La Unidad de Información Financiera (UFI) informó que los bienes de 17 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad y que se encuentran fugados, serán congelados y cualquier movimiento de estos deberá ser informado a los organismos correspondientes.

De los 17 represores afectados, once se encuentran escapando de la Justicia federal por crímenes ocurridos en Mendoza durante la última dictadura.

Esta medida es histórica ya que es la primera vez que se lleva adelante una inhibición de bienes tan grande por causas de lesa humanidad y se hizo con la orden de que ante cualquier movimiento u operación extraña, se les de aviso a los organismos oficiales.

En ese sentido, en la medida se destaca que la orden va dirigida principalmente a compañías financieras, operadores de tarjeta de créditos, registros de la propiedad y del automotor y otros organismos públicos.

El listado

Entre los afectados por la medida se encuentra Alberto Silva, que actualmente tiene 65 años y es coronel retirado del Ejército.

Silva se encuentra con pedido de captura nacional e internacional desde el 18 de diciembre de 2012 cuando se realizó un pedido masivo de detenciones contra ex uniformados involucrados en hechos padecidos por más de 60 víctimas en San Rafael.

También de San Rafael se encuentra prófugo Héctor Adán Giménez de 68 años, que está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 50 hechos, 43 casos de homicidio calificado, un robo simple, quince agravados y la sustracción y ocultamiento de una menor de diez años.

En el 2012 también se fugó Jorge Linares, que actualmente tiene 66 años y fue teniente coronel del Ejército y que se encuentra imputado en la misma causa que otro represor que no ha sido hallado: Mario Guillermo Ocampo.

Humberto Romero Tello es otro de los fugados mendocinos, pero en este caso se trata de un ex policía incriminado en una causa de secuestro, torturas, robo con armas, homicidio agravado con ensañamiento y alevosía.

Un ex policía que siempre ha sorteado a la Justicia es Ricardo Aleks, que supo formar parte de la federal y se encuentra imputado en el asesinato del estudiante de periodismo Amadeo Sánchez Andía en 1975 y la muerte de Víctor Romano Rivamar en 1976.

Walter Tomás Eichhorn es un ex militar, acusado por secuestros y torturas en el Casino de Suboficiales, que funcionó como centro clandestino de detención de mujeres durante la última dictadura cívico-militar. 

En su caso está procesado por la privación ilegítima de libertad de 14 personas y la imposición de tormentos a once mujeres recluidas en ese lugar.

Vicente Omar Navarro Moyano fue integrante del Ejército Argentino y desde fines de 1972 prestó funciones en el Destacamento de Inteligencia 144.

En su caso está imputado en 18 casos de secuestros, en nueve homicidios calificados, en tres robos, once casos de torturas y asociación ilícita.

El noveno mendocino es Ernesto Guillermo Luchini quien a partir de fines de 1975 se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 144. Se encuentra ordenada su imputación por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.

José Luis Piedra también perteneció al ejército y prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 144 en diciembre de 1974. Se encuentra imputado por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos; sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años del poder de sus padres en un hecho y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.

En tanto, el último de los mendocinos afectados es José Osvaldo Riveiro, que supo ser jefe del Destacamento de Inteligencia 144.

Riveiro se encuentra imputado por 33 secuestros, 34 casos de homicidio, un robo simple y doce agravados, tormentos en dos hecho y sustracción de una menor de diez años.

Los seis restantes

Además de los once mendocinos existen otros seis casos de afectados por congelamiento de bienes con el fin de atraparlos.

Uno de ellos es Julio César Tula, que está vinculado a una serie de hechos cometidos en Olavarría, Buenos Aires, donde justamente fue hallado Guido Carlotto, el nieto 114.

De la misma ciudad es Horacio González Llanos, un miembro de la marina que también se encuentra en fuga.

Luís Esteban Kyburg, en tanto, fue segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Fuerza de Tareas 6 de la Base Naval de Mar del Plata. Se encuentra con orden de captura nacional e internacional desde el 11 de julio de 2013.

El ex jefe de inteligencia Ángel Ervino Spada se fugó antes del inicio del juicio oral, en el que estaba previsto juzgarlo por cuatro desapariciones, 74 secuestros y 43 aplicaciones de tormentos durante la última dictadura cívico-militar.

Emilio Alberto Rimoldi Fraga, es ex miembro de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Participó en diversos operativos llevados a cabo en octubre de 1977, en los que fueron asesinados la embarazada Adela Ester Fonrouge; su pareja, Juan José Libralato; Juan Oscar Cugura, padre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado; y otras tres personas.

Por último, Miguel Ángel Britos está imputado de haber actuado en el circuito represivo Club Atlético, El Banco, y El Olimpo (ABO), todos dependientes del Primer Cuerpo de Ejército.

En todos los casos hay pedidos de recompensa que ascienden hasta los cien mil pesos para aquel que aporte información que lleva a la detención de algunos de ellos.