Una de cal y otra de arena para Daniel Scioli . Mientras el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó el sobreseimiento del ex gobernador en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la diputada Elisa Carrió presentó una ampliación de su denuncia contra Scioli por "administración fraudulenta y lavado de activos", aportando documentos que vinculan al círculo íntimo del ex mandatario provincial con el delito de dádivas.

Según consignó ayer Télam, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana de la Sala 1 de Casación Penal bonaerense confirmaron el sobreseimiento de Scioli en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que fue resuelta en un controvertido trámite exprés por el juez de garantías platense Pablo Raele en medio de las elecciones de 2015.

En octubre de 2015, LA NACION reveló que el juez Raele sobreseyó al entonces candidato presidencial -entre las elecciones primarias de agosto y la primera vuelta de octubre- sin ordenar un peritaje contable ni una valuación de su bienes. Tampoco convocó a su pareja de entonces, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos. En cambio, tomó como válidas las explicaciones del contador familiar y ex ministro de Economía sciolista Rafael Perelmiter.

La causa había sido iniciada por Rafael Velischek y, tras el fallo de primera instancia, el abogado Marcelo Peña, presidente del partido Es Posible Buenos Aires, interpuso un recurso de casación que no encontró eco en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata y, luego, en el máximo tribunal.

La denuncia de Carrió

En tanto, Carrió presentó una ampliación de la denuncia que originalmente había planteado contra Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y el ex titular de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella. En este caso, la líder de la Coalición Cívica presentó una serie de facturas del hotel La Estrella, Luxury + Estancia, a nombre de allegados del ex gobernador, que cubrirían las estadías de Scioli en ese exclusivo hotel boutique de Tandil.

Carrió ya había apuntado en otras presentaciones que Scioli podría ser el dueño de ese establecimiento, cuyo titular es la empresa Garfin Agro SA, de la familia Todini, cercana al ex motonauta.

Con las facturas y documentos inéditos aportados, la diputada espera que la Justicia abra una nueva línea de investigación, para verificar si quienes pagaron esas estadías incurrieron en el delito de dádivas o de lavado de activos.

Entre los nombres que aparecen en las facturas del hotel se encuentra el de Lindser SA, empresa proveedora de la provincia que tuvo como titular a Luis Pelusso, amigo y ex funcionario de Scioli para la actividad del juego. También figura el matarife y ex funcionario Alberto Samid; el médico Alfredo Cahe (su hija fue funcionaria de Scioli); Rubén Mousalli y Diego Mazer (asiduos concurrentes a La Ñata).

Según la denuncia, otras facturas están a nombre de Nicolás y Raúl Varela, empleados de empresas que tenían a Scioli como accionista. También figura un custodio del ex gobernador. Para Carrió, podrían haber simulado esos pagos como "prestanombres de dinero ilegal del ex gobernador".

Lázaro Báez sumó un nuevo procesamiento

El empresario Lázaro Báez , detenido y procesado en varias causas por corrupción, sumó ayer un nuevo procesamiento, por la retención de 33 millones de pesos en aportes previsionales de empleados de sus empresas, un delito que tiene una pena de hasta seis año de prisión.

La medida fue dictada por el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones. También fueron procesados su hijo Martín Báez y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La causa se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.