Después de casi 30 horas, las audiencias públicas por el gas llegaron a su fin. Luego de los últimos 12 exponentes que hablaron ayer por la mañana, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que estuvo presente los tres días, cerró el maratónico evento con una breve conferencia de prensa.

"Todo lo que se ha escuchado se va a considerar", dijo el funcionario, al tiempo que anticipó que en 10 días estará listo el informe sobre lo expuesto en las audiencias. "Vamos a ir mejorando más el proceso participativo donde todo el mundo pueda opinar y sugerir", aseguró. Explicó que hoy a las 15 se reunirá todo el equipo del ministerio para "reflejar cuál es la apreciación que se ha tomado" de este proceso.

Asimismo, adelantó que para octubre, 30 días después de emitido este comunicado, estarán disponibles las nuevas tarifas del gas. Cabe aclarar que si bien estas audiencias fueron exigidas en el fallo de la Corte Suprema, no tienen carácter vinculante.

"El balance en el Gobierno es positivo, nos parece que las más de 300 personas que expusieron representaron todas las opiniones políticas al respecto. Si bien hubo un fuerte contenido político y catártico, también hubo aportes valiosos", dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. Respecto del rol de Aranguren, quien no estaba obligado a asistir a todas las jornadas, aseguró: "Él sintió que tenía la responsabilidad de escuchar a todos después de tantos cuestionamietos".

Además, la gestión de Mauricio Macri quedó especialmente conforme con la organización que permitió que todos los anotados tengan sus minutos frente al micrófono, tanto en la Usina del Arte como a distancia, en los ocho centros que transmitían las audiencias en distintos puntos del país. Otro punto que destacaron fue el "buen clima" que se generó gracias a las fuerzas de seguridad en el lugar que "neutralizaron" cualquier foco eventual de conflicto (en el primer día, numerosas agrupaciones políticas y gremiales se agolparon ante las vallas para protestar contra los aumentos).

Cuestionamientos

Durante las últimas exposiciones de ayer no pasaron inadvertidas las dificultades que afrontan algunos usuarios para abonar su consumo. Luis Garay, un vecino de Lanús, argumentó que elige bañarse con agua fría porque no puede pagar los costos del gas.

"A mí la tarifa social no me llega. ¿Dónde está la dignidad de las personas, el derecho a vivir bien, el derecho a bañarse, el derecho a vestirse? Hoy estoy sin tomar el desayuno y, sin embargo, vengo acá", cuestionó ante un auditorio prácticamente desierto.

Al respecto, Aranguren aseguró que el martes, durante la "reunión de gabinete económico social", se discutirá el acceso directo a los planes de tarifa social para sectores vulnerables.

"Esta misma semana vamos a consensuar un procedimiento conjunto para que quien deba acceder a la tarifa social pueda acceder a la misma y de una sola vez", dijo el ministro en relación con la implementación de una tarifa diferencial económica para aquellos sectores sociales más vulnerables.

El saldo de los tres días de sesiones fue, en términos de participación, positivo. De los 373 inscriptos, más de 300 expusieron su punto de vista. En la mayoría de los casos, tal como estaba previsto, se trató de argumentos políticos: denuncias, cuestionamientos a los abruptos aumentos tarifarios e incluso algunos insultos al Gobierno resonaron en un auditorio que día a día fue mermando su público. Sin embargo, algunas exposiciones se basaron en cuestionamientos y aportes técnicos.

Finalmente, hubo ausencias llamativas de personalidades políticas. De acuerdo con los nombres que recitó el moderador Javier Corcuera faltaron los líderes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (quien debía dar uno de los discursos de apertura); y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

Quedará en manos del Gobierno tomar la estratégica decisión de hasta dónde aumentar; una medida clave que signará el clima político en lo que queda del año.