Se propone una pensión para los menores, como eslabón final de una cadena en la que sociedad y Estado trabajen para profundizar en líneas de acción directa para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones.
El proyecto fue elaborado por la diputada nacional por Santiago del Estero, Mirta Pastoriza, y lleva las firmas del resto de los legisladores de esta provincia en el Congreso de la Nación. También se adhirió el diputado por la provincia de Catamarca, Rubén Yazbek.
Consultada respecto de esta iniciativa, la legisladora comentó a EL LIBERAL que lo que se pretende es brindarles a los hijos de víctimas de femicidio, las posibilidades para poder vivir mejor y superar el duro trance vivido.
“A diario nos anoticiamos de casos de mujeres que son muertas por sus maridos, lo cual, además de lo horrendo del hecho en sí, deja secuelas importantes en las que se ven involucrados los hijos, casi siempre menores. Eso fue lo que motivó este proyecto”, comentó la legisladora.
“Pedimos que en comisión se le dé un tratamiento de privilegio, para que en los próximos días podamos estar debatiendo el proyecto”, puntualizó pastoriza.
Fundamentos
La ley crearía un régimen de pensión no contributiva destinado a las hijas e hijos de las personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia ejercido por uno de sus progenitor hacia el otro progenitor, y además el proyecto propone que “los niños y jóvenes amparados en el proyecto de ley serán incluidos en el Programa Federal de Salud, para completar su atención de salud”.
“En Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de niños que se encuentran huérfanos por situaciones de violencia domestica... Estos niños terminan viviendo con familiares que en muchos casos ya tienen hijos, agregando una carga económica extra a hogares pauperizados. Consideramos que una asignación otorgada por el Estado a aquellos ciudadanos que sufren de la violencia y se encuentran en una situación de vulnerabilidad es una acción prioritaria para asistirlas de manera urgente con el objetivo de lograr la recuperación de la víctima”, argumenta.
Indicó la diputada que la ley también propone implementar políticas culturales de mediano y largo plazo “que apunten a revertir estereotipos machistas y discriminatorios, incluso en el propio sistema judicial que debe proteger a la víctima”, y consideró que “trabajar en políticas que funcionen como dique de contención a esta problemática y que colaboren en la reconstrucción de tejido social, deben ser una constante en las políticas de estado.
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