Una paritaria trabada, un paro docente de 24 horas, un paro municipal de 48 horas como primera medida, un anunció de descuento a quienes pararon, una sesión caldeada en una comisión del Concejo Deliberante con amenazas a un concejal oficialista y duras declaraciones de un referente del gobierno contra el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la eliminación de un premio que los agentes comunales perciben desde 2001 y la presentación de una ordenanza inédita que prohíbe los paros en el Estado municipal y que hasta abriría la puerta a echar a quienes los realicen. En solo poco más de una semana el conflicto entre el gremio conducido en los hechos por Daniel Zacarías y el gobierno municipal de Guillermo Montenegro llegó a límites insospechados.

Por demás sorprendidos se mostraron los concejales de la oposición cuando hacia el mediodía del viernes se fueron enterando del contenido del proyecto de ordenanza. Allí no solo se elimina la posibilidad de paros, sino que se incluye toda medida que “implique la suspensión o interrupción” de las tareas a cargo de los agentes municipales, como las retenciones de tareas.

“Es una locura. Va más allá hasta de lo que presentó Milei en el DNU y que está frenado por la Justicia. Ahí se declaraba la esencialidad de algunas actividades, como la educación, pero se establecía un porcentaje de prestación mínima que se debía garantizar. Acá es el 100% directamente”, graficaron, adelantando su rechazo absoluto al proyecto.  

La presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, en la conferencia de prensa donde Montenegro hizo el anuncio fue tomada como una señal de que la iniciativa contará con el apoyo del bloque radical, aunque no pasó desapercibida la evasión a dialogar con la prensa de parte de la legisladora. Tres de los cuatro concejales boina blanca son abogados, algunos de ellos hasta profesores de la Facultad de Derecho, donde incluso Sánchez Herrero es la vicedecana. La aparente inconstitucionalidad de una ordenanza que prohíbe el derecho a la huelga pasará a ser eje del debate público en los próximos días.

En medio de la aceleración pasó un tanto desapercibido el decreto por el que Montenegro formalizó el descuento del día del paro a los municipales que se plegaron a las medidas de fuerza. “El derecho a huelga encuentra su límite en el inicio de otros derechos constitucionales: derecho a trabajar, derecho a la propiedad, derecho a transitar libremente. En definitiva, no se trata de un derecho absoluto sino que su ejercicio se encuentra enmarcado dentro de otros derechos que también tienen raigambre constitucional”, dijo, como prolegómeno a lo que se conocería horas después.

Además, sostuvo que el paro genera un “perjuicio económico” ya que la DIEGEP no justifica la inasistencia de un docente por un paro, por lo que “requerirá la devolución de las sumas de dinero correspondientes al día de trabajo”, ya que Provincia aporta los salarios de los docentes municipales, por lo que la propia Comuna debería hacerse cargo de esa masa salarial.

“En todo momento la representación del Poder Ejecutivo demostró acciones pro-activas a efectos de arribar a una solución componedora del conflicto, que satisfaga a ambas partes, no interrumpiendo en ningún momento el diálogo y la negociación como mecanismo de solución”, dijo, entendiendo que aún estaban abiertas otras instancias de negociación,considerando que la paritaria impactará en los sueldos que se cobrarán a comienzos de mayo.

“La retribución salarial se sustenta sobre la base de la efectiva prestación del servicio, derivándose de ello que en los casos de interrupción, aún sin implicancias en la subsistencia del vínculo de empleo, quitan la causa eficiente de mantener el derecho a percibir una remuneración”, concluyó Montenegro.

Montenegro junto al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, cerebro de la arquitectura jurídica del gobierno. Imagen: captura Youtube.

Señales de paz entre el Pro y La Libertad Avanza

Cierta disconformidad venía generando en las filas del oficialismo el comportamiento legislativo de La Libertad Avanza, desde donde cuestionaron insistentemente diversas políticas del intendente Guillermo Montenegro. Por caso, no apoyaron la delegación de facultades para aumentar el boleto ni la prórroga de la emergencia en el transporte público, además de iniciar pedidos de informes sobre los seguros contratados por el gobierno local -en el marco del escándalo en Anses que envuelve al expresidente Alberto Fernández- y también sobre un punto débil del sistema de fotomultas, el Programa de Seguridad Vial con el cual se había justificado el convenio con la Universidad de General San Martín, que implicaba campañas de educación vial.

Todo ello mientras desde el Pro se defienden las principales políticas de Milei y en el orden local se han frenado en el Concejo Deliberante diversas iniciativas de la oposición para cuestionar los despedidos de estatales, el cierre de reparticiones, el fin de la obra pública, entre otros. El propio intendente Montengro se expuso recientemente al al asegurar que no le preocupaban los 150 despidos en la ciudad.

Ahora, finalmente, parece comenzar a haber un mayor feeling. Primero, la diputada Juliana Santillán destacó la postura del intendente sobre el conflicto en El Marquesado. Y el martes hubo un episodio por demás significativo en la Comisión de Obras: en un contexto donde el oficialismo avanza sin miramientos ante lo que objeten otros bloques, en el caso del proyecto para modificar el sistema de Contribuciones por Mejoras hizo una excepción.

El concejal libertario Emiliano Recalt pidió autorización para abstenerse, luego que Juntos por el Cambio se mostrará decidido a votar el expediente en su primer tratamiento. La radical Marianela Romero le consultó si era por diferencias o por falta de tiempo para analizar el proyecto. “Tenemos algunas dudas”, reconoció el abogado y especificó que se vinculan con el nuevo esquema de financiamiento propuesto, principalmente. Ante ello, previa deliberación entre el radicalismo y el Pro, el oficialismo convalidó dejar el expediente en comisión para analizarlo con un mayor análisis.

La Comisión de Obras fue escenario de un primer entendimiento entre libertarios y el Pro. Foto: Prensa HCD.

La Coalición Cívica se salió de la tónica y expone al gobierno de Milei por el Unzué

Los acuerdos se expresan y las diferencias se silencian. En esa tónica se encuentran los socios políticos del Pro en Mar del Plata con respecto al gobierno de Javier Milei, aunque ahora la Coalición cívica rompió la tendencia.

Es que esta semana presentó un proyecto donde de algún modo expone el abandono progresivo de las instalaciones del ex Instituto Saturnino Unzué durante los últimos años, a lo que ahora se suma el desfinanciamiento de la obra prevista para continuar con su puesta en valor.

El bloque elevó un proyecto de comunicación para que el Concejo Deliberante le pida un informe al Ministerio de Capital Humano de la Nación para que de cuenta sobre el estado edilicio y de infraestructura actual del espacio, detalle las licitaciones o contrataciones realizadas para la restauración del espacio desde 2006 a la actualidad y describa qué hechos o situaciones han frenado el avance de las obras que se comenzaron en el año 2006.

A su vez, pide que informe si se se llevó adelante la adjudicación de la licitación abierta en 2023, que contaba con un presupuesto de 995 millones y que creaba 120 empleados directos. En el marco del fin de la obra pública, esta es una de las tantas intervenciones dadas de baja por Milei.

“La urgencia en tomar medidas radica en la necesidad de preservar el edificio frente a los daños causados por las inclemencias del mar, especialmente en sus bases, lo cual podría comprometer su integridad a corto plazo, según alertan especialistas”, advirtieron los concejales Angélica González y Guido García. En esa línea, retoma un informe del Colegio de Arquitectos Distrito IX donde se advierte que los sectores lindantes a la Capilla están “en muy mal estado de conservación, con partes apuntaladas y estatuas de mármol sostenidas por zunchos; fachada y patio con obras comenzadas y sin terminar y áreas en completo estado de abandono”

“Es importante mantener la identidad arquitectónica de la ciudad, actualizando los edificios patrimoniales a las necesidades del presente, siendo muy interesantes las estrategias de participación público-privada que se han utilizado para la puesta en valor y mantenimiento de diversos edificios históricos de la ciudad”, añadieron los ediles, donde también piden a Nación conocer si se prevé algún tipo de participación privada en el Unzué.

El pésimo estado del Unzué, objeto de un pedido de informes de Coalición Cívica a Nación. Foto: archivo 0223.