La Cámara Federal de Casación rechazó los planteos de cuatro ex intendentes procesados como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos llamado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2013 y 2015. Su procesamiento había sido dictado por el fallecido juez Claudio Bonadío, hace más de dos años.

La causa investiga el desvío de más de $604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Se trata de los ex jefes comunales Francisco “Barba” Gutiérrez, de Quilmes; Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama.

El máximo tribunal penal, en fallo dividido, descartó habilitar una nueva etapa de revisión de los procesamientos porque consideró que no está habilitada a intervenir porque no se trata de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación. Según consta en la causa, los fondos habrían sido distribuidos “sin control”, de “manera arbitraria” y con “desigualdad en la distribución”.

Mientras que los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron los planteos de los acusados, la magistrada Ana María Figueroa se había inclinado por habilitarlos “dada la particular circunstancia del caso en cuanto podría configurarse un supuesto de arbitrariedad de sentencia, encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso”.

En la causa están acusados otros 40 ex intendentes y tres ex jefes de Gabinete: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, todos en vía de llegar a juicio oral y público. En el expediente se señala que más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de que recibieron los fondos del Ejecutivo. Además, expresa "arbitrariedad" en la distribución, ya que el 80% de las partidas habrían sido enviadas a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, principalmente.

Así lo había definido el fiscal Carlos Rívolo y el juez Bonadío, fallecido el 4 de febrero de 2020. Los procesamientos habían sido confirmados por los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.