Los reclamos de los vecinos del área de Mar del Plata habitualmente denominada “zona roja” —citada por el fiscal Rodolfo Moure como “zona blanca”—, ubicada entre Avda. Luro y Belgrano, y entre Los Andes y Champagnat, es una piedra en el zapato de las sucesivas gestiones, en donde el reclamo cae sobre el municipio cuando, quienes deberían ser efectores de la solución (si la hubiere), son el servicio de justicia y su brazo auxiliar: las fuerzas de seguridad.

La postura del concejal Nicolás Lauría, de habilitar un sector de la ciudad sobre la diagonal Canosa, desató un debate al respecto que por cierto incomodó al proponente, que en su defensa y con fastidio expresó: “en 20 años no propusieron nada ya ahora critican”.

Sin enojos, hay que preguntarse por qué la situación persiste del modo que lo hace, y ha provocado que, para quienes soportan esta situación, el desamparo sea total. En palabras de los vecinos: “Hace tiempo comenzaron a vender droga impunemente en nuestras veredas, y eso trae delito. Viene gente a comprar que nos roba a nosotros porque no tienen plata para comprar. Hay peleas, roturas de botellas, de autos y tenemos que ir a trabajar sin dormir además de limpiar todo lo que dejan en las veredas”.

Tal como señalé, está claro que el motivo de estas presencias está en la venta de drogas. Hay un escenario en la ciudad que expone si discurso cómo corregir la situación. Desde que asumió como jefe departamental José Segovia, hay en Luro entre Independencia y Catamarca un retén policial con patrulleros y personal del grupo UTOI que suprimió la presencia de los cambistas de divisas informales en ese lugar de la ciudad.

Si la posición de la fiscalía general fuera de dar batalla a este negocio de trasiego de drogas con la misma contundencia que Segovia aplanó la compra venta de divisas informales, el tema no sería motivo de controversia. Aquí vuelvo sobre los testimonios: “nos habían prometido a fin de año un operativo policial que estuvo presente porque no los pueden tocar. La comunidad trans está muy bien organizada, tiene más derechos que nosotros y tienen detrás a los organismos de Derechos Humanos, abogados y asistentes sociales”.

La referencia es aplicable al servicio de justicia federal que posee un esquema de protección basado en la ideología proactiva que considera que quienes se prostituyen, venden o consumen drogas, son víctimas de la indiferencia social de los poderosos.

El error de la política vernácula es entrometerse en un tema que no es de su competencia. Este u otro intendente, anterior o el que le suceda, deberían volcar las tornas a los auténticos responsables que habitan una cómoda ausencia de presencia pública y que se escudan en un ritual ideológico que condena al vecino del común, sometiéndolo a un martirio constante que afecta su calidad de vida y a sus familias.