Tras la aplicación de la medida congelamiento de precios por 90 días, retrotrayendo los valores al primero de octubre, se dieron algunos cruces y tensiones entre funcionarios del Gobierno y sectores patronales. La medida limitada, implementada por el gobierno en un intento por dar una respuesta a la alta inflación y en el marco de la derrota electoral sufrida en las PASO, encuentra cierta resistencia a nivel discursivo por parte de algunas entidades patronales.

Este martes, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, afirmó que había ["dos grandes cadenas de supermercados que quieren mantener sus márgenes promedio de 30 % sobre el producto final". Ese deseo se lo habrían manifestado las cadenas de supermercado a sus proveedores, es decir las industrias alimenticias, que tampoco están dispuestas a perder su potestad de aumentar precios de sus productos arbitrariamente que luego golpean los bolsillos de las mayorías. Fuentes empresariales que son parte de las negociaciones con el gobierno afirmaron a varios medios que se trata de los supermercados Coto y Changomas.

Se trata de cadenas que acumulan millones a costa de la precarización y flexibilización de sus empleados. Coto por su parte cuenta con un triste historial de muertes obreras, atropellos patronales, patotas contra trabajadores organizados y hasta torturas y golpizas contra personas en situación de calle. En la pandemia la empresa de Alfredo Coto fue noticia en varias ocasiones por no respetar los protocolos sanitarios, obligar bajo amenaza de despido a volver al trabajo a grupos de riesgo, negar licencias y despedir decenas de trabajadores por sus reclamos salariales.

Alfredo Coto tiene una de las principales 50 fortunas del país, con 450 millones de dólares y es una de las que se presentó ante el Poder Judicial para no pagar el aporte extraordinario a los patrimonios personales.

Por su parte Francisco de Narváez también figura entre los diez millonarios más ricos del país, según Forbes y es uno de los nueve magnates argentinos con sedes en guaridas fiscales, según los Pandora Papers. El grupo De Narváez cerró en noviembre del año pasado la compra de Walmart por 44 millones de dólares, según fuentes cercanas al estudio de abogados Marval O’Farrell Mairal, la cual asesoró a Walmart en la operación.

Las dos cadenas negaron las acusaciones del Gobierno. "Se nos reconoció un muy buen nivel de cumplimiento. Nos adecuamos en tiempo récord las normativas planteadas por la Secretaría de Comercio Interior. Es raro que nos acusen”, dijeron. Es decir que según ellos, estarían cumpliendo la medida del Gobierno pero se encuentran en una puja por quién ganará más con el sector industrial a quienes le plantearon “que quieren mantener sus márgenes promedio de 30% sobre el producto final", según las palabras de Feletti.

Ambos sectores patronales, tanto las grandes cadenas de supermercados como los oligopolios de la alimentación se resisten a cualquier situación que pueda poner en riesgo sus abultados márgenes de ganancia y pujan entre ellos en defensa de sus intereses. La limitada medida es de dudosa efectividad, tanto por las maniobras que acostumbran llevar adelante los empresarios como por la posibilidad de que una vez vencido el plazo de la norma, las patronales suban de golpe lo que no pudieron hacer previamente.

La medida, sin afectar las grandes ganancias y fuertes intereses de las grandes patronales alimenticias y del comercio, se vuelve impotente para combatir la inflación realmente. Sin embargo estos empresarios no se demoran en poner el grito en el cielo, y los grandes supermercadistas como Coto y Changomas ya anticipan que defenderán a ultranza sus altos márgenes de ganancia.

Se vuelve necesaria la organización de comités de trabajadores y consumidores para controlar los precios en las empresas y supermercados, junto a un aumento de emergencia de un 20 % de los salarios e ingresos de la población trabajadora, que sea indexado automáticamente por la inflación. También es necesaria la apertura de los libros de contabilidad de todas las firmas que intervienen en la cadena de valor de los productos de primera necesidad. Esas son algunas de las medidas que se propone desde el Frente de Izquierda Unidad.