En el informe, el Poder Ejecutivo debe argumentar jurídicamente por qué ratificó la designación de Denett pese a la oposición del Senado, y por qué considera ilegal la sesión en la que fueron rechazados los títulos del funcionario. En una palabra, el Gobierno debe efectuar la defensa jurídica de la ratificación de Denett como Fiscal de Estado, pese a que no tiene acuerdo del Senado, tal como lo marca la Constitución Provincial.

Como se sabe, es el caso está en manos de la Corte de Justicia, que debe resolver sobre el conflicto de poderes planteado por el bloque de senadores del FCS, que entendió el avance del Poder Ejecutivo sobre una decisión adoptada por el Legislativo.