un efecto negativo en el uso eficiente de los recursos naturales (incineración de residuos). Por esta razón, entiendo que las represas hoy no son parte de un plan que responda a una estrategia de transición energética que nos conduzca al objetivo de 100% de renovables a mediados de siglo”, como propone el Gobierno Nacional.

Libres del Sur

Otra de las voces contrarias a las represas es la de la diputada nacional Graciela Cousinet, que es secretaria de la misma Comisión de Recursos Naturales. La legisladora mendocina que integra el Bloque Libres del Sur mencionó que durante la audiencia hubo muchos oradores que cuestionaron la idoneidad del procedimiento, señalando que podrían haberse buscado alternativas de mayor transparencia.

También recordó que existe una denuncia por incompatibilidad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública contra el actual subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini. 

“Lamentablemente, por todo lo expuesto en esta audiencia pública, observamos que el gobierno actual avanza empecinadamente con la obra, en igual sentido que el gobierno anterior, impulsado seguramente por los compromisos asumidos con China, en un contexto económico bastante complejo”, dijo la diputada Cousinet.

A futuro, los ingresos por energía serán superiores a las regalías

El diputado por el pueblo Jorge Arabel defendió el proyecto de las represas a construirse en el río Santa Cruz, argumentando que no sólo significará la posibilidad de mano de obra, sino que a futuro también representarán importantes ingresos económicos para la provincia de Santa Cruz.

El legislador habló con el programa Turno Mañana de FM Dimensión, después de casi dos meses sin hacer declaraciones periodísticas.

Al referirse a varios temas, fue preguntado por la organización de un grupo de vecinos de El Calafate que comenzó acciones en desacuerdo con las represas, y en acuerdo con organizaciones de Buenos Aires.

“Yo discrepo, creo que hay un estudio de impacto ambiental que fue revisado por el actual Gobierno Nacional. Se hizo un nuevo estudio. Estoy totalmente convencido que las represas no sólo son una salida laboral perentoria por 7 u 8 años, sino que también garantiza en el futuro de Santa Cruz tener un ingreso tan o más importante que lo que ingresa por regalías petroleras”, dijo el legislador.

Arabel comentó que la energía se va a seguir necesitando y recordó que la Argentina está importando energía. “Las represas son una salida a todo esto. Si logramos con este estudio de impacto ambiental que las obras se concreten sin afectar en lo más mínimo ni se altere la vida natural y el ecosistema, las represas se tienen que hacer”, agregó.

El diputado representante de las localidades de Tres Lagos, El Chaltén y El Calafate, dijo que no ha tenido oportunidad de hablar con referentes del grupo de vecinos, pero que es respetuoso de las opiniones.