La Sala B del tribunal, integrada por Tomás Mustapich y Elena Fresco, analizó durante casi cuatro meses los puntos incluidos en el recurso de casación planteado por los defensores Francisco Marull y Sebastián País Rojo, y el jueves resolvió ratificar el fallo emitido por el Tribunal de Impugnación Penal, que condenó al ex intendente por los sobreprecios en la obra de cloacas de su pueblo. A Pepa le queda ahora una última posibilidad de revertir el fallo, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Pepa había sido condenado en diciembre de 2009 por la Cámara en lo Criminal de General Pico, pero en marzo de 2011, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP): modificó la sentencia, que incluía dos delitos, y dispuso la prescripción del incumplimiento de los deberes de funcionario público. En cambio, ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso por "ser autor material del delito de fraude en perjuicio de la administración pública".

El STJ confimó todo.

En los primeros días de abril, los defensores presentaron un recurso de casación ante el STJ, para reclamar, entre otros puntos, una cuestión de competencia, por el desdoblamiento de la investigación en juzgados pampeanos y federales. Mientras en La Pampa hubo condenas, en Buenos Aires, el fiscal federal Luis Comparatore pidió el sobreseimiento del ex ministro menemista del Interior, Carlos Vladimiro Corach, y del subsecretario de Relaciones Económicas con las Provincias, Ricardo Angel Mecca, sospechados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, porque los fondos provenían del tesoro nacional. El 21 de junio, la Sala B del STJ admitió la procedencia del recurso.

En esa cuestión de competencia, los recurrentes reclamaban "violación del derecho a ser juzgado por jueces naturales". Además, el STJ debió analizar otros tres puntos: "Violación al principio de congruencia" (el hecho juzgado debe ser exactamente el mismo que el objeto de la imputación), "Vulneración del principio onus probandi" (dicen que faltó oportunidad para refutar o verificar el informe de la Sigen) y "Vulneración del derecho a contar con una acusación precisa, clara y circunstanciada".

Mustapich y Fresco desestimaron los reclamos y no hicieron lugar a la nulidad pretendida por la defensa, que ahora tiene como última esperanza conseguir un pedido de recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Sobreprecios.

La causa por los sobreprecios en las cloacas de Alvear comenzó en el año 2000, por una presentación de los diputados de la Alianza. La pericia realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), comprobó que la obra no podía costar más de 6.566.468 pesos. Sin embargo, Pepa adjudicó el sistema de cloacas y la planta de tratamiento de los líquidos a Ilka-Consnor con un presupuesto de 18.350.048,80 pesos, casi tres veces más del monto establecido por la sindicatura. La sobrevaluación fue del 179 por ciento. De todos modos, no llegó a ejecutarse el total porque desde el Ministerio de Interior alcanzó a otorgar ATN (Aportes del Tesoro Nacional) por 10 millones de pesos.

En su fallo condenatorio, el TIP afirmó que la obra cuestionada "no sólo tuvo un proceso de selección de contratistas irregular y fue adjudicada a empresas sin capacidad para tal emprendimiento, sino que fundamentalmente fue realizada con sobreprecios. El informe de la Sigen es lapidario en sus conclusiones y no existe prueba de expertos que la contradiga. Aportada al juicio por la propia defensa de Pepa, en su momento, y convalidada durante toda la instrucción, resulta un elemento cargoso de difícil refutación". Mustapich y Fresco respaldaron ese argumento.